Silencios y confesiones en el fin del primer gran caso de corrupción del Archipiélago

El supuesto tráfico de información privilegiada a cambio de comisiones salpicaba a un destacado responsable público: el exdirector de Industria del Ejecutivo regional Celso Perdomo (PP), que fue nombrado por el entonces consejero de Industria Luis Soria, hermano del exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria y entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria y del PP en las Islas.

La causa levantó desde el primer minuto una enorme expectación mediática, pero con el paso del tiempo ésta ha ido perdiendo fuelle. No solo porque comenzó con 17 investigados de los que solo seis se han sentado finalmente en el banquillo de los acusados, sino también porque de los 73 testigos propuestos inicialmente por las partes comparecieron menos de la mitad por las numerosas renuncias a su testimonio. Al final, solo 20 personas de forma presencial -como el propio Luis Soria- y otras diez por videoconferencia participaron en las pruebas testificales. A ello se suma la rebaja en la petición de penas a los seis acusados de intervenir en esta trama que realizó el fiscal Anticorrupción Luis del Río en la vista final del juicio hace apenas tres días, con lo que solo dos de los procesados -Perdomo y su pareja, la funcionaria Mónica Quintana- irían a prisión en caso de que se les declare culpables.

Perdomo y Quintana son los únicos acusados que han defendido su inocencia hasta al final. Los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel, el que fuera jefe del Servicio de Industria Honorato López y el abogado Alfredo Briganty admitieron en el arranque del juicio su participación en la red de sobornos por la que gracias al acceso de información privilegiada, buscaba obtener ventajas en el reparto de 344 megavatios de potencia eólica mediante un concurso convocado por la Consejería de Industria el 28 de octubre de 2004. La confesión más sorprendente, por inesperada, fue la de Briganty, pues siempre negó los cargos que se le atribuían y denunció la existencia de una conspiración política, jurídica y periodística para sentarlo en el banquillo, llegando incluso a publicar un libro sobre la trama y anunciar otros.

El fiscal pide ahora cuatro años y siete meses de cárcel -frente a los siete iniciales- para Perdomo por la presunta comisión de los delitos de cohecho, violación de secretos y malversación de caudales públicos. Para Quintana, Del Río solicita dos años y nueve meses de prisión -antes tres años y seis meses- al señalarla como cooperadora necesaria en un delito de cohecho y en otro continuado de malversación. A ellos, al igual que al resto, les aplicó el atenuante de dilaciones indebidas por el enorme retraso con el que se ha juzgado a los implicados en esta supuesta trama de corrupción. A los cuatro que admitieron los hechos sumó, a su vez, la atenuante por confesión, por lo que para los dos empresarios, el alto funcionario del Gobierno y el abogado interesó penas de cinco años de prisión -antes pedía un año y medio- por un delito de cohecho. Para estos dos últimos propuso como alternativa, además, una condena de un año y dos meses y multas más reducidas.

Primeras detenciones

Todos los acusados, salvo Esquivel, fueron detenidos el 9 de febrero de 2006. El exdirector de Industria estuvo en prisión provisional hasta el 21 de abril de ese año mientras que Quintana salió de la cárcel el día cuatro de ese mismo mes. Guzmán, López y Briganty estuvieron privados de libertad solo cuatro días, si bien el letrado fue detenido por la Policía en Marbella al no presentarse el pasado 13 de junio en la Audiencia de Las Palmas, el primer día de la vista oral. El día 15 de ese mes, fue puesto en libertad provisional.

Durante la celebración del juicio, el instructor policial de la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas indicó que Perdomo mantuvo contacto,desde ocho meses antes de la publicación del concurso, con empresarios que demandaban información sobre el mismo a cambio de "dádivas, regalos y dinero". Los dos correos que presuntamente envió el exdirector de Industria al empresario Wilebaldo Yánez y a Daniel Fernández de Salamanca en agosto de 2004 también estuvieron muy presentes en la sala. En ellos figuraban las bases de la convocatoria eólica que se habían modificado tan solo un día antes de su remisión. Asimismo, Perdomo también remitió, supuestamente, una relación de los terrenos con la mejor puntuación para la instalación de aerogeneradores junto con los nombres de sus propietarios y contactos. Ambos correos estaban incluidos en un CD que entregó el denunciante de la trama. Un dispositivo que desapareció del juzgado, tal y como se notificó en octubre de 2008 a la defensa de Briganty y recordó en la vista final la abogada de Perdomo, María del Mar García.

La Policía insistió en que esa información no se podía encontrar en internet ni era de dominio público, como alega la defensa. Asimismo, relató las dificultades para rastrear una cuenta que Quintana abrió a su nombre "al estilo de la famosa figura del testaferro" en la sede Fortis Bank situada en Luxemburgo, un país que en aquel entonces era considerado un paraíso fiscal. A ese depósito Guzmán transfirió 14.052 y 9.400 euros. Los abogados de Perdomo y Quintana insistieron durante el juicio que esos pagos respondían a la labor de intermediación del primero en la compra de una parcela de uso industrial en la que estaba interesado Guzmán.

Pero el fiscal no retrocede en sus acusaciones y sostiene que Perdomo facilitó información a cambio del cobro de comisiones ilegales, al igual que acusa a Esquivel y Briganty, con intereses en la misma empresa, de pagar una reforma de 12.700 euros en la vivienda del exdirector de Industria a Proarguineguin SL. La defensa de Perdomo, -y la de Briganty antes de reconocer los hechos- argumenta que ese ingreso es la contraprestación por un proyecto sobre el aprovechamiento de la energía de las olas.

Las pesquisas policiales también apuntaron a un posible delito de malversación de caudales públicos en los que están implicados Perdomo y Quintana por la compra de 20 libros por 739 euros con cargo a la Consejería de Industria. En uno de las escuchas que se reprodujeron ante el jurado popular se escucha cómo Perdomo le dice a Quintana que use esa cuenta: "Te pillas un listado de libros, los que te dé la gana, por ejemplo el diccionario de María Moliner o cosas que te gustaría tener, ¿oíste?".

¿Y cuál fue el papel del alto funcionario Honorato López? Él fue fundamental tras el cese de Perdomo al romperse el pacto de Gobierno entre CC y PP en junio de 2005, pues tenía la posibilidad de favorecer a los empresarios en la mesa de adjudicación o en la valoración de los expedientes.

Tanto Perdomo como Quintana no declararon en el juicio. Ambos llegaron tarde a la vista en las que estaba previsto interrogarles porque, según alegaron, se quedaron dormidos por la medicación que están tomando. García trató de suspender la declaración, pero no lo consiguió. "No estamos en condiciones de prestar declaración", indicó Perdomo. El presidente del Tribunal del Jurado, el magistrado Pedro Herrera, determinó que ambos se acogían a su derecho de no declarar.

Esta situación fue aprovechada por Del Río durante su alegato final ante el jurado popular para hacer hincapié en su falta de colaboración para esclarecer los hechos. "Alegaron que no podían declarar, casualmente a la misma hora y por el mismo motivo. Eso sí, han traído a muchos testigos. Lo que han hecho es esconderse detrás de los testigos y no dar la cara", subrayó.

Y pese a que la letrada de Perdomo insistió en la exposición de su informe final que las pruebas aportadas generan muchas dudas, el fiscal remarcó que el reconocimiento de cuatro de los seis acusados "vienen avalados por multitud de pruebas". Éstas, insistió, "no mienten" y sobre ellas están basadas la acusación. Sin embargo García, como no podía ser menos, afeó la actitud de los procesados que confesaron los hechos y dejaron solos a Perdomo y Quintana. "Ha sido un mal arreglo por no soportar un mes de juicio y el periodismo mediático y machacarse más aún su reputación", esgrimió.

Un arranque con sobresaltos

La tramitación de la causa ha sufrido numerosos retrasos desde que en 2009 concluyera la investigación policial. No solo por la complejidad de la trama, como apuntó el fiscal en su escrito de modificación de las conclusiones finales, sino también por las numerosas recusaciones formuladas por los acusados contra los diferentes magistrados designados, la muerte de uno de ellos e incluso la renuncia a última hora de los abogados de Perdomo y Quintana, por lo que fue necesario que se le asignaran letrados de oficio.

Y cuando al fin arrancó el juicio del caso eólico, lo hizo con Briganty detenido en Marbella al no presentar en 13 de junio en la Audiencia. El magistrado dictó una orden de busca y captura contra el abogado, que fue localizado en un hotel de la localidad malagueña. Pero no fue lo único llamativo del inicio de este proceso, ya que en la constitución del jurado popular fueron apartados la exparlamentaria del PP María Concepción López, que además participó en la comisión que se creó en el Parlamento para investigar esta red, y un primo del exministro Soria.

El juez trasladará mañana a las defensas y a la acusación -además de la Fiscalía, es parte acusatoria el Gobierno canario como acusación particular y la sociedad Clean Electric como acción popular- la propuesta del objeto del veredicto. Al día siguiente, los miembros del jurado comenzaran a deliberar. Trece años después de salir a la luz, el caso eólico llega a su fin.

Los cuatro confesos

José I. Esquivel

• 12.700 euros para la reforma:El empresario José Ignacio Esquivel no solo admitió que acordó con López y Perdomo pagar cinco millones de pesetas por cada megavatio de potencia adjudicado, sino que también declaró que cubrió la reforma que Perdomo hizo en su vivienda por 12.700 euros. "Me hice cargo para que me ayudara en el concurso de energía", señaló. Su abogado recalcó en la vista final que los atenuantes por confesión y dilaciones indebidas no son un "trato de favor", pues éstas emanan de su colaboración y del retraso de la causa.

Alfredo Briganty

• Renuncia a la conspiración:La confesión del abogado Alfredo Briganty fue la más inesperada de todas. A lo largo de estos trece años se había encargado de alentar una teoría de la conspiración para sentarlo en el banquillo. Tras ser detenido por la Policía en Marbella por no comparecer el primer día del juicio, Briganty dio marcha atrás. El letrado declaró que se enteró de que José Ignacio Esquivel pagó obras en la casa de Perdomo después de que lo hiciera. "Con todo lo que he sufrido, claro que estoy arrepentido", afirmó.

Enrique Guzmán

• La cuenta opaca:El empresario Enrique Guzmán fue otro de los acusados que reconoció su participación en la trama de corrupción. Guzmán confesó que eligió una sede de Fortis Bank en Luxemburgo "por su opacidad" para hacer transferencias a una cuenta a nombre de la pareja de Perdomo como contraprestación por facilitarle el borrador del concurso eólico. Asimismo, Guzmán declaró que acordó con el exdirector de Industria del Ejecutivo regional la cesión del 16% de las acciones en una de las empresas.

Honorato López

• Un mal momento de su vida:El que fuera jefe de Servicio de Industria del Ejecutivo regional mostró su arrepentimiento durante la celebración del juicio. "Me comprometí a ayudar a Guzmán y a Esquivel en el concurso eólico a cambio de dinero", confesó. En la vista final, su abogado Agustín Santana recalcó que en más de 32 años como funcionario solo ha cometido este "grave error". "Tomó una mala decisión en un mal momento de su vida", aseguró el letrado, que recalcó a su vez que ha sufrido un "coste laboral, personal y familiar gravísimo".