"Gran Canaria es la isla que más potencialidades tiene, pero no las aprovecha como debería". Así lo expuso ayer el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, protagonista del Foro LA PROVINCIA, patrocinado por Lopesan, Effico, Astican y JTI, y celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.
El político teldense lamentó que su Isla no avance "a la misma velocidad" que el conjunto del Archipiélago y aparezca en el último lugar de la lista al analizar variables como "la confianza empresarial o la generación de empleo", por ejemplo. Sin nombrarlo en ningún momento, sus alusiones a la situación de Gran Canaria encerraron una carga crítica contra el actual Gobierno insular, presidido por Antonio Morales, de Nueva Canarias (NC).
"Me voy a dejar la piel", afirmó para sobre su determinación de conseguir que esa situación que percibe varíe. En ese marco contextualizó la estrategia de alianzas con formaciones grancanarias de implantación local o insular puesta en marcha por su partido, Coalición Canaria (CC). Entre otras, con Unidos, formación que capitanea José Miguel Bravo de Laguna, quien encabezará la lista de los nacionalistas para el Cabildo de Gran Canaria.
Durante su intervención, Rodríguez Valido detalló que la inversión en carreteras generará en Canarias alrededor de 35.000 empleos durante los próximos diez años merced a una inversión de 2.500 millones de euros. Para el cálculo, citó estudios de expertos que sostienen que cada millón de euros destinado a este capítulo genera catorce puestos de trabajo. Además, "cada euro invertido en construcción se duplica", añadió, para concluir que la estrategia de infraestructuras y transportes camina por la línea común a toda la acción del Ejecutivo regional: "creación de empleo estable, políticas sociales y acceso y calidad de los servicios públicos esenciales".
Para que se concrete ese ritmo de 3.500 empleos anuales durante el próximo decenio, el Gobierno central socialista "debe firmar ya el nuevo convenio" de carreteras, advirtió el vicepresidente. Según sus afirmaciones, "todo el trabajo previo está realizado", en referencia a la generación de las condiciones políticas, administrativas y técnicas precisas.
En seis años
En detalle, el acuerdo que se rubricará contiene los mencionados 2.500 millones de euros a ejecutar durante los seis próximos años, ampliables a tres más para garantizar la total ejecución de los trabajos, "sin menoscabo de que pueda ser prorrogable. Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 contemplan 300 millones de euros este año en el marco del convenio", explicó el vicepresidente.
Ese convenio recoge obras "fundamentales", a juicio del consejero para cada una de las Islas y un total de "más de cien infraestructuras". Entre ellas incluyó la segunda fase de la carretera de La Aldea, el soterramiento de la Avenida Marítima y la tangencial en la GC-1, en el caso de Gran Canaria; el cierre del anillo insular, el tercer carril en la TF-5 y el enlace Chafiras-Oroteanda, en el de Tenerife, o el avance del Eje Norte-Sur, en el de Fuerteventura.
Solo resta que el Ministerio de Fomento, "ponga fecha y hora para firmar", explicó. Al respecto, mostró su confianza en que en esta ocasión no existan problemas como el surgido en torno al incremento hasta el 75% de la bonificación para los residentes en sus viajes a la Península. "Me dio la impresión de que [el ministro de Fomento, José Luis] Ábalos, no fue consciente de la magnitud de la respuesta que dio [a la diputada de CC], Ana Oramas".
De esa manera describió los momentos de confusión inicial en los que el Ejecutivo estatal pretendió demorar en "cinco o seis meses" la aplicación del nuevo descuento, acordado con el Gobierno de Mariano Rajoy. Un desencuentro que tuvo continuidad la pasada semana con el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta del convenio de obras hidráulicas, como el de carreteras pendiente de firma pero con una partida ya adelantada en las cuentas estatales recientemente aprobadas.
Si bien en este último caso la Delegación del Gobierno central en Canarias aseguró que la partida para 2018 -de unos 40 millones de euros- está garantizada, añadió que habrán de determinarse las obras, ya que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo regional había detallado que antes de acabar este año solo se ejecutarían 14 millones de euros. Ese anunció y el de volver a sentarse para consensuar el protocolo a doce años alcanzado con el Gobierno del PP encendieron las alarmas en las Islas. La portavoz del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, señaló que las actuaciones están relacionadas y pasarán automáticamente a las cuentas del año próximo dado el escaso margen de tiempo que queda entre la aprobación del presupuesto y el final del año.
Estos desencuentros son los que Pablo Rodríguez espera que no se repitan en el ámbito de las carreteras. Además, recordó que en el último Consejo de Ministros de 2017, el equipo de Rajoy prorrogó el convenio anterior dotándolo con 101 millones de euros para evitar la paralización de las obras que están en marcha. Por último, señaló que llegarán 107 millones de euros anuales hasta 2026 en cumplimiento de la sentencia que obliga al Estado a devolver a las Islas los más de 700 millones que recortó del convenio anterior en plena crisis.
