El juez Salvador Alba, que ha sido suspendido provisionalmente de sus funciones por estar encartado en un proceso penal por cinco presuntos delitos, el conocido como 'caso Rosell', ha mostrado este viernes su impresión en cuanto a que "no hay ninguna prisa" en que su procedimiento se celebre rápido.
Alba, que ha asegurado que no le ha sorprendido que le hayan suspendido de su cargo, puesto que era la "consecuencia lógica que recoge la ley orgánica", indicó que aún "no" ha recibido la notificación al respecto.
Así cuestionado por cómo afronta su defensa, afirmó que lo hace "con naturalidad, con contundencia y con muchas cuestiones que deben ser debatidas con carácter previo al inicio de ese juicio".
En relación con ello se ha referido a las demandas que tiene interpuestas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la sala de Gobierno ante la Audiencia Nacional por la "inexistencia de normas" sobre la designación de magistrados en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En relación con ello, apuntó que si no existen estas normas "puede haberse vulnerado el derecho fundamental a un juez ordinario". A ello, añadió, se suma la querella contra el presidente del TSJC, Antonio Doreste, "por un delito de obstrucción a la justicia. Este presidente es el que ha designado a los instructores de este procedimiento".
Por ello, Alba ha incidido en que "hay muchas cuestiones en el aire" que deberían resolverse antes de su juicio al entender que podrían poner "en cuestión" el procedimiento si le dan la razón. De todos modos, consideró que su proceso, que él mismo tildó como 'caso Alba', se ha montado sobre la base "de pruebas que no tiene validez".
A su entender, según expuso en declaraciones a Cope Canarias y recogidas por Europa Press, el "beneficiado" de toda esta situación es el empresario y presidente de la UD Las Palmas Miguel Angel Ramírez, del que dijo que "invita a compañeros -jueces/magistrados- al palco -de la UD Las Palmas- y después tiene resoluciones favorables", de ahí que apuntó que saldrá "a la luz" todo tipo de detalles.
En este sentido, y al ser cuestionado por la concepción de la ciudadanía sobre la justicia cuando ven casos como el suyo, aseguró que "si la gente supiera de verdad que es lo que hay en la justicia canaria, habría mucho más escándalo"; para acto seguido cuestionar si es "normal que haya una querella contra el presidente del TSJC (...). No es normal que los jueces se graben entre ellos, no es normal, tampoco es normal que un empresario grabe a un juez en su despacho".
Baja médica
Por otra parte, al ser cuestionado por su baja médica y si esta se encuentra firmada por un pediatra, Alba no quiso decir nada aludiendo en este caso a la Ley orgánica de Protección de Datos para añadir que si ha salido alguna información del TSJC al respecto de su baja, tendrán que explicarlo.
De todos modos, afirmó que su baja se la haya firmado "un médico de Atención Primaria" que le lleva atendiendo "15 años".
En relación a las críticas que ha recibido por el CGPJ por irse de vacaciones a las Maldivas estando de baja, dijo que "son afirmaciones que no han sido constatadas", apuntando que se trata de un tema que hay que aclarar, entre otras cuestiones, por qué sale la información del TSJC.
Además se mostró convencido de que "una persona de baja puede viajar si cuenta con autorización médica y puede hacer actividades si cuenta con autorización médica". Agregó que él en su día denunció a la también juez Victoria Rosell porque se encontraba de baja y se iba a dar conferencias, a lo que el "CGPJ dijo que podía viajar".
Finalmente, aprovechó para criticar la política de comunicación del CGPJ que, indicó, "se la tendría que hacer mirar" porque aseguró que el reglamento de los jueces "exige reserva y secreto de todos los expedientes" que afectan a jueces y magistrados. Agregó que merecen que los derechos sean respectados.
