Canarias no quiere quedarse cruzada de brazos lamentando que la nueva senda de déficit aprobada el pasado jueves por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no incluya una relajación de la regla de gasto que permita dar salida a los 598 millones de superávit de que dispondrán las arcas regionales para los presupuestos autonómicos de 2019, y ayer planteó una alternativa que considera que está dentro de los márgenes legales y que trasladará al Gobierno central para que la contemple. Aunque de momento no ha dado detalles sobre las cuestiones técnicas de la propuesta, sí avanza que se trata de una interpretación más flexible de la regla de gasto avalada por los servicios jurídicos y técnicos de la consejería de Hacienda y que permitiría insuflar en las cuentas regionales todos los recursos tributarios que han posibilitado la mejora de la economía canaria y el esfuerzo realizado por cumplir los objetivos de déficit y deuda establecidos por el Estado y por la UE.
La propuesta canaria para contar con esos cerca de 600 millones para la educación , la sanidad y los servicios sociales fue acordada ayer por el Consejo de Gobierno y será trasladada por su presidente, Fernando Clavijo, a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en una reunión que ambos mantendrán mañana en Madrid. La idea del Ejecutivo regional es que esta propuesta sea a su vez debatida el próximo jueves en una nueva reunión del CPFF, órgano que Batet copreside junto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que de ahí pueda surgir una medida que complemente el acuerdo de la semana pasada, en el que se elevó del 0,1 al 0,3% del PIB el límite de déficit para las comunidades autónomas para el próximo sin que ello beneficie a las que no tienen déficit, entre ellas Canarias.
Esa fue la razón por la que la consejera de Hacienda canaria, Rosa Dávila, votó en contra de ese acuerdo y que CC ya ha anunciado que rechazará también cuando la medida se lleve a votación al Congreso, probablemente en un pleno el próximo viernes. Dávila insistió ayer en que ese acuerdo sobre la nueva senda de estabilidad "nos castiga a quienes hemos hecho un esfuerzo por hacer bien las cosas, por ser responsables, por no incrementar nuestra deuda, por ir en la senda de la consolidación fiscal", mientras, por el contrario "da oxigeno a las comunidades que no han conseguido contener su déficit ni su deuda". "Lo que planteamos al Gobierno central es que nos deje volcar en el Presupuesto regional el dinero de los todos los canarios, porque con la interpretación estricta de la regla de gasto lo que pretende el Gobierno es que quitamos dinero a los canarios y sobre todo a las políticas sociales, a la educación y a sanidad, para dárselo a las comunidades incumplidoras".
Según explicó, esos 598 millones a los que la medida colocaría entre los 'haberes' de las cuentas regionales en 2019, "multiplica por tres la cobertura de la dependencia, y si hablamos de infraestructuras sanitarias, podríamos abordar la construcción probablemente de cinco hospitales, o podríamos llegar al 4 % del PIB para la educación".
De producirse un compromiso en esta materia por parte del Gobierno central en la reunión del jueves con el conjunto de las comunidades autónomas, CC daría su apoyo en el pleno del Congreso al acuerdo sobre la senda de estabilidad y al techo de gasto aprobado en el último Consejo de Ministros, un 4,4 % superior al de este año hasta los 125.064 millones. Este apoyo nacionalista, con todo, no cambiaría las expectativas que ahora mismo existen sobre un fracaso del Ejecutivo socialista en este punto ya que no sólo no cuenta con el apoyo necesario en la Cámara baja, sino que además será bloqueado por la mayoría absoluta del PP en el Senado.
Cambiar la norma
En este sentido, el diputado de NC, Pedro Quevedo, avanzó ayer que su voto dependerá de los compromisos que esté dispuesto a asumir el Ejecutivo socialista y que lo decidirá tras los contactos que espera tener antes del jueves con los responsables parlamentarios del PSOE. Quevedo dijo que "hay que evaluar no únicamente los objetivos de déficit o el techo de gasto, sino si se está dispuesto a otorgar un trato singular a Canarias en la regla de gasto para poder emplear el superávit de la comunidad". Aclaró que más allá de lo que se acuerde en el CPFF, "hay que conocer lo que tiene el PSOE y el Gobierno de Sánchez en la cabeza de cara al futuro", apostando claramente por cambiar una norma que estaba pensada para una situación de crisis, muy diferente a la actual.
Son argumentos similares a los defendidos por Dávila, quien afirma que la actual ley de estabili-dad presupuestaria y financiera "estaba pensada para una situación financiera muy distinta a la actual" de control financiero de España por parte de Bruselas. Pero sostiene que en el con texto actual, esa interpretación debe ser reformada para mejorar los ser- vicios públicos, sobre todo después del anuncio del Gobierno de que no reformará el sistema de financiación autonómica en esta legislatura. "Todos sabemos que hay insuficiencia de financiación de los servicios públicos esenciales, y no es justo que las comunidades incumplidoras tengan ahora mayor holgura, y las cumplidoras, no", recalcó.
