El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó ayer a España a una multa millonaria por las deficiencias de los sistemas de depuración de aguas residuales urbanas del Valle de Güímar, en Tenerife, y de otros ocho puntos del país, siete de Andalucía y uno de Asturias. La instalación de Güímar es una de las cuatro de Canarias que figuraban entre las 37 por las que la justicia comunitaria ya condenó al país en 2011. Bajo la vigilancia de Bruselas estaban también las depuradoras de Valle Guerra y el Valle de La Orotava, en Tenerife, y de Los Llanos de Aridane, en La Palma. De hecho, y aunque ya cumple la normativa supraestatal, la infraestructura de Valle Guerra, en el noreste de la isla del Teide, aún estaba en la denuncia que la Comisión Europea (CE) presentó contra el Reino de España el pasado abril, la misma que ha dado lugar a la sanción económica.
Los magistrados del TJUE obligan al país a pagar una suma de 12 millones de euros a tanto alzado, es decir, de una sola vez, y le imponen, además, una multa coercitiva semestral de aproximadamente 11 millones en tanto se demore en la adaptación de las depuradoras a las exigencias de Bruselas.
No en vano, el país acumula casi 30 años de incumplimientos en el tratamiento de las aguas negras de sus ciudades, y no solo eso, sino que, además, aún tiene hasta nueve zonas que no respetan la directiva 91/271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, entre ellas la de la comarca del Valle de Güímar, donde el Cabildo de Tenerife ya ejecuta los trabajos necesarios para sacarla de la particular lista negra de la UE. Canarias sigue así sin adaptarse plenamente a la normativa comunitaria 27 años después de que esta se pusiera en práctica en mayo de 1991.
Lo cierto es que las deficiencias de los sistemas de tratamiento de aguas negras en el Archipiélago llevan tiempo bajo la lupa de la Comisión Europea.
Las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, según dejó claro la susodicha directiva aún en el siglo pasado, deben contar con infraestructuras para la recogida y el posterior tratamiento de las aguas residuales mucho más sofisticadas que las de aquellas poblaciones con entre 2.000 y 10.000 residentes. En estas basta con las redes de alcantarillado y saneamiento y con sistemas de tratamiento primario, que son esos en los que se reduce la presencia de aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos en el agua. Pero con esto no es suficiente en las comarcas de más población, para las que se exigen unos requisitos e instalaciones que eviten vertidos contaminantes en los ríos o, en el caso de Canarias, en el mar.
La normativa europea puso como fecha límite para su cumplimiento el 1 de enero de 2001. En 2008, siete años después de la fecha tope y 17 después de la promulgación de la directiva, la Comunidad Autónoma seguía sin hacer los deberes y cuatro de sus aglomeraciones urbanas todavía no contaban con los sistemas de depuración necesarios: las de Los Llanos de Aridane, Valle de La Orotava, Valle Guerra y Valle de Güímar.
La CE interpuso entonces una primera denuncia contra España por los cuatro casos detectados en las Islas y otros 33 en el resto del país. El tribunal europeo condenó a España -las primeras condenas en el ámbito de la UE no acarrean sanciones, sino que se dictan a modo de advertencias- y le dio un nuevo plazo para adaptar sus sistemas de depuración a la directriz de 1991. El límite se fijó en el 31 de julio de 2013, y llegado el día, los sistemas del Valle de Güímar, de Valle Guerra y de otras 15 comarcas seguían sin respetar la normativa. Desde ese momento y hasta abril de este año, cuando la CE se hartó de esperar y presentó una segunda denuncia, nueve de los 17 casos no se habían solucionado: siete en Andalucía, uno en Asturias y el de Güímar.
No será hasta la segunda mitad del próximo año cuando entrará en funcionamiento la depuradora que sacará a Canarias de la lista negra.
Una lista negra que, no obstante, incluye en realidad no solamente a la comarca de Güímar, sino también a otros puntos de la geografía regional. Al menos así lo tiene por cierto el consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez, que afirmó que "ninguna" de las restantes islas "ha dicho la verdad" sobre el tratamiento de sus aguas residuales. "Solo aparece Tenerife porque en 2007 se tomó la decisión de decir la verdad a Europa", ahondó Martínez. El consejero tinerfeño dijo esperar que cuando se destinen mayores fondos para solucionar los problemas en Tenerife -"nosotros no decimos que cumplimos si no es así", subrayó-, no se quejen desde islas en las que dicen "cumplir escrupulosamente" la directiva.
Por otra parte, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, anunciaron ayer que ya se está trabajando en medidas "de choque" que se concretarán en un Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización.
