Los convenios canarios pendientes de firma por parte del Gobierno central representan para el sector de la construcción una gran oportunidad de afianzar su recuperación. Más allá de las buenas palabras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dedica a los asuntos incluidos en la agenda canaria, genera inquietud el paso de los días sin que se formalicen. La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP), Salud Gil, lo explicó ayer de manera gráfica: "Tenemos que conseguir que los asuntos de Canarias sean tan importantes como la exhumación de los restos de Franco".

Por la vía de la comparación con uno de los asuntos que más páginas está ocupando desde la llegada de los socialistas al Gobierno de España, Gil expresó la relevancia que tienen los acuerdos que los nacionalistas ya tenían pactados con el Ejecutivo de Mariano Rajoy antes de la moción de censura que determinó su salida de La Moncloa.

En torno al convenio de carreteras, la representante empresarial señaló que está "más que masticado. Llevamos tres años de convulsión política y no hay derecho a que tengamos que pagarla los ciudadanos". Este acuerdo contempla un montante de "2.500 millones de euros durante los próximos ocho años", según detalló el vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, y hay que sumarle los no menos importantes de obras hidráulicas o vivienda.

La caída de la actividad constructora llegó a ser del 93% en plena crisis y se destruyeron casi "100.000 puestos de trabajo", apuntó Salud Gil. Viniendo de tan abajo, el sector aún está "compensando pérdidas", aseguró la presidenta de la AECP. "La incertidumbre no es buena y en nada favorecen los globos sonda que se están lanzando sobre cambios legislativos", expuso.

En su encuentro con el vicepresidente Rodríguez, Gil le expuso el trabajo previo que vienen desarrollando las empresas para ganar competitividad de cara a las licitaciones que están por llegar. En breve se publicará la de la segunda fase de la carretera de La Aldea -el tramo entre El Risco y Agaete- por cerca de 200 millones de euros.

"Hay una voluntad clara de generar alianzas", señaló la representante empresarial. Es decir, van a crearse numerosas UTE (Unión Temporal de Empresas) en las que aparecerán de la mano negocios canarios y nacionales "que llevan 40 años trabajando en las Islas".

Gil también incidió en la necesidad de poner en marcha cuanto antes un plan capaz de garantizar el acceso a la vivienda de quienes tienen mayor dificultad para conseguirlo y de "reequilibrar el precio de los alquileres", actualmente en pleno rally alcista por el efecto, entre otras cuestiones, de la irrupción de las viviendas vacacionales.