La comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer por mayoría el informe de la ponencia sobre la reforma del Estatuto de Canarias y deja el proyecto listo para su debate definitivo en esta Cámara en un pleno que previsiblemente se celebrará en septiembre. Con este paso, la reforma estatutaria remitida a las Cortes hace ya tres años podrá estar aprobada definitivamente antes de que acabe diciembre y la entrada en vigor de la reforma electoral que contempla tendrá efecto ya para las próximas elecciones autonómicas del 2019.
Justamente, el nuevo sistema electoral incorporado al texto es el elemento que más división ha provocado entre los grupos parlamentarios, ya que el resto del informe de la ponencia fue aprobado por PP, PSOE, NC y CC, y la abstención de Cs y de Podemos.
Los dos apartados referidos al sistema electoral, el artículo 37.1 y la disposición transitoria primera del proyecto de ley remitido por el Parlamento de Canarias, también fueron aprobados por una mayoría de grupos, pero tanto CC como las dos nuevas formaciones políticas se desmarcaron de alguno de ellos en las votaciones. La formación nacionalista, Cs, Podemos, junto con el PNV, votaron en contra del primero de estos apartados, en el que se amplía la actual horquilla de escaños a elegir (de 50 a 60) hasta los 75 que establece el nuevo texto tras el acuerdo alcanzado en ponencia por el resto de los grupos, PP, PSOE y NC.
En relación con la disposición transitoria, en la que se rebaja los topes electorales de acceso al Parlamento del 30 al 15 % en el ámbito insular, y del 6 al 4 % en el regional, además de aumentar de 60 a 70 el número de diputados a elegir y de ellos 9 en una lista regional y atribuir uno más de forma directa a Fuerteventura, CC fue la única fuerza política canaria en rechazarla, aunque tuvo el apoyo solidario del PNV. Cs, por su parte, se abstuvo en este punto. Esta disposición establece también, en virtud del acuerdo alcanzado a propuesta de Podemos, que el Parlamento de Canarias debe acordar un nuevo sistema en un plazo de tres años.
Las portavoces de CC, Ana Oramas, y de Cs, Melisa Rodríguez, anunciaron que presentarán votos particulares en relación con el sistema electoral, en el caso de la primera, y de este mismo apartado y el relativo a la administración de Justicia en Canarias, en el caso de la diputada naranja. Por otro lado, la portavoz de Podemos, Meri Pita, anunció que su grupo hará una consulta con las bases de la formación en Canarias para decidir su voto cuando el proyecto sea debatido y votado en el pleno de septiembre.
En la comisión de ayer sólo se debatieron dos asuntos nuevos, una enmienda transaccional sobre el derecho de los animales, que fue probada por unanimidad, y el Preámbulo, que fue aprobado con los votos de PSOE, PP y CC, el voto en contra de Podemos, y la abstención del resto de formaciones, entre ellas NC.
La nueva propuesta de carta magna canaria contiene entre algunas de sus principales novedades el anclaje del REF como elemento esencial del desarrollo de Canarias, así como su exclusión del sistema de financiación de las comunidades autónomas para que los ingresos propios reconocidos en el fuero isleño no contabilicen en el reparto de fondos estatales para cubrir los servicios esenciales prestados a los ciudadanos -educación, sanidad y servicios sociales-. También se incorporan nuevas competencias y se otorga al presidente del Gobierno de Canarias la capacidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones.
Frente a la lectura positiva que hicieron de la reforma PP, PSOE, CC y NC, tanto Podemos como Cs realizaron una lectura crítica.
Melisa Rodríguez subrayó que "se ha perdido una gran oportunidad para hacer un Estatuto más actual y transversal, que responda a las necesidades de todos los canarios", y que "aunque han conseguido cosas positivas en cuanto a derechos y políticas sociales o el fin a los aforamientos en Canarias", "ha faltado ambición y debate", así como "voluntad para despolitizar el sistema judicial en las islas".
Meri Pita, de Podemos, hizo un discurso muy duro contra la reforma trasladada desde Canarias y el pacto alcanzado por PP, PSOE, CC y NC en enmiendas sobre numerosos aparatados del texto. "Hemos vuelto a dejar pasar una oportunidad histórica para cambiar las condiciones de vida de los canarios", afirmó, porque "no se afronta un cambio de modelo de la economía de las Islas, un territorio que sigue siendo dominado por una minoría". "Canarias seguirá contaminada, dependiente y desigual y este Estatuto seguirá siendo un engaño más para los canarios", afirmó.
Por contra, Ana Oramas, de CC, mostró su "alegría" por el hecho de que 36 años después de iniciar su autogobierno suba por fin el "último peldaño" y sea reconocida "dentro del Estado como una comunidad de máximo nivel", al tiempo que Pedro Quevedo, de NC, destacó el "esfuerzo de todos los grupos por alcanzar los mayores acuerdos posibles", aunque lamentó que la reforma electoral no se haya podido alcanzar en el seno del Parlamento de Canarias.
Sebastián Franquis, del PSOE, denunció que lo dicho por Cs y Podemos sobre la situación de Canarias y el contenido de la propuesta de Estatuto "no se corresponde con la realidad" y destacó el trabajo de todos los grupos para poner los intereses generales de las comunidad y sus habitantes "por encima de las siglas y de las diferencias políticas".
María del Carmen Hernández Bento, del PP, por su lado, resaltó que el texto remitido desde el Parlamento regional no contó en ese momento con el poyo del PP, pero que, tras los acuerdos alcanzados en ponencia "hoy nos sumamos a lo que es un proyecto común de los canarios". "Queremos respetar el acuerdo del Parlamento, pero también incorporar aportaciones para aunar el mayor consenso posible", recalcó.
