El fiscal Demetrio Pintado Marrero redactará un último informe antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del que depende, decida si llama a declarar o no como investigado a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, por hechos ocurridos en 2014 cuando era alcalde de La Laguna en el conocido como caso Grúas. Antes el TSJC debe recibir de la juez Celia Blanco, titular del Juzgado número 2 de La Laguna, el informe elaborado por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife -algo que aún no ha ocurrido- y en el que el fiscal Santiago Sánchez observa dos presuntos delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos por parte del actual jefe del Ejecutivo canario.
Este sería el siguiente paso en la causa abierta por la denuncia de los partidos políticos en la oposición en el Consistorio lagunero, Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias. Se investiga la gestión del servicio de retirada de vehículos por parte del Ayuntamiento de La Laguna después de que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentara un escrito en el que ve indicios de delito -prevaricación y malversación de caudales públicos- en la actuación de Clavijo en un periodo concreto de todo este largo expediente administrativo de 14 años.
Santiago Sánchez, fiscal provincial, ha pasado en un año de no ver ningún indicio de delito a concluir que Clavijo dio un crédito a la empresa concesionaria de las grúas, de 120.000 euros, con informes en contra de la Intervención Municipal, sin cobertura legal y sin un plazo específico de liquidación, así como entiende que no defendió correctamente el patrimonio público.
El crédito, avalado por la Junta de Gobierno y el pleno, fue devuelto en solo seis meses, con un 4% de interés, y permitió pagar las nóminas de los trabajadores, saldar algunas deudas de la empresa -que atravesaba por una complicada situación económica- y, sobre todo, mantener el servicio en las calles de La Laguna. Una vez que la Fiscalía Superior de Canarias emita su informe sobre si ve o no indicios de irregularidades, siempre y cuando la juez Celia Blanco eleve el caso, tres magistrados del TSJC decidirán si llaman o no a declarar al presidente de Canarias como investigado. Son los miembros de la Sala de lo Penal del alto tribunal Antonio Doreste (presidente del TSJC), Margarita Varona y Carla Bellini. Esta última, a su vez, ha sido la juez designada para realizar la instrucción de todo lo relacionado con Clavijo, una parte que ha pasado al TSJC, mientras el resto del caso lo lleva el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, debido a la condición de aforado del presidente del Gobierno de Canarias.
Carla Bellini, ponente el caso, fue instructora del denominado caso Las Teresitas, la trama de corrupción urbanística que rodeó la compra de los terrenos de la playa chicharrera.
La Sala de lo Penal del TSJC aún no ha recibido el último escrito de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a través del Juzgado de Instrucción Número 2 lagunero. La titular de este último, Celia Blanco, ya lo había archivado en abril del año pasado, con el apoyo de la Fiscalía Provincial, al no encontrar indicios de ilegalidad. Pero lo reabrió por orden de la Audiencia Provincial.
Clavijo, dentro de sus atribuciones como alcalde y para evitar el quebranto de las grúas y que el Ayuntamiento tuviera que hacerse cargo del servicio -con el sobrecoste consiguiente-, levantó los reparos formulados por la Intervención Municipal con el decreto 858/2014 de 18 de junio para dar vía libre al préstamo de 120.000 euros. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aguere y el pleno respaldaron esta medida extraordinaria adoptada ante la grave crisis económico que sufría Autogrúas Poli.
El caso
Al fiscal Santiago Sánchez le "queda claro" que el presidente de Canarias respaldó ese préstamo "a sabiendas de que era ilegal", "absolutamente conocedor de los reparos del interventor sobre la falta de normativa que lo regule", "sin una regulación de las condiciones, como la duración del mismo" y "con una garantía del cumplimiento del préstamo que no puede ser la fianza constituida con anterioridad en el contrato de concesión del servicio, que nada tenía que ver con la concesión del préstamo".
Por su parte, Fernando Clavijo ha asegurado tener "la firme convicción" de que todos sus actos sobre el servicio de grúas los hizo por "el interés general" y no generaron perjuicio a las arcas públicas. Mientras, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han manifestado su intención de dejar trabajar a la justicia antes de juzgar al presidente, aunque el secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, dejó claro que solicitará su comparecencia en el Parlamento en caso de que finalmente sea citado a declarar como investigado en esta causa -una cuestión que ya solicitó Podemos-, y el portavoz autonómico de Cs, Mariano Cejas, anunció ayer que pedirá la dimisión de Clavijo si es investigado y, en caso de no hacerlo, considera que Coalición Canaria tiene que ser quien lo aparte hasta que se resuelva su situación judicial.
