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Radiotelevisión Canaria Fiscalización de la Audiencia de Cuentas

Cuentas acredita el descontrol de los contratos en la RTVC de 'Willy' García

El ente público recurría al procedimiento negociado pero no hay constancia de que negociara con las empresas para conseguir la oferta "más ventajosa"

Cuentas acredita el descontrol de los contratos en la RTVC de 'Willy' García

La Audiencia de Cuentas ha acreditado múltiples irregularidades en las contrataciones de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) y de sus dos entidades dependientes, la sociedad anónima Radio Pública de Canarias (RPC) y Televisión Pública de Canarias (TVPC). Y así lo ha puesto negro sobre blanco en su informe de fiscalización -ya definitivo y enviado al Parlamento autonómico- de la gestión del ente público desde 2011 y hasta el cierre del ejercicio de 2013. Un período en el que estuvo al frente de la RTVC el locutor de radio Guillermo Willy García, cuyo trabajo en la dirección general de la radiotelevisión pública está también bajo investigación judicial en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, donde la togada María de los Ángeles Lorenzo Cáceres y Farizo ya dispone también de las conclusiones de la Audiencia de Cuentas.

El informe del órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma, firmado por su presidente, Pedro Pacheco, y fechado el pasado 26 de julio, detalla una serie de irregularidades que van desde la falta de justificación de determinados contratos hasta la prórroga indebida de otros tantos, pasando también por la ausencia de razones para optar por procedimientos extraordinarios de contratación. Es precisamente esta última una de las irregularidades detectadas en que más se detiene la Audiencia de Cuentas en su investigación, una investigación que casualmente capitaneó quien hoy es administrador único de la RTVC, José Carlos Naranjo Sintes, que hasta su nombramiento para sacar del atolladero al ente autonómico ejercía justamente como consejero del órgano fiscalizador. En concreto, los auditores repararon en el contrasentido de que se usara el procedimiento negociado para adjudicar determinados contratos y que, sin embargo, no hubiera luego una negociación efectiva "al objeto de obtener la oferta económicamente más ventajosa".

El negociado es un procedimiento de carácter excepcional en virtud del cual la Administración pública adjudica un contrato después de haber negociado -como su propio nombre indica- "con cada uno de los licitadores [empresas] invitados", puntualiza el informe. En definitiva, la institución discute con una o varias empresas los términos del convenio para buscar esa oferta "económicamente más ventajosa". La diferencia con los procedimientos abierto y restringido es, por tanto, esa negociación entre institución y licitador. Pues bien, el órgano fiscalizador dependiente del Parlamento regional constató durante su análisis que ni en uno solo de los convenios adjudicados por medio del negociado se cumplió esta premisa: "En ninguno de los expedientes adjudicados utilizando este procedimiento figura documento acreditativo alguno de haber llevado a cabo la negociación ni con las empresas invitadas a participar en el mismo ni con el licitador que ha resultado adjudicatario del contrato".

Sin razones

Pero, además, la investigación que timoneó Naranjo Sintes expone varios ejemplos de contratos, con nombre y apellidos, adjudicados vía negociado sin que hubiera una justificación para utilizar este procedimiento excepcional, ya que implica "una excepción del principio de concurrencia y, en buena medida, del de publicidad , que son principios básicos y fundamentales del derecho de la contratación pública", explica la compañía Wolters Kluwer en su guía online sobre los procedimientos con negociación.

Entre los expedientes cuestionados por los auditores está, por ejemplo, el de las obras de reforma del centro de producción de Las Palmas de Gran Canaria. Se adjudicó en 2012 por 41.509 euros sin que en la fiscalización se encontrase documento alguno que permitiera justificar al menos una de las causas que permiten el negociado.

"En la documentación obrante en el expediente no consta documento alguno en el que se justifique la concurrencia de alguna de las causas que permitan adjudicar el contrato por el procedimiento negociado y excluir la publicidad y, en su caso, la concurrencia", reza el informe. No es el único caso.

A 80.866 euros ascendió el contrato de la televisión pública para los servicios técnicos y personales necesarios para la retransmisión del carnaval de 2013 de Santa Cruz de Tenerife. Otro contrato que se concedió vía procedimiento negociado sin publicidad bajo el argumento de una supuesta "urgencia imperiosa". Esta urgencia es una de las causas dentro de los "acontecimientos imprevisibles" que permiten recurrir al procedimiento negociado; ahora bien, el órgano fiscalizador argumenta que esa " imperiosa urgencia no está debidamente acreditada", ya que en ningún punto del expediente se aclara cuáles habrían sido los "acontecimientos imprevisibles" en el caso de un carnaval que se celebra todos los años. "La retransmisión de los actos del carnaval 2013 no parece que puedan calificarse como acaecimientos que no hayan podido preverse con suficiente antelación", insiste la Audiencia de Cuentas en su trabajo.

Además, el descontrol descubierto por el órgano fiscalizador no solo alcanza a los contratos negociados, sino que va más allá. Es más, el informe incluye una "opinión de legalidad" en la que se precisa que hay una serie de "salvedades" en las que la actividad contractual no se ajustó a las disposiciones legales y reglamentarias.

En las prórrogas de contratos, los auditores constataron, en el caso de la RPC, que, "de manera sistemática, se omite la emisión del correspondiente informe justificativo de los motivos que dan lugar a la prórroga". Asimismo apuntan que "no hay constancia documental de que, con carácter previo a su firma, los contratos hayan sido informados por la asesoría jurídica de la RPC". Incluso hay también cinco contratos -uno para servicios de alojamiento en el portal web y cuatro de servicios de auditoría de las cuentas- cuyas facturas se pagaron, "en su totalidad o en parte", antes de que las empresas prestaran el servicio.

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