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JK5022 Décimo aniversario de la tragedia aérea

La Justicia aún dirime una veintena de casos diez años después del JK5022

Mapfre, aseguradora de la extinta aerolínea Spanair, sostiene que no discute las indemnizaciones, pero sí los intereses de demora porque "actuó con rapidez"

Detalle de uno de los homenajes celebrado en el monumento 'Luces en el vacío', en el paseo de Las Canteras. EFE

Casi una década después de que el avión MD-82 de la extinta aerolínea Spanair, con matrícula EC-HFP, se estrellase en el aeropuerto de Barajas (Madrid) pocos instantes después de despegar para poner rumbo a Gran Canaria, en los tribunales aún se tramitan 20 procesos indemnizatorios. La aseguradora de la desaparecida aerolínea, Mapfre, indica que de momento la justicia ha emitido 18 sentencias. De éstas, 17 toman como referencia el baremo de daños de uso general para los siniestros de tráfico y solo un fallo eleva la cuantía de las indemnizaciones al no aplicar ese criterio.

El próximo lunes se cumplen diez años de la tragedia aérea en la que perdieron la vida 154 personas y otras 18 resultaron heridas, la mayoría de ellas canarios. Las familias de las víctimas y afectados reclaman desde entonces una compensación acorde con la normativa europea, que agrupa leyes sobre aviación internacional procedentes del Convenio de Montreal.

Todas las sentencias, según indica la aseguradora, están recurridas por ambas partes. El portavoz de la compañía de seguros, Javier Fernández, sostiene que Mapfre "no discute las indemnizaciones", sino los intereses de demora porque considera que "actuó con rapidez" y ha intentado pagar desde el primer momento. "Cuando se resuelve cada caso, Mapfre lo que ha hecho es pagar", puntualiza.

Fernández expone que en España los jueces utilizan el baremo de autos como referencia porque "es lo más objetivo que tienen". A esto se suma, en función de los casos, un plus de un 50% que se va sumando al volumen de la indemnización por diferentes factores. "Quien determina cuánto deben cobrar las víctimas de Spanair son los acuerdos y las sentencias", enfatiza.

Tribunal Supremo

En el caso de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que eleva la cantidad a percibir por los familiares de una de las víctimas del siniestro aéreo, Mapfre no solo ha recurrido los intereses de demora. "Lo que quiero trasladar es que 17 sentencias dicen una cosa y una la contraria. Lo que hemos hecho todos es elevar al Supremo los casos para que fije la aplicación o no del baremo. Y un criterio también sobre los intereses de demora, que no corresponden con la actitud diligente que ha tenido desde el primer momento", recalca.

El abogado de esa familia y de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022), Francisco Vasques-Tenreiro, señala que también ha recurrido esa sentencia porque "aunque la indemnización es alta, más de 700.000 euros, está lejos de los 9 millones de dólares que la póliza de Spanair cubría por cada pasajero". No en vano, la asociación defiende que la póliza de 1.500 millones que la extinta aerolínea tenía contratada se destine en su totalidad a reparar el daño causado.

La presidenta de la AVJK5022, Pilar Vera, lamenta que diez años después la aseguradora siga reclamando por los intereses de demora cuando "la condenaron todos los juzgados sin excepción porque no pudo demostrar buena fe en pagar en el tiempo que le imponía la ley de seguros".

Pese a todo el tiempo que ha transcurrido desde que ocurriera el accidente, Vasques-Tenreiro apunta a que algunas familias y supervivientes continúan pleiteando porque han podido hacerlo. Otras, lamenta, no pudieron porque quien falleció era el cabeza de familia. "Quienes perdieron al padre que sustentaba a la familia se quedaron con una mano delante y otra detrás. Esa gente se ha visto obligada a coger acuerdos a la baja", señala. Fernández apunta, por su parte, que en los primeros casos en los que llegaron a pactos extrajudiciales con los familiares ofrecieron acuerdos basados en sentencias sobre accidentes que tuvieron antes del de Spanair.

La compañía aseguradora indica, asimismo, que ha destinado 36,2 millones de euros en indemnizaciones. Esta cantidad incluye tanto las cuantías pactadas como las que ha tenido que abonar por resolución judicial. Según Fernández, Mapfre ha indemnizado ya a más del 93% de las familias.

A esa veintena de procedimientos que aún tramita la Justicia, se suman otra decena de casos. "Son personas que se consideran perjudicadas y probablemente no lo son", esgrime el portavoz de Mapfre.

La AVJK5022 también está pendiente de la decisión que tome la Audiencia Nacional sobre la desclasificación como materia reservada del expediente relativo al informe técnico elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) a raíz del accidente aéreo del 20 de agosto de 2008.

Vasques-Tenreiro explica que fue en mayo del año pasado cuando la asociación presentó a Fomento una solicitud para obtener toda la documentación de la Ciaiac. Durante ese mismo mes, el Ministerio, "en vez de dictar una resolución sobre la solicitud formal y expresa de más de 700 páginas, responde con una carta cordial y sin seguir el trámite establecido, dándole traslado a la propia Ciaiac". En octubre de 2017, la AVJK5022 recurrió a la Audiencia Nacional "para que proteja los derechos fundamentales" de la asociación y, ya en diciembre, ese órgano jurisdiccional admite a trámite su solicitud y da plazo para presentar la demanda, que la entidad formaliza en enero.

La Audiencia Nacional se declaró en mayo competente para resolver este asunto, en contra del criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ahora todo está pendiente de su resolución final, que puede ir dirigida en tres direcciones: a ordene la entrega de la documentación a la asociación, a disponer que Fomento eleve su solicitud al Consejo de Ministros o a negar a la AVJK5022 su demanda.

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