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Gasto público Las negociaciones de las cuentas autonómicas de 2019

Las demandas de la oposición para el presupuesto suman más de 500 millones

Más gasto en Educación, escuelas infantiles, políticas sociales, tarifa plana para los autónomos y pensiones no contributivas, las principales peticiones de PP y PSOE

Las demandas de la oposición para el presupuesto suman más de 500 millones

El presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2019, el último de esta legislatura, presenta serias dificultades de salir adelante antes incluso de que se inicien los contactos entre el Gobierno regional y los grupos políticos para alcanzar la mayoría suficiente en el Parlamento. A la condición de minoría del Ejecutivo, la cercanía de las elecciones autonómicas y los problemas judiciales del presidente Fernando Clavijo, hay que añadir las demandas económicas que están poniendo sobre la mesa los dos principales grupos de la oposición, PP y PSOE, que suman más de 500 millones de euros. Algunas de estas peticiones las han puesto populares y socialistas como "líneas rojas" para dar su conformidad a los presupuestos.

El principal caballo de batalla de las negociaciones es el gasto en Educación. La oposición exige al Ejecutivo que incremente los fondos destinados a este servicio público si quiere cumplir con lo que establece la Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, que fija en el año 2022 como objetivo para destinar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) a la enseñanza. En la actualidad el gasto público educativo supone alrededor del 3,6% del PIB y tanto el PSOE como el PP exigen que al menos se incremente hasta el 4% en 2019, lo que supone entre 230 y 250 millones de euros más.

También en el ámbito educativo se encuentra la demanda de socialistas y populares para que la Comunidad Autónoma incremente significativamente su aportación a la educación infantil de 0 a 3 años, ya que Canarias se encuentra a la cola con un 5,2% de los niños de esta edad escolarizados frente a la media estatal, que es del 19,3%. Actualmente la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico destina unos seis millones de euros a este segmento de la educación y para alcanzar a otras comunidades que sí financian con más fondos a las escuelas infantiles habría que alcanzar 50 millones de euros más y unas 11.000 plazas nuevas.

Las políticas sociales también forman parte del paquete de demandas de la oposición. El Parlamento tramita actualmente la Ley de Servicios Sociales y el PP ha puesto sobre la mesa que la Comunidad Autónoma destine el 10% del presupuesto en tres años a esta parte del gasto social. En la actualidad se destinan cerca de 400 millones de euros y supondría duplicar la partida global ya que el presupuesto global de la Comunidad es de unos 8.000 millones de euros.

Los populares esperan que esta demanda se negocie en las próximas semanas para que den su aprobación a la ley, lo que significa que ya en las cuentas de 2019 debería reflejarse el incremento presupuestario para políticas como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), dependencia, ayudas de emergencia, etcétera.

Pensiones no contributivas

En este ámbito el PSOE también tiene sus exigencias específicas. Por un lado, los socialistas vuelven a poner sobre la mesa que la Comunidad Autónoma aporte fondos propios para complementar e incrementar las pensiones no contributivas en el Archipiélago como hacen otras comunidades. El PSOE advierte que este asunto y la Educación son "líneas rojas" para respaldar las cuentas. El Ejecutivo ha alegado hasta ahora que se trata de una competencia del Estado, por lo que es la Administración central la que debe incrementar la partida ya que Canarias es una de las comunidades donde estas pensiones son más bajas.

Los socialistas mostraron el año pasado su disconformidad con las bonificaciones y deducciones fiscales introducidas en el presupuesto autonómico, tras las negociaciones entre CC y PP para lograr el respaldo de los populares a las cuentas. El PSOE exige que las deducciones al IRPF y a otros tributos estén en consonancia con el nivel de renta de los beneficiarios ya que los que entraron en vigor este ejercicios son iguales para todos al margen de los ingresos. Las arcas autonómicas dejan de percibir más de 100 millones de euros por este tipo de bonificaciones.

En el ámbito más económico, el PP también pone sobre la mesa que se prolongue al menos dos años más la tarifa plana para los autónomos. Esta medida ha supuesto un alivio para estos profesionales y ha incrementado las personas que trabajan por cuenta propia. En la actualidad hay más de 125.000 autónomos en las Islas.

Pero si hay varias coincidencias entre las peticiones del PP y del PSOE, en donde hay profundas discrepancias es en el apartado de la fiscalidad. El PP insiste en una reducción generalizada de impuestos, entre ellos el IGIC, al considerar que el crecimiento económico, el incremento de fondos del Estado y la elevada recaudación permite a la Comunidad Autónoma aminorar la presión fiscal. Los populares quieren que el Gobierno de CC se retrate: o el modelo del PP con menos impuestos o la "voracidad fiscal" del PSOE.

En este sentido, los socialistas rechazan una rebaja general de impuestos si eso significa poner en riesgo el actual nivel de prestación de los servicios públicos esenciales y, sobre todo, cuando las demandas que se están realizando suponen un incremento del gasto social de la Comunidad Autónoma, que actualmente supone siete de cada 10 euros del presupuesto global.

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