Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, comparece hoy en el Parlamento regional a petición propia para explicar todos los pormenores del conocido como caso Grúas y defender que todas las actuaciones que realizó cuando era alcalde de La Laguna, en el año 2014, no sólo se ajustaron a derecho y fueron legales sino que, además, fueron movidas por el interés general de los ciudadanos del municipio tinerfeño.
El presidente solicitó comparecer en el pleno urgentemente después de que la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, Celia Blanco, remitiera la causa a finales de agosto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tras el informe realizado por el fiscal Santiago Sánchez, que encontró indicios de prevaricación y malversación en la concesión de un préstamo a una empresa de grúas de 120.000 euros, que se hizo con el fin de pagar las nóminas de los trabajadores, y que fue devuelto con intereses y antes de tiempo. Ambos habían sobreseído el caso hace un año y ahora lo remiten al Alto Tribunal sin aportar nuevas pruebas.
La portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, expuso ayer que el presidente comparecerá "con toda la tranquilidad" y recalcó que "está en el ADN" de Clavijo "dar un paso adelante y dar todas las explicaciones" sobre cuestiones que le afectan. Clavijo y su partido, CC, sostienen que es una denuncia meramente política con el fin de desgastarlo y más ahora, que ha sido designado por su partido como candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones autonómicas de 2019. El TSJC debe decidir aún si lo investiga o no.
1 ¿Por qué comparece hoy el presidente en el Parlamento regional?
Fernando Clavijo quiere dar todo tipo de explicaciones para demostrar que el proceso para la concesión en 2014 por parte del Ayuntamiento de La Laguna a Autogrúas Poli de un préstamo de 120.000 euros -aprobado por la Junta de Gobierno Local- ante los graves problemas económicos de la empresa y la necesidad de mantener el servicio y las nóminas de los empleados, fue una operación absolutamente ajustada a derecho y legal. La compañía devolvió los 120.000 euros antes de tiempo, en seis meses, con intereses incluidos, sin provocar ningún perjuicio económico a las arcas municipales. Además, el Ayuntamiento evitó tener que hacerse cargo de las grúas con sus propios medios, lo que sí habría provocado un problema económico.
2 ¿Cuándo empieza la investigación judicial?
La investigación judicial comienza en abril del año pasado, 14 años después del inicio de la privatización de las grúas, al denunciar dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna -Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias- presuntas irregularidades en la concesión a Autogrúas Poli del préstamo y la prórroga del servicio de retirada de vehículos. Acuden a la justicia después de considerar que la comisión de investigación del Consistorio, presidida por Antonio Alarcó (PP), se había cerrado en falso, sin determinar la depuración de responsabilidades. La juez archiva la causa tres meses después de la denuncia.
3 ¿Por qué se remite al TSJC un año después de sobreseerse la causa?
El 15 de junio de 2017, la juez Celia Blanco, con el apoyo del fiscal Santiago Sánchez, archiva la causa al no hallar ningún indicio de delito en la actuación del Gobierno municipal lagunero. Incluso, el propio fiscal aboga por el rechazo de los recursos presentados por los partidos de la oposición denunciantes. Pero los grupos recurren y la Audiencia Provincial les da la razón, ordenando la reapertura del procedimiento. La Audiencia entiende que la titular del Juzgado Número 2 de La Laguna lo sobreseyó de forma "precipitada". Un año después de archivar el caso, el pasado 27 de julio, el mismo fiscal, Santiago Sánchez, cambia de opinión y ve indicios de los delitos de prevaricación y malversación en la gestión de las grúas, tesis que la juez hace suya también, sin que se aporten nuevas pruebas en la causa, y opta por remitirla al Alto Tribunal.
3 ¿Qué indicios ve ahora el fiscal y la juez?
Clavijo, dentro de sus atribuciones como alcalde, levantó los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión del préstamo en el decreto 858/2014 de 18 de junio de 2014, avalado por un informe externo de dos catedráticos, Francisco Villar y Francisco Clavijo. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó la medida extraordinaria del préstamo en una reunión celebrada seis días después, el 24 de junio de 2014, y que fue presidida por el socialista Javier Abreu como alcalde accidental al encontrarse Clavijo ausente. La operación fue aprobada por unanimidad en la Junta de Gobierno al entenderse que se debía garantizar el pago de la nómina de los trabajadores. El fiscal sostiene que, si se analiza el préstamo concedido por Clavijo en el citado decreto, se observa que no se establece plazo alguno para su devolución. Sánchez mantiene que "la voluntad de Clavijo era la concesión del préstamo aún sabiendo la ilegalidad del mismo, por así habérselo advertido el interventor", motivo por el que cree que pudo cometer el delito de prevaricación. El fiscal ve indicios de malversación al establecerse en el referido decreto la autorización del préstamo sin regulación legal, plazo y fianza para garantizar su devolución. En la Junta de Gobierno Local del 24 de junio se deja claro que el préstamo es para pagar las nominas de los trabajadores, con un 4% de interés, y, según el acta, "la restitución del importe de la operación de préstamo se realizará con cargo a las verificaciones futuras, previsiones de precios o cualquier otro derecho económico que se pudiera generar a favor de la concesionaria con el límite temporal de la fecha de finalización de la medida cautelar de intervención y asunción temporal del servicio". Por tanto, se establece un plazo de devolución. El fiscal observa otra irregularidad: "La garantía del cumplimiento del préstamo no puede ser la fianza constituida con anterioridad en el contrato de concesión del servicio, que nada tenía que ver con la concesión del préstamo". Según figura en el acuerdo de la Junta de Gobierno, concretamente en el punto 4, la cuantía de la fianza fue de 182.427 euros.
4 ¿Quiénes están investigados?
Hasta ahora están investigado José Alberto Díaz, sucesor de Clavijo en la Alcaldía y anterior concejal de Seguridad cuando se concedió el préstamo. Se le acusa de emitir informes que favorecieron una presunta operación irregular. El segundo investigado es el concejal de Obras Públicas, Antonio Pérez-Godiño, al que se le investiga por firmar el decreto, como alcalde accidental, que prorrogó el contrato a la empresa. Autogrúas Poli devolvió los 120.000 euros, más intereses, antes de que concluyera la intervención, aunque ni así la empresa consiguió solventar sus graves problemas económicos, que llegaron a tal extremo que ocho meses después de resolverse el crédito, en agosto de 2015, Grúas y Servicios Adeje, del empresario José Luis Tacoronte, compró Autogrúas Poli, se hizo con las grúas de La Laguna, asumió deudas de más de 700.000 euros y se puso fin a la intervención municipal.
5 ¿Los denunciantes del caso Grúas apoyaron el crédito que indaga el TSJC?
Se da la circunstancia que los principales promotores de la denuncia del caso Grúas exigieron al Ayuntamiento de La Laguna que salvara a la empresa concesionaria para garantizar el pago de las nóminas a los trabajadores debido a su insolvencia. De hecho, en distintos plenos municipales los concejales de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez y Juan Ignacio Viciana, intervinieron o presentaron mociones en 2014 en las que no se opusieron a la fórmula ideada por el grupo de gobierno de dar un crédito para solventar los problemas financieros del concesionario del servicio de grúas.
Pérez expuso en relación con los reparos puestos por la Intervención a la modificación presupuestaria que "aunque el interventor formule reparos, en Derecho existe la llamada causa de justificación si se invoca la necesidad de urgencia, que en este caso la hay y por eso no lo vamos a considerar contrario a derecho", dada la situación de insolvencia en el que se hallaba la empresa.
Santiago Pérez ha puesto en duda en reiteradas ocasiones la actuación de la Justicia, cuestión que ha criticado el alcalde de La Laguna. El exsocialista y actual concejal de XTF-NC criticó el archivo de la causa por parte de la magistrada de La Laguna y del fiscal, después el papel de ambos cuando se interrogó en sede judicial al alcalde del municipio, José Alberto Díaz, y ahora advierte sobre las "presiones" que desde los ámbitos del Gobierno puede recibir la Sala del TSJC para condicionar su imparcialidad en este caso.
