La sombra de unas elecciones generales anticipadas vuelve a poner en la picota los dos proyectos legislativos más importantes relacionados con Canarias cuya tramitación transcurre en su recta final en las Cortes Generales, las reformas del REF económico y del Estatuto de Autonomía. Las dudas del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sobre su capacidad de para agotar la legislatura, reconocidas el domingo en una entrevista televisiva, dejan en suspenso el futuro de ambos proyectos, a los que sólo les resta su paso por el Senado pero que decaerían si antes de culminar ese trámite hay una disolución de las cámaras. Aunque todo apunta que un hipotético adelanto electoral no se produciría en ningún caso antes de finales de año, la sola posibilidad de que la inestabilidad política por la extrema debilidad parlamentaria del Ejecutivo socialista aboque a unas elecciones este mismo año ha encendido las alarmas en el Gobierno de Canarias y en la mayoría de los partidos de las Islas.
Tanto el REF como el Estatuto tienen ante sí un horizonte de tres meses para culminar sus respectivas reformas, si se cumple el calendario previsto. Pero las declaraciones de Sánchez vuelven a sembrar inquietud por sus posibles consecuencias sobre dos de los pilares básicos de la agenda canaria que se pretende desarrollar en la presente legislatura.
De momento, ambos proyectos se encuentran a la espera de que el Congreso remita al Senado los dictámenes aprobados la semana pasada, el REF el día 10 en la Comisión de Hacienda con capacidad legislativa plena, y el Estatuto en el pleno del jueves día 14. Los dos serán publicados en el Boletín Oficial del Senado el viernes próximo, y serán calificados en la Mesa de la Cámara alta el martes siguiente, donde previsiblemente se incluyan para su toma en consideración en el pleno del día 9.
Fuentes del Senado avanzan que hay una propuesta para que el REF y el Estatuto se tramiten conjuntamente, es decir, con los mismos plazos en todo momento durante su trayecto por esa Cámara, pero que no se hará por la vía de urgencia, sino el procedimiento habitual. Eso implica que la tramitación no se ajustará al plazo de 20 días que conlleva esa modalidad, sino que se prolongará por tiempo de dos meses a partir de la fecha antes indicada. Tras la toma en consideración, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas y se crearán sendas ponencias para que analicen y discutan las propuestas de los distintos grupos, antes de que pasen a la comisión de Hacienda, el REF, y a la Comisión General de Comunidades Autónomas, el Estatuto.
Fuentes de los distintos partidos, entre ellos el PP, con mayoría absoluta en todos y cada uno de los órganos de gobierno y comisiones en el Senado, aseguran que la idea inicial es de no realizar modificación en ninguno de los dos proyectos, sobre los que se cerró un acuerdo en el Congreso entre una gran mayoría de fuerzas políticas, junto a los populares, el PSOE, CC y NC. No habrá enmiendas, por tanto, de ninguno de estos partidos, mientras que se da por hecho que se rechazarán las enmiendas de los demás grupos. De esta forma, las dos propuestas legislativas podrán culminar su paso por el Senado a mediados de diciembre para su publicación inmediata en el BOE y posterior entrada en vigor.
Ambos proyectos necesitan el aval del Parlamento de Canarias, pero mientras el REF lo obtendrá en los próximos días, antes de abordarse en el Senado, para dar el visto bueno a las modificaciones realizadas en el Congreso y no lo necesitará por tanto de nuevo si no se introducen cambios en la Cámara territorial, el Estatuto tendrá el visto bueno de los diputados regionales una vez concluya la tramitación en las Cortes. En todo caso, la idea generalizada entre la mayoría de las fuerzas políticas canarias es que, si no hay bloqueo consciente por parte del PP como grupo con mayoría absoluta en el Senado, las dos nuevas leyes estarán en vigor antes de que finalice el año.
Esta cuestión es esencial porque de ello dependerá que los dos texto actualizados entren en vigor antes de 2019 y no decaigan si, llegado el caso, hay un adelanto electoral en esos plazos.
Tanto el Estatuto como el REF tendrían que partir de cero si no culminan su entrada en vigor esta legislatura, porque una disolución de las Cortes por parte de Sánchez conllevaría la anulación de todo lo realizado hasta ahora para ambos casos. En el del Estatuto se mantendría la iniciativa legislativa remitida por el Parlamento hace tres años si éste no decide retirarlo, y necesitaría de una nueva calificación por parte del Congreso surgido de las nuevas elecciones, mientras que el REF decaería en su totalidad, es decir, incluso la proposición de ley del Gobierno que la sustentaba y que luego se aprobó tramitar como proyecto de ley.
El temor a un escenario de este tipo es el que ha llevado a los líderes políticos canarios a buscar compromisos en las fuerzas parlamentarias en Madrid. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, lo reclamaron tras la aprobación el jueves de la reforma estatutaria en el Congrseo. Clavijo, de hecho, trasladó esta preocupación al líder del PP, Pablo Casado, durante la entrevista que ambos mantuvieron en Madrid el pasado día 5, reclamando a los populares que, como formación con mayoría absoluta en el Senado, facilitaran esa tramitación.
Ayer mismo Clavijo insistió en esta necesidad aunque paralelamente se mostró "partidario" de convocar elecciones generales anticipadas porque, según él, la situación del Gobierno de Sánchez es "insostenible".
