El tira y afloja entre Canarias y el ministerio de Fomento sobre la firma del nuevo convenio de carreteras podría estar viviendo sus últimos estertores. Ambas partes han intensificado los contactos en los dos últimos días y están a punto de cerrar un acuerdo definitivo tras superar las "pegas" de carácter técnico que el ministerio planteaba al borrador remitido por el Gobierno regional, algunas de ellas sobre los plazos de ejecución, pero fundamentalmente sobre la forma de pago de las anualidades del nuevo plan viario para los próximos ocho años, con una inversión total prevista de 2.000 millones.
El retraso de casi un año y las dudas surgidas en torno al nuevo documento ponía en riesgo la continuidad de muchas de las obras sin terminar del anterior convenio -concluyó el 31 de diciembre de 2017-, pero los avances de las última hora llevan al Gobierno de Canarias a confiar en que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anuncie la fecha de la firma durante su próxima visita a las Islas el próximo 29 de este mes.
La advertencia lanzada el pasado lunes por el vicepresidente canario y consejero de Transportes y Obras Públicas, Pablo Rodríguez, sobre los riesgos del retraso, y sobre la posibilidad de reclamar la ejecución inmediata de la deuda de 763 millones por parte del ministerio en aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo por incumplimiento del anterior convenio, ha hecho reaccionar al equipo de Ábalos. Los técnicos del ministerio han concretado ya las objeciones que ponían al borrador de nuevo convenio que le había remitido Canarias y ayer se estaban trasladando a la consejería, según fuentes de ambos ejecutivos. Esas reservas del ministerio han sido asumidas por la consejería y ambas partes se encaminan, al menos aparentemente, hacia un acuerdo final para una inminente firma del documento.
El ministerio había señalado el día anterior que se encontraba a la espera de recibir la contestación de la consejería y que "la pelota está en el Gobierno de Canarias", aunque en realidad la propuesta de modificación del documento no se había trasladado formalmente y se esperaba recibir a lo largo de ayer, según fuentes de la consejería. Un portavoz del departamento de Ábalos confirmó a este periódico que la principal "pega" era la pretensión del Ejecutivo regional de seguir recibiendo la totalidad de la financiación anual al inicio de cada ejercicio, y que Canarias certificara, como ha hecho hasta ahora, la ejecución presupuestaria de los proyectos al año siguiente. De hecho, la reforma del 2015 de la ley del Régimen Jurídico del Sector Público sólo permite transferir un porcentaje de la financiación prevista para este tipo de convenios, por lo que el Estado ha rechazado la parte del borrador del convenio de carreteras que no respetaba este condicionante legal.
Insistentes llamadas
El consejero canario asegura que, "si es esa la causa por la que el ministerio daba largas a la firmar el convenio, no vemos ningún problema en modificar el borrador, porque no queremos incumplir ninguna ley estatal". Pero aclara que este asunto ya se abordó en las negociaciones de las últimas semanas y que el ministerio seguía sin remitir a Canarias ningún texto alternativo, hasta que ayer estaban en trámite de hacerlo. Otra de las cuestiones planteadas por el equipo de Ábalos es que Canarias sólo había justificado en sus certificaciones de obras 425 millones del total de 763 a que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo por los incumplimientos de los años 2012 a 2016, mientras que desde la consejería se alega que "esa es la cantidad que se gastó Canarias de sus propios fondos para paliar el incumplimiento del convenio", y que "el resto son fondos que se tienen que destinar a la adenda para poder finalizar las obras del anterior convenio". "Esto ya se abordó en la comisión de seguimiento del pasado día 6", resalta el consejero.
En todo caso, la insistentes llamadas desde el ministerio a la consejería en los últimos dos días han acabado por aclarar los términos en los que el nuevo convenio deberá recoger todo el plan de obras, su financiación y forma de pago, y han allanado el camino para que el ministro Ábalos pueda cumplir aún su compromiso, adquirido en su última visita de partido a La Palma a principios de agosto, de anunciar la fecha de la firma del nuevo convenio durante el mes de septiembre. De hecho, los socialistas canarios han realizado durante los últimos días gestiones con el objetivo de que las visitas a las Islas de Ábalos y otros dirigentes estatales, entre ellas la ministra de Política Territorial y Función Pública, Maritxell Batet, durante la próxima semana sirva para ello.
Junto al nuevo convenio, ambas partes también tienen que firmar las otras dos herramientas legales que garantizan la financiación futura de las obras ya en marcha pero cuya inversión estaba incluida en el convenio anterior. Una de ellas es la adenda de prórroga del convenio anterior para hacer frente a esas obras pendientes y algunas de las cuales tiene su plazo de finalización en el 2021, y la otra es el convenio sobre el acuerdo extrajudicial entre Canarias y el Estado para la ejecución de la sentencia del Supremo y mediante el cual esa deuda se irá prorrateando en los presupuestos estatales a lo largo de los próximos años. Este año esa partida ascendía a 101 millones del total de 307 millones consignados para la obras viarias.
Pablo Rodríguez insiste en que si a final de año no hay nuevo convenio, Canarias tendría que paralizar diez carreteras en construcción, entre ellas la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria hasta Arucas y los tramos complementarios de Pagador- Guía, en Gran Canaria; la autovía de Corralejo; la circunvalación de Tazacorte y la carretera Bajamar-Tajuya en La Palma o el tramo Ofra-El Chorrilo en Tenerife.
