Canarias se reafirma en su objetivo de poder contar con los casi 1.600 millones de superávit acumulado en sus cuentas públicas entre comunidad autónomas, ayuntamientos y cabildos para dar un impulso al gasto social y reforzar los servicios públicos esenciales que presta a los ciudadanos. En medio de un debate procedimental en las Cortes sobre la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria que daría cobertura a ese mecanismo de mayor financiación para comunidades autónomas y entidades locales, los gobiernos territoriales insisten en la necesidad de contar con esos ingresos extra para sus respectivas cuentas del 2019, aunque al menos en Canarias ya asumen que no llegarán a tiempo para la presentación de los proyecto presupuestarios en el Parlamento, que tiene como fecha límite el 30 de octubre.
Con todo, se mantienen las expectativas de que esos fondos pudieran incorporarse más tarde a través de una ampliación presupuestaria, un mecanismo que ya se ha utilizado en otras ocasiones.
Además de la Comunidad Autónoma, con 598 millones de superávit, también ayuntamientos canarios y cabildos apiran a la espera de disponer de esa herramienta para dar salida a sus respectivos balances positivos y que en cada caso ronda los 500 millones de euros. Sin embargo, entre los responsables de la Fecam (Federación Canaria de Municipios) y de la Fecai (Federación de Cabildos Insulares), las entidades que agrupan en cada ámbito a estas corporaciones, el clima es de "escepticismo", según confirmaron ayer a la vista de las complicaciones políticas y parlamentarias que se ciernen sobre los proyectos legislativos y presupuestarios que se deberían aprobar para lograr ese objetivo.
Por el momento, las lanzas siguen en alza porque el Gobierno central acaba de pronunciarse taxativamente y con claridad sobre su predisposición a la flexibilización de la regla de gasto para permitir el uso del superávit. Así se lo exigieron el pasado miércoles varios partidos en el Congreso durante la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de Estabilidad Presupuestaria, entre ellos CC y NC, que junto al PNV, ERC y el PDCAT, condicionaron su apoyo a la misma a que incluya esa posibilidad. Los portavoces de los dos partidos canarios, Ana Oramas y Pedro Quevedo, respectivamente, anunciaron que presentarán una enmienda en ese sentido.
Tanto el PP, como Podemos y Cs están dispuestos a apoyar estas enmiendas independientemente de su posición con el conjunto de la reforma propuesta por el Gobierno, de manera que la iniciativa saldría adelante.
En todo caso, los grupos políticos se mantienen a la espera de conocer la posición final del ministerio de Hacienda, que hasta ahora se ha opuesto en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde Canarias planteó esta cuestión y donde, en consecuencia, votó en contra de la anterior senda de estabilidad propuesta por el Gobierno.
Canarias sostiene que su superávit está sirviendo para compensar el déficit de las comunidades incumplidoras con los objetivos de estabilidad presupuestaria, y con el del Estado, mientras sigue sin poder hacer frente con toda su capacidad de gasto a las necesidades de mejora de la sanidad, la educación y los servicios sociales en el Archipiélago y en un marco de paralización de la reforma del sistema de financiación autonómica.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue sin dar una respuesta concreta, pero ha empezado a flexibilizar su posición inicial. El pasado miércoles aseguró que "se trata de un área claramente con posibilidades de me-jora", y resaltó la necesidad de "ponernos de acuerdo en cómo y de qué manera y empezar progresivamente, de forma ordenada, a ver la posibilidad de que los ayuntamientos puedan emplear ese mal llamado superávit que hasta la fecha solo lo hacían con inversiones financieramente sostenibles".
Proceso legislativo
Fuentes socialistas reconocen que hay más predisposición ha-cia las corporaciones locales porque "responde a una demanda generalizada desde hace varios años de todo el municipalismo", y en particular de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). En el caso de las comunidades autónomas, aunque también hay una petición de una mayor flexibilidad de la regla de gasto, el uso del superávit sólo afecta en estos momentos a las cuatro que disponen de él: Ca- narias, País Vasco y Navarra, y Baleares.
De ellas, sólo el Archipiélago dispone de una cantidad significativa cuyo uso tiene impacto importante en los presupuestos regionales. Y Canarias es, de facto, la única que reclama en el seno del CPFF esa modificación de la regla de gasto para poder usar el superávit.
El argumento del ministerio para mantenerse firme en su negativa es que la cesión completa del superávit de ayuntamientos y comunidades autónomas le supondrá una pérdida importante de porcentaje de déficit tanto del Estado como de las regiones con sus cuentas en negativo.
En ese marco, la polémica sobre el procedimiento legislativo y parlamentario para sacar adelante la reforma de la Ley de Estabilidad y evitar que el PP pueda bloquearla en el Senado con su mayoría absoluta, lo que impediría la presentación de unos nuevos Presupuestos estatales con esos nuevos objetivos macroeconómicos, deja en el aire la posibilidad de dar curso a la modificación de la regla de gasto.
La tramitación de esa reforma se va a alargar varios meses y eso impide de entrada que el superávit canario pueda incorporase al proyecto de presupuestos regionales. Canarias, sin embargo, cree que, incluso sin esa reforma, tendría opción a disponer de esos fondos extra a través de una propuesta que presentó al Gobierno central y sobre la que la ministra Montero aún no se ha pronunciado.
Esa propuesta, avalada por un informe de los servicios jurídicos y los técnicos de la consejería de Hacienda de Canarias, establece una regla de gasto individualizada dentro de los objetivos de estabilidad para las comunidades que cumplan tres requisitos: que presenten superávit en términos de contabilidad nacional en 2017; que cumplan con el déficit público y que esos requisitos se cumplan en la previsión de cierre del ejercicio de 2018. La propuesta, según el Gobierno regional, "no conlleva gasto alguno para el Estado ni perjudica a otras comunidades, ya que el dinero que esas comunidades cumplidoras podrán gastar proviene de su propia recaudación". Estos requisitos limitaría la aplicación de esa medida a los casos de Canarias, País Vasco y Navarra.
