Canarias acogió ayer con escepticismo y recelo la propuesta que baraja el Gobierno central para permitir a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales que tienen superávit el uso progresivo y gradual de los recursos ahora inmovilizados en los bancos para poder destinarlos, en sus próximos presupuestos, a la financiación de los servicios básicos que prestan a los ciudadanos. Sin rechazarla frontalmente, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosá Dávila, consideró que "no se trata de una propuesta seria", y exigió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "abra un diálogo" con las administraciones afectadas y les haga llegar "documentos" donde se exponga "con claridad" sus planteamientos.
Dávila insistió en que la posición del Ejecutivo canario sigue siendo la de la modificación de la regla de gasto para poder usar todo el superávit por parte de las administraciones que, como la comunidad autónoma canaria y la mayoría de ayuntamientos y cabildos canarios -que suman 1.600 millones 'ociosos' en los bancos- han cumplido con la senda de estabilidad en los años de las crisis, y que para ello no es necesario ni siquiera reformar la Ley de Estabilidad donde se establece esta cortapisa presupuestaria.
Esa la propuesta que el Gobierno canario trasladó en un informe a varios ministros y al propio presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. "Nosotros hemos hecho la tarea de expresarnos en documentos y en informes, lo que vemos al otro lado son anuncios sobre lo que sólo podríamos hacer elucubraciones sobre lo que oímos. Es muy difícil trabajar así", recalca la consejera.
Dávila considera que cualquier paso que se dé para una mayor disponibilidad de recursos propios por parte de las administraciones cumplidoras y saneadas es positivo, pero cree que lo que hasta ahora ha anunciado la ministra de Hacienda no puede ser valorado formalmente porque no explica técnicamente ni cómo se llevaría a cabo, ni su efecto práctico sobre la demanda de Canarias de poder contar con sus 598 millones de superávit.
"Sería positivo que se concrete en una propuesta formal, porque hay muchas dudas", afirma. "¿Qué significa un uso progresivo y gradual del superávit? ¿Cómo se piensa instrumentar? ¿En qué documentos se está trabajando?", se preguntaba ayer la consejera, que a renglón seguido reclamaba a la ministra "trabajar con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para cruzarnos documentos, que si quiere pueden ser de naturaleza confidencial y técnica hasta que lleguemos a un acuerdo". Pero, según ella, "en este momento no hay nada, sólo anuncios que conocemos por la prensa pero que no acaban de concretarse".
"No entendemos que es la progresividad que plantea. Esto lo tienen que mirar de forma seria los interventores, hay unas reglas de gobernanza fiscal y presupuestaria y habría que analizarlo en ese marco. Que la ministra lo concrete por escrito", reclamó.
La consejera insistió en que "hay una ley de Estabilidad que establece una regla de gasto que creemos que puede ser flexibilizada e individualizada, igual que lo es la deuda, y eso se puede hacer sin necesidad de cambiar esa ley, que es lo que Canarias ha defendido en todo momento".
Dávila, de hecho, se mostró muy crítica con el tipo de tramitación legislativa y parlamentaria que va a utilizar el Gobierno central para la reforma de la Ley de Estabilidad y la utilización de otra norma que no tiene nada que ver, como ardid para evitar un posible rechazo de la misma por parte del Senado. Es una argucia reglamentaria para aprobar una nueva senda de estabilidad, a la que Canarias se había opuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) precisamente por no contener la flexibilización de la regla de gasto y el uso del superávit. Con todo, el Gobierno regional sí defiende una tramitación ordinaria de la reforma de la ley de Estabilidad que se tomó en consideración el pasado martes en el Congreso y que en ella se incluya una enmienda en este sentido, tal como avanzaron que harán CC, NC y otros grupos parlamentarios.
"No sabemos cuál va a ser la tramitación de la ley de Estabilidad, ni cómo va a terminar. El presidente del Gobierno central debería actuar con altura de miras y utilizando el debate democrático en las Cámaras. Y la ministra, si quiere comunicarse con las comunidades autónoma y las corporaciones locales, lo que tiene que hacer no son anuncios en prensa, sino concretar y contestar a los documentos que se le han remitido", recalcó Dávila. "Vamos a seguir peleando y vemos que mayoritariamente los partidos están de acuerdo en la medida, pero cuando ves estas formas de actuar, no es la mejor manera de generar confianza", insistió.
Dávila confirmó que su departamento presentará un proyecto de Presupuestos regionales en octubre sin contar con el superávit porque "tenemos que actuar con el escenario actual", pero admitió que "deberíamos poder contemplar la posibilidad de que, si a lo largo del año se flexibiliza la regla de gasto, intentar arbitrar algo que permita hacer uso del superávit". Por eso consideró que "es importante que sea el ministerio quien aclare la situación".
