La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Los partidos ponen más límites a la contratación en Televisión Canaria

Reclaman más fiscalización y que el Consejo Rector ponga coto a la dirección general

Los partidos ponen más límites a la contratación en Televisión Canaria

La mayoría de los grupos políticos del Parlamento ponen coto a la contratación de programas y servicios del ente público Radiotelevisión Canaria e incrementan el control del Parlamento para garantizar los nombramientos de sus rectores y los objetivos del servicio público. Las enmiendas presentadas a las dos propuestas legislativas que modifican la norma aprobada en 2014 también buscan proteger los puestos de trabajo de la actual plantilla y ampliar las competencias del Consejo Rector frente a las atribuciones de la Dirección General del organismo.

La política de contrataciones del ente ha sido una de las cuestiones más polémicas de los últimos años, tanto en la etapa de Guillermo García como en la de Santiago Negrín. Los grupos introducen en las enmiendas distintas fórmulas para limitar la discrecionalidad del presidente o director general en esta materia. La Agrupación Socialista Gomera (ASG) propone, por ejemplo, que la Audiencia de Cuentas elabore en el primer semestre de cada año un informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por RTVC en el ejercicio anterior.

Nueva Canarias (NC) refuerza las competencias del Consejo Rector y acota los poderes del presidente para realizar contratos. El órgano colegiado del ente es el autorizado para las contrataciones o convenios iguales o superiores a un millón de euros o aquellos que se arrogue por su cuantía o importancia. Asimismo, otra de las enmiendas de la formación nacionalista establece una adecuación de la ley a la normativa vigente, de tal manera que la actividad contractual se debe adaptar a la ley de Contratos del Sector Público de 2017, derivada de la directiva de la Unión Europea.

El PSOE establece en una de sus enmiendas que la prestación de cualquier servicio en RTVC a través de terceros estará sujeta a la supervisión y control del consejo de administración y especialmente los que afecten a los servicios informativos. De hecho coincide con NC que debe ser el órgano de contratación de aquellos acuerdos con terceros que superen el millón de euros. Asimismo, todos los años se remitirá un informe al Parlamento sobre la gestión del ente público, así como certificaciones de los acuerdos adoptados por el consejo de administración.

Supervisión de la Cámara

El control de la Cámara regional que ya se incluye en la ley de 2014 se intensifica en las enmiendas presentadas por los grupos políticos. Algunos grupos van más allá en este nexo de dependencia del ente público con la institución legislativa. Un ejemplo es NC, que en una de sus enmiendas propone que el ente RTVC pase a estar adscrito orgánicamente al Parlamento en vez de al Gobierno como hasta ahora, mientras que Podemos lo que incluye en sus propuestas es que la adscripción del organismo sea al departamento de Cultura del Ejecutivo regional y no a Hacienda.

Todos los grupos matizan y reconfiguran los mecanismos para designar a los miembros del órgano de administración. Es curioso que existan diferencias entre varios grupos incluso sobre cómo debe denominarse. Así CC, PP y ASG lo llaman Junta de Control; NC prefiere mantener la denominación de Consejo Rector y el PSOE se inclina por Consejo de Administración. Son NC y Podemos los que demandan que la designación de los miembros del órgano de gobierno de RTVC sea a través de concurso público convocado por el Parlamento y con un comité de expertos para supervisar la adecuación de los mismos a los criterios establecidos. La mayoría de las enmiendas fija en tres quintos en primera votación y mayoría absoluta en segunda el quórum necesario para elegir a los miembros del consejo -máximo de diez y mínimo de cinco- y que el presidente o director general sea elegido también por la Cámara.

Una de las cuestiones que también se aclaran en las enmiendas de los grupos es que el administrador único seguirá ejerciendo su puesto hasta que se designe al director general o presidente del ente, aunque cese cuando entre en vigor la ley seguirá en funciones y con competencias limitadas controladas por el Parlamento.

En relación con el personal, es ASG la que introduce una enmienda específica en la que se pretende garantizar los puestos de trabajo de la actual plantilla, de tal forma que si la decisión es que los servicios informativos sean de gestión pública se tenga en cuenta la antigüedad de los trabajadores a la hora de fijar los criterios para el concurso oposición que se realice. Asimismo, el grupo mixto pretende que dentro de la oferta de empleo que se acometa tengan también los mismos derechos la plantilla que trabaja en las islas no capitalinas a través de subcontratas. Los miembros de la plantilla dependientes directamente del ente y no de la productora deben seguir siendo considerados empleados públicos en una futura reestructuración.

Compartir el artículo

stats