Como si no tuviera suficiente alcance el debate sobre la rebaja o no del IGIC turístico, otra reivindicación de carácter impositivo pesa sobre el sector en Canarias. La presión no viene en esta ocasión de fuerzas conservadoras, sino desde el otro extremo. Formaciones de izquierda como Nueva Canarias o Podemos, e incluso el PSC-PSOE aunque con matices, insisten en la conveniencia de implantar una "tasa turística" en el Archipiélago. De hecho, ya la aplican desde hace años las otras dos principales regiones turísticas de España: Cataluña y Baleares, en cantidades que varían desde 0,25 céntimos a los 2,25 euros al día, en función del tipo de alojamiento y la duración de la estancia.
La "tasa turística" o "ecotasa" es, efectivamente, una de las seis categorías de tributación turística que contempla la OCDE: además de la entrada y salida de viajeros; el propio transporte aéreo; la reducción de los tipos al consumo a los alojamientos y los restaurantes (IVA o IGIC); y otros incentivos como deducciones a la inversión o reducciones en el impuesto de sociedades. Las "tasas turísticas" son de carácter finalista y están destinadas normalmente a su reinversión en conservación medioambiental, nuevas tecnologías, formación o eficiencia energética.
Su escasa capacidad recaudatoria y su posibilidad de frenar la llegada de visitantes, son los dos factores que condicionan su aplicación. Ni uno ni otro efecto ha quedado constatado por la experiencia de los destinos que han optado por introducirla, tanto dentro como fuera de España. Baleares, con un número similar de turistas que Canarias, recaudó 80 millones. Y el presidente de la patronal tinerfeña, Jorge Marichal, ha barajado cifras similares al recordar que la subida del IGIC al sector hotelero del 5% al 7% del año 2012 "se ha traducido en unos 100 millones extras anuales de recaudación, una cifra similar a la que piden ahora con la ecotasa". En cualquier caso, como señalaba estos días el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo: "No parece el momento más adecuado aplicarla cuando está comenzando a bajar el número de turistas, pudiera contribuir a frenar aún más su llegada".
Impuestos para invertir
En su informe sobre la fiscalidad en el sector turístico, la OCDE sostiene que la política fiscal aplicada al turismo no tiene solo una finalidad recaudatoria y llama la atención sobre "sus beneficios e impactos potenciales". Así, la organización internacional califica la fiscalidad turística como "una de las herramientas más relevante para proveer inversión suficiente para infraestructuras y servicios".
En Canarias, sin embargo, los ingresos obtenidos directamente por la recaudación turística apenas han repercutido en la mejora del destino, bien para financiar obras de infraestructura pública (desde plazas, paseos marítimos o equipamientos culturales) o bien para cubrir servicios necesarios para mejorar la calidad del destino. O atender la población flotante que los municipios turísticos no pueden afrontar directamente con sus propios recursos: "Nuestra actitud no es de pedigüeños, estamos dispuestos a aportar también financiación al plan de infraestructuras", dijo al alcalde San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, a la ministra de Turismo al reclamar la reactivación del Plan de Infraestructuras".
"La actividad turística es materia imponible bajo una amalgama tributaria pero, a su vez, la fiscalidad es un instrumento administrativo proveedor de recursos que debe ponerse al servicio de la política turística", concluye el estudio de la investigadora de la Universidad de La Rioja, Laura Pastor, La fiscalidad del turismo desde una perspectiva internacional.
