Se complica aún más la negociación del nuevo convenio de carreteras. El Ejecutivo canario no está dispuesto a aceptar el acuerdo extrajudicial que le ha puesto sobre la mesa el gobierno de Pedro Sánchez para saldar la deuda de 865 millones de euros que el Estado tiene con la Comunidad Autónoma por impagos de los convenios del período 2012-2016. Unos impagos que ha de satisfacer por imperativo del Tribunal Supremo (TS). No en vano, la propuesta que el Ministerio de Fomento envió al Ejecutivo regional la semana pasada implicaría, de ser aceptada en sus actuales términos, que el Gobierno del Archipiélago solo pudiera destinar el dinero para el pago de deuda, o lo que es lo mismo: un dinero que el Estado debió transferir en su día para nuevas carreteras no podría emplearse, paradójicamente, en la red viaria de las Islas. Tampoco en sanidad, políticas sociales o cualquier otro fin que no sea pagar deuda, y ello aun cuando Canarias es uno de los territorios del país sin problemas de endeudamiento, lo que sí ahoga, por ejemplo, a regiones como Cataluña.
Son tres las sentencias del TS que obligan al Gobierno central a transferir a las arcas autonómicas ese montante de 865 millones -incluidos los intereses- que en su día no abonó y parte del cual puso Canarias de su bolsillo para no paralizar las obras en marcha. La excusa para no ingresar los fondos fue la crisis económica que tanto menguó los recursos públicos, un hecho que no justifica la decisión unilateral de romper lo acordado en los convenios de carreteras, tal como ha dejado claro el Supremo. El Ejecutivo canario pactó en su momento con el depuesto gobierno del PP un acuerdo extrajudicial en virtud del cual el Estado transferiría cada año a la Comunidad algo más de 107,7 millones durante ocho anualidades, hasta cubrir el total de la deuda. Este se incluiría como adenda al nuevo convenio de carreteras, a la espera de firma desde hace meses.
Pero acaso lo más importante es que ese dinero quedaría exceptuado de la temida regla de gasto. Y ¿qué quiere esto decir? Pues que Canarias podría destinarlo para carreteras, sanidad o cualquier otra necesidad, ya que en caso contrario quedaría cautivo para el pago de deuda pública.
Sin embargo, el texto de Fomento cambia sustancialmente lo acordado. Fuentes del Gabinete regional explicaron ayer que el Gobierno socialista pretende ahora un primer pago de alrededor de 430 millones -la parte que tuvo que adelantar Canarias- que, lejos de satisfacer los intereses de las Islas, embrolla más el conflicto.
El caso es que Canarias, una de las comunidades menos endeudadas del país, viene exigiendo a la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se flexibilice la regla de gasto y le permita destinar su superávit a inversión social y no exclusivamente a saldar deuda, puesto que esta no es una necesidad imperiosa en el caso de las Islas. Sin embargo, lejos de atender la petición, ese pago de 430 millones acabaría por engordar el superávit de las Islas y, por tanto, y en última instancia, por quedar inutilizado en el banco para cualquier cosa que no sea saldar deuda.
Para más inri, el principal acreedor de las Islas es el propio Estado, por los mecanismos extraordinarios de financiación como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), de forma tal que el dinero regresaría a su origen, a Madrid, sin beneficio directo para los canarios.
El Ejecutivo regional siente que el laberinto respecto al convenio de carreteras se hace más intrincado, después de que la semana pasada se lograra dar un paso adelante en las relaciones con Fomento y agilizar el cruce de documentación.
Se complica, por contra, porque el acuerdo extrajudicial ha de cerrarse antes de fin de año para que pueda presentarse ante la justicia, lo que se suma a la negativa de Fomento a que las futuras cuantías, al menos una parte, se transfieran por anticipado, de modo que se bloquea también la posibilidad de que la Consejería de Obras Públicas pueda comenzar a tramitar la ejecución de las obras.
La portavoz del Gobierno regional, Rosa Dávila, dejó ayer claro al término del Consejo de Gobierno que el texto de Fomento "no es satisfactorio". Dávila no pudo ocultar su sorpresa, además, por el hecho de que se incluyera el escudo del Consell de Ibiza en el documento: "Por ahora, Ibiza no pertenece a Canarias", recordó a Fomento.
