El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dejó claro ayer que no se siente atado por los acuerdos a los que llegaron en su día el depuesto gobierno de Mariano Rajoy y la Comunidad Autónoma. Ábalos defiende el borrador del acuerdo extrajudicial remitido por su departamento a Canarias para el pago de la deuda de 865 millones del anterior convenio de carreteras al que le obligan varias sentencias del Tribunal Supremo. Fomento insiste en un primer pago inmediato de unos 430 millones -la parte correspondiente a los fondos que Canarias tuvo que poner de su bolsillo para evitar paralizar las obras en ejecución cuando el Gobierno del PP decidió congelar el convenio a causa de la crisis - y no parece dispuesto a liberar esa cantidad del corsé de la regla de gasto, tal como se había pactado con el anterior responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es decir, ese dinero que llegue de Madrid solo serviría para engordar el superávit del Archipiélago y, en definitiva, para saldar deuda pública. O lo que es lo mismo: no podría emplearse ni en nuevas infraestructuras ni en servicios públicos como sanidad o educación. Ello cuando Canarias es precisamente la comunidad menos endeudada del país y la que mejor ha cumplido, tal y como reconoce el Ministerio de Hacienda, las obligaciones de la Ley de Estabilidad merced a la restricción de su gasto en los años precedentes.
Ábalos sostuvo ayer en los pasillos del Congreso que el documento remitido a Canarias la pasada semana "está ajustado a derecho" y cumple con "todos" los requisitos "legales y jurídicos" que debe contener este tipo de acuerdo entre administraciones. Si el acuerdo de Canarias con el PP era que esos pagos por las anualidades que quedaron pendientes entre los años 2012 y 2016 no tuvieran que computar en la regla de gasto, "no sería el primero que no se puede cumplir porque jurídicamente no es posible o porque no contempla financiación".
En esta línea, aseguró que algunos de los compromisos del ejecutivo del PP con el Archipiélago, como el incremento de las subvenciones al transporte aéreo de pasajeros para este año, no tenían partidas presupuestarias asignadas y que el actual equipo del Ministerio ha tenido que utilizar fondos ajenos a los previstos para las Islas.
Rechazó por ello el estigma de que Canarias no esté siendo una prioridad para su departamento, como sostiene el Ejecutivo regional, y eludió comparar las negociaciones entre ambas administraciones sobre los diferentes convenios pendientes con el caso del reciente acuerdo con Cataluña para el pago de 1.459 millones de deuda a esta comunidad. Asimismo afirmó que algunas de las cantidades de la deuda a que se refieren las sentencias del Supremo no están plenamente justificadas por el Ejecutivo canario en las respectivas certificaciones de obra.
Ábalos insistió en que en los tres meses del Gobierno de Pedro Sánchez "hemos ido cumpliendo con todos los compromisos", poniendo como ejemplo el convenio de vivienda firmado recientemente y la puesta en práctica, "en tiempo récord", del 75% de descuento en los vuelos de los residentes a la Península, y en que su voluntad es "firmar el nuevo convenio de carreteras cuando hayamos cumplido con todos los trámites y los procedimientos que jurídicamente son necesarios". Si bien no especificó qué dificultades impiden poner una fecha a esa firma.
En todo caso, Ábalos aseguró que el Ministerio tiene intención de transferir de inmediato a Canarias "todos los fondos para carreteras que están recogidos en los presupuestos de este año". "No quiero polémicas. Todo el presupuesto del 2018 para Canarias lo vamos a transferir ya, pero eso exige unos trámites", ahondó.
El ministro anunció al tiempo que por motivos de agenda ha tenido que suspender el viaje que tenía previsto realizar el sábado a Tenerife, pero aseguró que eso no tiene nada que ver ni con la imposibilidad de dar una fecha para concretar la firma del nuevo convenio de carreteras ni con la tensa relación del Ministerio con el Gobierno de Canarias, y tampoco con las críticas que ha recibido en los últimos días por parte del presidente regional, Fernando Clavijo, por la gestión de los asuntos canarios relacionados con el departamento.
Tampoco quiso entrar en la acusación de Clavijo -que en apenas un mes, el 25 de octubre, se reunirá con Sánchez- de que el Ministerio quiere hurtar a las Islas los 430 millones de la deuda que les transferirá ahora en cumplimiento de las sentencias del Supremo, pero recordó que los fondos para carreteras transferidos a la Comunidad Autónoma suponen un alto porcentaje del total que el Estado destina al conjunto del territorio nacional para obras de este tipo. Afirmó en este sentido que "nuestra voluntad es resolver cuanto antes todo lo que está pendiente".
En cambio, en el Gobierno canario cada vez se abre más paso la idea de que los convenios pendientes de firma -no solo el de carreteras, también los de infraestructuras turísticas, obras hidráulicas...- son víctima de la necesidad de Sánchez de contentar a los independentistas.
En este sentido, en el Ejecutivo regional no solo se muestran contrariados por la aparente facilidad con que Gobierno central y Generalitat han acordado la transferencia a las arcas catalanas de 1.459 millones, lo que contrasta con las dificultades para sacar adelante los convenios con Canarias, sino que, además, temen que la política de concesiones de Sánchez acabe por "colectivizar" la deuda de Cataluña, la friolera de 54.000 millones de euros. "Los canarios no vamos a pagar la deuda de Cataluña", avisó la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, visiblemente molesta tras conocer que en la cumbre Gobierno- Generalitat se puso sobre la mesa el asunto de la deuda, que atañe a todas las autonomías y que, por tanto, argumentó, debe discutirse en una Conferencia de Presidentes o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
"No puede ser que a Canarias se le niegue que aproveche su superávit, que es dinero de los canarios, y que se dé esos recursos a Cataluña", se quejó la consejera, que ahondó así en las palabras que horas antes había lanzado Guadalupe González Taño, la secretaria de Organización de su partido, Coalición Canaria, acusando al Gobierno central de "faltar al respeto a los canarios al premiar con un cheque de 1.459 millones a sus socios independentistas de Cataluña mientras mantiene congelado el diálogo con el resto de las comunidades".
Desde las filas del PSOE, su secretario general en la región, Ángel Víctor Torres, pidió al Ejecutivo de las Islas y a su presidente que "abandonen la crispación, se sienten a negociar y dejen de echar las culpas de su mala gestión a otros". Torres aseguró, sobre la deuda de carreteras, que los fondos "no se pusieron en los presupuestos por culpa del PP", que "es el que fue condenado por retirar cerca de 800 millones." El representante del PSOE agregó que si ahora no se ha logrado transferir esa cantidad es por la Ley de estabilidad que el PSOE "quiere derogar" y que hizo el PP, "norma que obliga a que ese dinero tenga que ir destinado justamente a deuda".
Desde Ciudadanos, su portavoz, Mariano Cejas, pidió al PSOE que no mire para otro lado "y exija a Sánchez que cumpla con las Islas".
