Los responsables judiciales, militares y de la Guardia Civil, las autoridades tinerfeñas y españolas, y los partidos políticos "intentaron tapar y entorpecer en vez de aclarar" las responsabilidades del asesinato del estudiante grancanario Javier Fernández Quesada el 12 de diciembre de 1977 -en plena Transición- en las escalinatas del campus central de la Universidad de La Laguna (ULL). Lo asegura la única persona que ha tenido acceso y ha analizado toda la documentación de un caso que conmocionó a Canarias: la investigadora granadina Rosa Burgos. Pero a partir de ahora, y gracias a ella, será una conclusión que podrá comprobar quien lo desee.
La revista digital El Observador acaba de sacar a la luz todos los documentos de una investigación que nunca se cerró por el asesinato del estudiante de Biología de 23 años durante una carga de la Guardia Civil con disparos. "Son más de 600 folios en los que se ve con claridad que no se quiso investigar lo ocurrido y que nadie estuvo a la altura", asegura Burgos. Ha sido la propia escritora la que ha dirigido el volcado del dossier Fernández Quesada en El Observador. Burgos se topó con este suceso ocurrido en Tenerife cuando buscaba la documentación de otro caso para escribir su primer libro, La muerte de García Caparrós en la transición política. Esta obra narra lo ocurrido en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, durante la cual el joven García Caparrós murió por el disparo de un agente de la Policía Armada. "En la misma caja donde estaba el dossier de Caparrós de la comisión de encuesta del Congreso de los Diputados figuraba el de estudiante canario".
"Desde el primer momento me llamó la atención el caso de Javier Fernández Quesada y cómo todas las autoridades y políticos participaron en la ocultación de lo ocurrido, incluso los progresistas", explica la investigadora. De tal forma que Burgos escribió dos libros sobre el estudiante nacido en Las Palmas de Gran Canaria: El sumario Fernández Quesada. ¿Una transición modélica? (Ediciones Idea, 2008) y La bala que cayó del cielo. Crimen de Estado: el caso Fernández Quesada (Ediciones El Garaje, 2012). Pudo acceder a los documentos gracias a sus conocimientos como secretaria judicial, aparte de por su interés en investigar estos tristes hechos ocurridos durante la transición de la dictadura a la democracia, en un momento en el que todavía había acciones represoras propias de la inercia del franquismo. Aclara, eso sí, que fue más sencillo de lo que pensaba: "Los pedí formalmente y me los dieron".
El Observador, además de tener una revista digital, posee una editorial, precisamente la que publicó las investigaciones de Rosa Burgos sobre Caparrós. "Tenía relación con El Observador y les dije a sus responsables que podía ser interesante publicar toda la documentación de los dos casos. Al ser una editorial andaluza, les interesaba sobre todo el caso de García Caparrós. Pero les convencí de que lo hiciéramos también con el de Fernández Quesada. Y accedieron sin problema. Es una simple cuestión de transparencia, de defender el derecho de los ciudadanos a saber qué ocurrió".
El sumario y la comisión
Los más de 600 folios, que ya se pueden consultar en la web de la revista El Observador ( www.revistaelobservador.com/79-fernandez-quesada/), corresponden por un lado al sumario judicial, que luego pasó a la jurisdicción militar, del asesinato del joven en las instalaciones de la ULL. Burgos los solicitó a la Capitanía General de Santa Cruz de Tenerife. Aparecieron en una caja en la que ponía: "Muerte ocurrida en la Universidad el 12 de diciembre de 1977". La otra parte corresponde a la comisión de encuesta celebrada en el Congreso de los Diputados, que le entregaron en la Cámara Baja. "Ni uno ni otro procedimiento sirvieron para nada", asegura Burgos, para precisar: "Bueno, más bien para ocultar pruebas y encubrir a los culpables". Burgos detalla que es curioso ver lo escueta que fue la autopsia o el hecho de que los casquillos que aportaron testigos no se adjuntaron a la causa judicial y militar, sino que se guardaron en una caja depositada en el Congreso de los Diputados, algo increíble".
Pero hay muchos más ejemplos de la falta de interés por esclarecer los hechos y las consiguientes responsabilidades. Y eso que por los estamentos judiciales y políticos pasaron guardias civiles a los que ordenaron la carga con fuego real aquel día, sus mandos, el gobernador civil -Luis Mardones-, el rector de la ULL -Antonio Béthencourt Massieu-, testigos presenciales y un personaje que a Burgos le ha llamado la atención pues no se aclara en ningún momento el papel que jugó aquel día, pese a ser citado en algunos de estos documentos.
Así lo cuenta Rosa Burgos en una entrevista publicada por El Observador. "Resulta curioso apuntar que hubo una Junta de Gobierno con el gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, Luis Mardones, la noche antes, el día 11. En ella participaron el jefe de la Policía de tráfico, el jefe de la Guardia Civil y el jefe de la Policía Armada. Después de los hechos, el día 12 por la noche, hubo otra reunión donde participaron, a parte de esas personas, un comandante ayudante de la Guardia Civil llamado Manuel Palau Carrera. Palau aparece en muy pocos papeles del sumario y hay meras referencias hacia su persona de algún guardia civil que declaró. Entrelazando los pocos testimonios que existen en el sumario sobre Palau, se concluye que entró al recinto universitario y que dio ciertas órdenes, sin que podamos saber si este comandante ayudante disparó o no dentro del recinto universitario".
Aquel 12 de diciembre de 1977 se cumplía el segundo mes de huelga en el sector del transporte público interurbano en Tenerife y se habían unido los trabajadores del tabaco, el frío industrial, la Refinería, estudiantes de la Universidad y organizaciones sindicales y políticas como la CCT, la Liga Comunista, el Partido de los Trabajadores Canarios o el Partido Comunista Canario. El movimiento se autodenominó Asamblea de Sectores en Lucha. Se celebraba una nueva jornada de huelga y hubo mucha tensión durante la mañana, con piquetes y choques con los cuerpos de seguridad.
También hubo tensión en el campus central de la ULL. La Policía llegó a cercar el recinto pero los ánimos se calmaron a eso de las 14:40 horas. "De pronto un silbo de balas acribillando todo. Tiros al aire que matan, en el acto quedó roto, nadie se lo esperaba", escribiría poco después el poeta Agustín Millares Sall. Y fue así. De repente, al menos seis guardias civiles armados con metralletas y pistolas irrumpieron por la entrada lateral disparando a todos lados. En medio de la confusión, la mayoría pensó que eran balas de fogueo. Los impactos contra la fachada y los cascotes lo desmintieron de inmediato.
Quesada estaba entre los estudiantes movilizados. Debió agacharse a la mitad de la escalinata para protegerse de los disparos, pegado al murete. Una bala le atravesó el corazón. Para Burgos, esa bala debió venir de uno de los guardias que irrumpieron en el campus y que pudo disparar a bocajarro. Pero 41 años después no hay verdad oficial ni responsables ni justicia.
