La Comunidad Autónoma ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para poder trasladar provisionalmente a menores inmigrantes de Lanzarote a Gran Canaria y Fuerteventura, mientras se les hace las pruebas óseas obligatorias para determinar si realmente son menores. Las ONG y las fuerzas de seguridad se han visto con el problema de que muchos de los inmigrantes que están llegando en patera a la isla de los volcanes alegan que son menores, por lo que su tratamiento es diferente al de los adultos, que sí son llevados a un centro de internamiento.
El segundo problema con el que se ha encontrado el Cabildo de Lanzarote y la Comunidad Autónoma es el atasco que está sufriendo la realización de las pruebas óseas. Esta lentitud está provocando una saturación que ha desbordado la capacidad de la isla para acoger a los menores que llegan en pateras, ya que las plazas reales son poco más de 20 y actualmente alrededor de un centenar de africanos se han declarado menores. Cerca de 80 están aún pendientes de que se les realicen las pruebas.
Asimismo, la falta de respuesta desde el Estado preocupa tanto al Cabildo lanzaroteño como a la Comunidad Autónoma. La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, y el viceconsejero Francisco Candil echaron ayer de menos más política de Estado no sólo con Canarias sino también con otras comunidades como Andalucía que están sufriendo esta problemática. Valido y Candil remarcaron que, aunque las competencias sobre los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas canarias son de la Comunidad Autónoma, el Gobierno central debe colaborar poniendo más medios a disposición de las Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorando los fallos del SIVE y detectando los problemas en el origen que está provocando la numerosa llegada de pateras de las últimas semanas.
Ante la situación que se está produciendo en la isla, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ya habla de "crisis humanitaria" y los servicios jurídicos de la Corporación insular están estudiando una declaración de estas características. El presidente insular también lanza duras críticas hacia la actitud del Gobierno estatal por no atender las propuestas que se les ha solicitado.
Agilizar las pruebas
El viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración, Francisco Candil, abordó ayer con la Fiscalía la necesidad de agilizar los trámites y las pruebas óseas a los inmigrantes. Además de comprometerse a acelerar las gestiones, también se autoriza desde Justicia a que parte de los menores acogidos se trasladen a Gran Canaria y Fuerteventura, ámbito provincial que es el que compete a la Fiscalía. Según Candil, solo Gran Canaria puede acoger entre 20 y 30 plazas para descongestionar a Lanzarote.
Asimismo, el Gobierno canario y el Cabildo conejero trabajaron ayer en la búsqueda de otros alojamientos para repartir los menores y no tenerlos hacinados en carpas e instalaciones que no reúnen las condiciones adecuadas. De esta forma, la Corporación insular ya ha negociado la cesión provisional de un albergue en La Santa y el aula de la naturaleza de Máguez para el realojo de los menores, junto al centro de Yaiza, que es el único especializado con el que cuenta la isla.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, aclaró que la negativa a la cesión del cuartel solicitado por el Cabildo de Lanzarote para reubicar a los menores extranjeros no acompañados se ha debido a motivos de "seguridad", al tratarse de instalaciones militares que tienen armamento y no reúnen las condiciones para este tipo de situaciones.
Máñez recordó que el Gobierno de Canarias es el que tiene las competencias en la tutela de estos menores, mientras que la guardia y custodia corresponde a los cabildos. Por ello "son el Gobierno canario y los cabildos los que tienen que buscar soluciones en primer instancia", indicó. "El Gobierno de España está dispuesto a colaborar en la medida de sus posibilidades, no ha podido ser con el acuartelamiento pero existe la voluntad de colaborar siempre que podamos", añadió Máñez.
La delegada también reiteró que el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) funciona tanto para detectar pateras como para la lucha contra el narcotráfico. Por eso exigió "responsabilidad" para que no se ponga en duda la eficacia de este sistema.
