El Gobierno de Canarias ha alcanzado un principio de acuerdo para comprar los dos edificios de viviendas que posee el Banco Santander en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. El compromiso pone fin a la situación de incertidumbre en la que se encuentran desde hace semanas las 358 familias que residen en estos inmuebles desde que trascendió que el banco presidido por Ana Botín se encontraba en negociaciones para vender los pisos al fondo buitre estadounidense Cerberus.

El acuerdo entre el Ejecutivo regional y la entidad bancaria fue anunciado ayer tras una reunión que tuvo lugar en Madrid entre el presidente canario, el nacionalista Fernando Clavijo, y el consejero delegado de Santander, Rami Aboukhair.

Clavijo destacó en un comunicado posterior la importancia de este preacuerdo, pues permite avanzar en la estabilidad y tranquilidad de los vecinos del santacrucero barrio de Añaza, que en las últimas semanas han visto cómo se cernía sobre ellos la sombra de los desahucios ante la subida del precio de los alquileres que muchos de ellos no podían asumir.

El compromiso se ha alcanzado tras una denuncia ante la fiscalía contra el Banco de Santander, promovida por los vecinos afectados y la plataforma antidesahucios (PAH), y después de que el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz anunciaran la retirada de 29 millones de euros de sus cuentas en la entidad y terminará de formalizarse la próxima semana durante un encuentro que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife y en el que, además de altos directivos de la entidad bancaria, asistirán el alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso.

Aboukhair recordó que "Banco Santander se comprometió desde el inicio de la crisis a no hacer ningún desalojo a familias vulnerables" y reafirmó su voluntad de colaborar con el Gobierno de Canarias y facilitar a las administraciones vías para desarrollar su política social.

No obstante, se llega a este punto tras varias semanas en las que no han faltado la llegada de órdenes de desalojo para algunos de los vecinos que residen en los dos inmuebles situados entre las calles La Coruja y Bentacayse.