Casi ocho años después los empleados públicos de la Comunidad Autónoma recuperarán la jornada laboral semanal de 35 horas en 2019, iniciativa que afecta a los trabajadores del Servicio Canario de Salud. Asimismo, los docentes no universitarios de secundaria reducirán su jornada lectiva de 20 a 18 horas. Estas medidas suponen un gasto cercano a los 70 millones de euros más en el presupuesto de personal del próximo año, ya que se tendrán que contratar a unos 1.800 efectivos entre sanitarios y docentes para cubrir la disminución de la jornada.
El consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Barragán, y los sindicatos UGT, CC OO y CSIF firmaron ayer un acuerdo que supone trasladar a Canarias el pacto firmado en Madrid el pasado mes de marzo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal de las administraciones públicas. Sin embargo, tanto la reducción de la jornada laboral a 35 horas como las dos horas lectivas en Educación estarán supeditadas a que el Gobierno regional pueda invertir el superávit, una decisión política que aún no está cerrada entre la Comunidad Autónoma y el Estado.
Los presupuestos autonómicos de 2019, que se ultiman por parte del Ejecutivo, recogerán en el articulado estas medidas y también tendrán la cobertura financiera, de tal forma que se aplicarán a partir del 1 de enero, en el caso de Sanidad y Administración General, y del curso 2019-2020, en el caso de Educación, una vez que la Comunidad Autónoma tenga luz verde para gastar el superávit en los servicios públicos. Barragán destacó que el acuerdo con los tres sindicatos no se queda sólo en un compromiso, sino que se reflejará en la ley . "El dinero va a estar pero falta poder gastarlo", indicó.
Más gasto
El gasto de personal aumentará de entrada el próximo año en 220 millones de euros como consecuencia de la subida salarial para los empleados públicos, los sexenios pactados con los docentes, la carrera profesional, acción social y otros aspectos ya consolidados. A este incremento habría que sumar los casi 70 millones por las modificaciones de la jornada laboral.
Además de esas medidas, el acuerdo suscrito ayer incluye el restablecimiento del complemento retributivo en los casos de incapacidad laboral transitoria, la mejora de la paga adicional del personal laboral o el aumento de la partida destinada a las ayudas de acción social. Una vez aprobados los presupuestos autonómicos de 2019 la Consejería de Presidencia se compromete a iniciar la negociación colectiva destinada al establecimiento de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Lo que queda sin concretar en este acuerdo es la reducción de la interinidad de la que adolece la Comunidad Autónoma. En el acuerdo firmado en Madrid había un compromiso general de bajar la temporalidad en el sector público hasta el 8% en tres años. Sin embargo, José Miguel Barragán reconoció que actualmente no se está en condiciones de cumplir este acuerdo porque requiere de un consenso entre todas las centrales sindicales y no sólo las que firmaron ayer. De esta forma, el consejero se refiere también a Intersindical Canaria (IC) y al Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), que suman la mayoría en la mesa general de negociación con la Comunidad Autónoma y que han mostrado numerosos reparos al acuerdo firmado en Madrid, sobre todo en lo referente a la estabilización de los funcionarios interinos y del personal laboral temporal. "Hay cierta controversia sobre cual es el sistema que pueda satisfacer a todo el mundo y por eso vamos a seguir trabajando para alcanzar el máximo consenso posible", aseguró Barragán. De hecho, el consejero recordó que las oposiciones que se han convocado desde 2015 hasta ahora sólo cubren una "pequeña parte" de los puestos a cubrir para dar estabilidad a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.
Los representantes de UGT -Francisco Bautista-, CC OO -José Ramón Barroso- y CSIF -Andrés Fuertes- valoraron el avance que supone para los empleados públicos este acuerdo porque recupera derechos que se suprimieron, debido a la crisis económica y los recortes impuestos por el Estado. Los dirigentes sindicales creen que con este acuerdo "se ve luz al final del túnel" y que "se volverá a tener aquellos índices de contratación que había antes de la crisis y a la posibilidad de que muchos trabajadores que llevan años esperando vuelvan a entrar en la Administración pública", apostillaron.
Sin embargo, este acuerdo no cuenta aún con el respaldo de los sindicatos Intersindical y Sepca ya que, al estar sólo en Canarias, no firmaron el acuerdo nacional. Desde el Sepca se critica que se haya firmado este pacto sin haberlo llevado previamente a la mesa general de negociación, órgano que se ha convocado para la próxima semana para presentar a los sindicatos el presupuesto de personal de 2019. El secretario general de Sepca, Manuel González, recuerda que los tres sindicatos firmantes no representan ni al 50% de los empleados públicos autonómicos: "Nos parece gravísimo que den por negociado algo sin contar con otras organizaciones que representan a más de la mitad de los trabajadores", critica.
