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Fin de los aforamientos y más autogobierno

El Senado aprueba hoy la nueva 'carta magna' canaria, la parte económica del REF y su desvinculación de la financiación autonómica

Fin de los aforamientos y más autogobierno

Canarias queda definida desde hoy como un "archipiélago atlántico" con una identidad singular basada en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales. El nuevo Estatuto de Autonomía del Archipiélago que aprueba el Senado profundiza más que nunca en el autogobierno y sitúa a la región a la vanguardia del país. Nunca una comunidad había suprimido los aforamientos y la canaria es la primera en hacerlo. Y nunca antes el Archipiélago, que se acopla a los nuevos tiempos con una nueva carta magna , había reforzado tanto la interacción entre el Gobierno y el Parlamento.

El de Canarias es el último de la hornada de los llamados estatutos de tercera generación. Mucho más extenso y concreto que el anterior -65 artículos frente a los 202 que tiene el nuevo-, el texto estatutario da un salto de gigante en el número de competencias que asume el Archipiélago. La norma abre la puerta a absorber más responsabilidades mediante convenios con el Estado en materias que hasta ahora han estado bajo la batuta del Gobierno central, con especial incidencia en aguas, acción exterior y gestión de costas. Asimismo, consagra la ejecución y planificación de los fondos europeos, sobre todo aquellos "aprobados en aplicación de criterios de convergencia o derivados de la condición ultraperiférica de Canarias".

El 24 de octubre de 2018 se recordará en el Archipiélago como una jornada histórica. Y no solo porque la aprobación del nuevo Estatuto llega con el blindaje del REF y su desvinculación del sistema de financiación autonómica, sino también porque con la luz verde de la Cámara Alta la región se convierte en pionera en muchos aspectos.

Hasta la fecha solo Cantabria y Murcia han discutido sobre la pertinencia de suprimir los aforamientos, pero solo Canarias ha dado el paso definitivo. El nuevo Estatuto recoge que en el Archipiélago ninguna persona tendrá un fuero distinto debido al cargo que ocupa o a las funciones que desempeña. Esto es, que los miembros del Ejecutivo regional y del Parlamento serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios que les corresponda y no por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Las relaciones entre el Ejecutivo regional y la Cámara canaria también se refuerzan. Tal es así que el Estatuto introduce los decretos leyes en caso de "urgente necesidad", unas normas que el Parlamento deberá convalidar en 30 días naturales a contar desde su publicación. Pero tiene sus limitaciones, puesto que los decretos leyes no pueden afectar ni a la ley de presupuestos, ni a las normas que requieran mayoría cualificada ni a los derechos de los isleños que están consagrados en el propio Estatuto de Autonomía. A esto se suma el anclaje de la legislación delegada, por la que el Parlamento puede encomendar al Gobierno que legisle por decreto legislativo salvo en los mismos supuestos que en el caso anterior.

Otras de las grandes novedades que llegan con la nueva carta magna canaria es la potestad del presidente para disolver de forma anticipada el Parlamento, si bien tal disolución no podrá llevarla a cabo hasta que transcurra el primer año de legislatura. Ese es el límite. Esto significa, por ende, que el calendario de elecciones autonómicas se puede desacoplar del ritmo electoral que siguen las regiones que acuden a las urnas cada cuatro años el cuarto domingo de mayo. Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia han estado desacompasadas desde su origen y las comunidades que ya cuentan con sus estatutos de tercera generación también han introducido la disolución anticipada: Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.

Precisamente la modificación del sistema electoral ha concentrado las principales desavenencias entre los grupos parlamentarios. La disposición transitoria primera fija el número de escaños en 70, de los que 61 se reparten entre las circunscripciones insulares y nueve en una regional. El texto estatutario indica que las barreras electorales se establecen en el 15% insular y en el 4% regional frente al 30% y 6% fijado hasta ahora. El Estatuto contempla, a su vez, que el Parlamento tiene un plazo máximo de tres años para aprobar una ley electoral.

Pero hay más. Las reformas del Estatuto desde que éste entre en vigor serán por mayoría de tres quintos del Parlamento y no de dos tercios. Esas modificaciones deberán contar, además, con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso y con un referéndum de ratificación. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información aparece, a su vez, comonuevo órgano de relevancia estatutaria.

Para el eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, el nuevo Estatuto canario es el "más acabado" de todos los de tercera generación y el que mejor refleja la singularidad de la comunidad que seguramente tiene el hecho diferencial más destacado y menos conocido de la España autonómica: la insularidad, lejanía y carácter de RUP en la UE".

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