Un nuevo Estatuto con más derechos y más autogobierno

El Senado aprobó este miércoles el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias con 214 votos a favor, 18 en contra de Unidos Podemos y tres abstenciones de Ciudadanos (Cs). Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, este jueves o el viernes.

La 'carta magna' canaria es la primera del país en recoger los aforamientos de los políticos, da potestad al Gobierno regional para dictar decretos ley y faculta al presidente para disolver el Parlamento de forma anticipada. Canarias, además, gana más autogobierno en costas, aguas y acción exterior y en mayo estrenará un nuevo sistema eletoral.

Canarias queda definida desde hoy como un "archipiélago atlántico" con una identidad singular basada en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales. El nuevo Estatuto de Autonomía del Archipiélago se acopla a los nuevos tiempos con un amplio articulado en el que se recogen las reivindicaciones de los movimientos sociales de los últimos, blinda nuestras singularidades más destacadas y se refuerza el papel del Gobierno y el Parlamento regionales.

El de Canarias es el último de la hornada de los llamados estatutos de tercera generación. Mucho más extenso y concreto que el anterior -65 artículos frente a los 202 que tiene el nuevo-, da un salto de gigante en el número de competencias que asume el Archipiélago y abre la puerta a absorber más responsabilidades mediante convenios con el Estado en materias que hasta ahora han estado bajo la batuta del Gobierno central, con especial incidencia en aguas, acción exterior y gestión de costas.

Definición de derechos

Derechos en materia de política de igualdad, de protección a todos los tipos de familia, a la identidad de género y de orientación sexual o lucha contra la pobreza y la exclusión se definen con más precisión que en los textos legislativos de otras comunidades autónomas y se insta de una manera más contundente a los poderes públicos para su aplicación.

Así, por ejemplo, en el Capítulo I del Título I (de los derechos, deberes y principios rectores) compromete a los poderes públicos a la defensa de "la igualdad de trato y la no discriminación por sexo, género, nacimiento, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

El texto incluye un nuevo sistema electoral, recogido en una disposición transitoria, que sube el número de diputados de 60 a 70, rebaja las barreras de acceso al Parlamento e incluye una circunscripción regional.

Además, como ya hiciera la Unión Europea, se recoge la condición "ultraperiférica" de Canarias, a la cual los poderes públicos deben "adaptar sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias".En razón de su condición de región ultraperiférica, la Comunidad Autónoma de Canarias participará, a través de fórmulas de cooperación y colaboración con el Estado, en materia de comercio exterior con África y países de América con vinculaciones históricas con Canarias.

Otra de las novedades es que, en la definición del ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias, se que incluye a las siete islas con administración propia y también, pro vez primera, a la octava isla habitada, La Graciosa.

Modificación del REF

El pleno del Senado ha aprobado asimismo la ley que modifica el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias que, a partir de ahora, queda anclado en el Estatuto de Autonomía y se desvincula totalmente del sistema de financiación autonómica ordinario.

Todos los grupos políticos, salvo Podemos, han votado a favor del "blindaje" del REF, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por consolidar el carácter ultraperiférico de la región y situar a los canarios en igualdad de condiciones frente al resto de ciudadanos de la Unión Europea.

Además, el nuevo REF contempla el reconocimiento, con vigencia indefinida, de las bonificaciones de las tarifas de los servicios regulares al transporte aéreo y marítimo de residentes entre la comunidad canaria y la Península e incluye la compensación del coste efectivo del transporte aéreo y marítimo de mercancías.