Finaliza una semana trascendental para la historia autonómica de Canarias desde que en 1982 se aprobara el Estatuto de Autonomía y comenzara su andadura con las primeras elecciones y la constitución del Parlamento regional en 1983. En esta semana se han culminado las reformas de los dos principales textos que sustentan la vertebración política, económica y social de las Islas: el Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF). No se trata de dos modificaciones de trámite ya que una ha tardado 22 años en ser una realidad -los cambios en el texto estatutario- y la otra se ha demorado 24 años -el acervo económico y fiscal-, colocando a Canarias en el primer nivel de comunidades autónomas con más autogobierno y profundizando en la garantía de sus singularidades, que a partir de ahora están más consolidadas que nunca frente al Estado.
Junto a la culminación de estos dos hitos normativos, el Gobierno de Fernando Clavijo logró de nuevo la mayoría necesaria para sacar adelante los presupuestos autonómicos, pese a estar en minoría desde diciembre de 2016. Serán unas cuentas que incrementarán los fondos públicos en relación con las de este año, que ya fueron clasificadas como los mejores presupuestos de la historia autonómica del Archipiélago. Con la reunión que tuvo lugar el jueves entre el jefe del Ejecutivo regional y su homólogo estatal, Pedro Sánchez, se garantizan los distintos convenios entre Canarias y el Estado que contienen partidas para los próximos años, lo que mantendrá los niveles de inversión del Gobierno central en las Islas en niveles similares a los que había antes de los fuertes recortes que se iniciaron en 2012.
En el marco de un escenario nacional que se mueve en la permanente incertidumbre y en la crispación, Canarias logra una serie de herramientas que le dotan de estabilidad y cierta tranquilidad cuando quedan siete meses para las elecciones autonómicas de mayo de 2019, por lo que no estarán al albur de lo que suceda en los próximos meses con el Gobierno de Pedro Sánchez ni con el Ejecutivo que salga de los comicios para el Parlamento regional.
Política convulsa
La reforma del Estatuto de Autonomía ha estado sujeta a la ya de por sí convulsa situación política que caracteriza a la política canaria, en la que ningún partido ha conseguido mayoría absoluta para gobernar con tranquilidad y los pactos han generado confrontaciones y discrepancias en torno a los contenidos del texto estatutario. El Estatuto con el que se inició la etapa autonómica de Canarias entró en vigor en agosto de 1982. Fue 14 años después, en 1996, cuando se realizó la primera reforma del texto original. Cuando el fallecido presidente Adán Martín accedió a la Presidencia del Gobierno en 2003 tuvo entre sus iniciativas la reforma del Estatuto para adaptarlo a los cambios del recién iniciado siglo XXI, lo que no preveía era que el camino que iba a emprender no iba a culminar hasta 2018 al frustrarse la reforma en 2007 y reiniciarse un largo camino que acaba de culminar ahora. Durante este periodo Canarias se quedaba atrás en relación con la mayoría de las comunidades autónomas, que sí fueron actualizando sus estatutos.
El nuevo sistema electoral que recoge el Estatuto rebaja los topes electorales para acceder al Parlamento e incrementa en diez el número de diputados: nueve de esos escaños corresponden a la nueva lista regional y el décimo es para Fuerteventura para equilibrar su representatividad en relación con su población. Otras de las novedades del texto aprobado es la supresión de los aforamientos, la doble insularidad y avances en el autogobierno, incrementando las responsabilidades de la Comunidad Autónoma en costas, tráfico aéreo, acción exterior o instituciones penitenciarias, en esta última incluso se puede arrogar la competencia como sucede únicamente en Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia.
Además, se crea un comisionado de transparencia, se avanza en la identidad canaria, se reconocen las aguas canarias y La Graciosa pasa a convertirse en la octava isla, adquiriendo el mismo rango que el resto.
Entre las mejoras que más han incidido los partidos políticos y el Gobierno regional destaca el anclaje del REF y su desvinculación del sistema de financiación autonómica, un logro histórico que consolida el fuero de las islas con el máximo rango legal e impide que futuras interpretaciones arbitrarias cuestionen el derecho reconocido de Canarias a que se compense el sobrecoste de la lejanía sin merma de los fondos destinados a sufragar los servicios básicos esenciales.
Y en este punto es en el que se engancha la reforma estatutaria con la actualización de la ley del REF de 1994, sobre todo su parte económica, que incluye una serie de logros y reivindicaciones históricas de las Islas que por fin se hacen realidad en un texto legal que se encaja en el Estatuto, confiriéndole así el máximo rango legislativo.
La nueva ley del REF refleja la consideración de Canarias como región ultraperiférica, un hecho sólo reconocido explícitamente hasta ahora por la Unión Europea en sus tratados, pero no por el Estado. Una de las principales claves de esta reforma es el compromiso que adquiere el Gobierno central de invertir la media de las comunidades autónomas en Canarias, algo que se ha incumplido de forma frecuente en la historia autonómica del Archipiélago.
Junto a la consolidación de estos derechos figuran otros fundamentales para compensar la lejanía y los sobrecostes de la insularidad como la bonificación de los billetes de transporte aéreo y marítimo en el 75%, la compensación de los costes de la generación de energía eléctrica, el fomento de las energías renovables, la regulación del autoconsumo y el tratamiento de los residuos y la potenciación del reciclaje.
Asimismo, se establece un sistema de compensación para la moderación de los precios del agua desalada y reutilizada, se fortalece la promoción comercial y turística de las Islas y se dota a Canarias de un plan de empleo y de formación profesional para revertir la tasa de paro.
Más seguridad jurídica
Aunque la reforma más profunda es la de los aspectos económicos, también se han introducido cambios en la parte fiscal para mejorar y aclarar el funcionamiento de algunos incentivos fiscales a petición de los agentes económicos y sociales y la mayoría de los partidos canarios. La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) es la más afectada por estos cambios, ya que se le da seguridad jurídica a los empresarios que quieran rehabilitar establecimientos turísticos a cargo de la Reserva aunque ya lo hayan sido con anterioridad. También se suprime la posibilidad de usar la RIC para las viviendas vacacionales.
El Gobierno de Fernando Clavijo amarró el respaldo del PP y de ASG a los presupuestos autonómicos de 2019 -como ya sucediera el año pasado- antes de la reunión del jefe del Ejecutivo regional con su homólogo estatal, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Una reunión largamente esperada tras la sucesión de desencuentros producidos con la llegada del PSOE al poder, que provocó la ralentización de los acuerdos a los que había llegado Coalición Canaria con el PP cuando Rajoy presidía el Gobierno.
No es la primera vez que la formación nacionalista gobierna o pacta con un partido distinto en Canarias al que gobierna en el Estado. En este caso el PSOE, tras su llegada al poder en junio, se ha visto obligado a desarrollar el presupuesto elaborado por el PP, en el que se recogen cuestiones fundamentales para Canarias, la más importante de ellas volver a los niveles de inversión pública que había antes de los drásticos recortes iniciados en 2012.
Con la garantía de contar con unos nuevos presupuestos, CC aleja el fantasma de la prórroga presupuestaria y, a la vez, incluye en las cuentas los fondos procedentes de Madrid en los diferentes convenios, lo que supone alcanzar un techo máximo de gasto superior a los 8.000 millones de euros. Pendiente para principios de 2019 queda la utilización de los cerca de 600 millones de euros procedentes del superávit y que no se puede invertir por la regla de gasto. Canarias, junto a otras comunidades, demanda al Estado la flexibilización de este mecanismo de control del déficit para destinarlo a los servicios públicos.
La reunión entre Sánchez y Clavijo de esta semana deja enfilados acuerdos como el de carreteras, un convenio que lleva casi un año de retraso y que supone una inyección cercana a los 3.000 millones de euros en los próximos años, si se suman los nuevos fondos a los procedentes de las sentencias judiciales por los recortes de los años anteriores y las partidas para finalizar las vías pendientes del anterior convenio. Tras la reunión de La Moncloa éste y otros convenios verán la luz en las próximas semanas.
Canarias deja atrás una semana intensa cuyos resultados la colocan en un óptimo escenario. Lo más importante es que el Archipiélago consigue después de décadas de negociaciones, desencuentros y reivindicaciones que sus singularidades se consagren al máximo nivel y colocarse en el mismo estatus que el resto de las comunidades autónomas, entre ellas las denominadas históricas.
