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Justicia Nuevas leyes que modifican el contexto político

El nuevo Estatuto entra en vigor el martes

El ministerio de la Presidencia prevé que Rey firme el lunes la 'carta magna canaria' y el REF

El nuevo Estatuto entra en vigor el martes

El nuevo Estatuto entra en vigor el martes

El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y la nueva ley económica del REF, entrarán en vigor el próximo martes, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

Fuentes del ministerio de la Presidencia, del que depende la Agencia Estatal que gestiona el BOE, aseguran que lo previsto en su calenda- rio es que ambas normas tengan la sanción real el lunes y sean publicadas al día siguiente, el martes día 6 de noviembre. Según la propia carta magna isleña en su disposición final "entrará en vigor el mismo día de su pu-blicación".

Pese a que en un principio se había apuntado que la publicación podría producirse dos o tres días después de su culminación parlamentaria en las Cortes, fuentes oficiales aseguran que el plazo habitual para estas iniciativas legislativas es de entre 15 y 20 días y que en este caso se va a producir con varios días de antelación.

La entrada en vigor del Estatuto de manera inmediata recobra en estos momentos más importancia por la incidencia que la nueva norma puede tener en el proceso del llamado caso Grúas en el que está implicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Toda vez que la reforma estaturia incluye entre sus novedades la eliminación de los aforamientos a los diputados regionales, su aplicación afectará a ese proceso judicial y al hecho de que, en caso de que la causa no sea archivada, salga del ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde se encuentra ahora precisamente por la condición de Clavijo de aforado, para regresar al del Juzga- do número 2 de La Laguna, al que le correspondería de manera ordinaria.

El presidente ha denunciado esta misma semana ante el TSJC un "interés impropio" de la Fiscalía por actuar con retraso "indebido" en el caso. Desde agosto se espera por un informe del ministerio fiscal que aclare si hay indicios de delito en la causa que se investiga por la privatización del servicio de retirada de vehículos de la vía pública en La Laguna en la etapa en la que Clavijo ocupó la Alcaldía de esa ciudad y si estos son tan convincentes como para que el TSJC resuelva investigarlo.

Esta tardanza, considera el mandatario canario, vulnera sus derechos a la defensa.

Independientemente de la situación procesal del caso que afecta al jefe del Ejecutivo, el nuevo Estatuto, así como la reforma del REF económico que también vio la luz verde definitiva por parte de las Cortes el pasado 24 de octubre, están a sólo cuatro días de convertirse en norma legal a todos los efectos y por tanto de eliminar el privilegio del que disponían hasta ahora los parlamen- tarios regionales, en relación con su posible inculpación y proce- samiento por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Este derecho para los parlamentarios, recogido en el apartado tercero del artículo 38 del Estatuto todavía en vigor, fue suprimido gracias a una enmienda de Ciudadanos a la reforma del Estatuto que fue apoyada por el resto de formaciones políticas aunque CC intentó hasta el final la figura del aforamiento limitado.

Ayer Clavijo insistía ayer en que hasta ahora no había realizado ningún pronunciamiento al respecto "porque mi prioridad era que el Estatuto se aprobase"; "Sin embargo, una vez aprobado y al igual que el resto de los ciudadanos, si veo que hay una actuación injusta o que se están vulnerando mis derechos, lo denuncio con total tranquilidad", remarcó.

El riesgo que ha sobrevolado la tramitación final de las dos iniciativas legislativas era el de una posible disolución de las Cortes y que un adelanto electoral en el ámbito nacional impidiera su culminación y éstas decayeran. Esto hubiera obligado a regresar a la casilla de salida y volver a presentarlas ante el Congreso en la próxima legislatura.

Sin embargo, independientemente de la fecha en que fueran a ser publicadas en el BOE, las dos leyes tienen garantizada ya su inminente entrada en vigor incluso en el hipotético caso de un adelanto electoral de por medio, dado que, culminada su respectiva tramitación en el Congreso y el Senado, son ya legalmente leyes aprobadas y solo pendientes de una formalidad como es su sanción por el Rey y su publicación en el boletín estatal.

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