Unidos se Puede presentará una recusación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, por lo que entiende un "intento de mantener los privilegios de aforamiento" del presidente del Ejecutivo regional Fernando Clavijo (CC), que está pendiente de si lo llaman o no a declarar como investigado -antes imputado- en el caso Grúas. El portavoz de la formación en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, sostiene que en el escrito acreditará "los vínculos existentes" entre Doreste y Coalición Canaria. Unas razones por las que Rubens considera que el magistrado debía haberse abstenido de participar en dicha causa.

El TSJC dio este miércoles un plazo de cinco días hábiles improrrogables al Ministerio Público para que se posicione sobre la posible responsabilidad penal de Clavijo en su etapa en el consistorio lagunero después de que éste remitiera un escrito en el que exigió que no se demorase más el informe de la Fiscalía, pues sostiene que su retraso daña su derecho a la defensa tras unas demoras "escandalosas" e "indebidas".

El concejal de la confluencia lagunera afirma que Clavijo está usando "una maniobra desesperada para intentar evitar el traslado de este caso nuevamente al Juzgado lagunero, en el que la jueza ya emitió un dictamen favorable a su imputación". Ascanio considera significativo que, cuando quedan pocos días para la publicación en el BOE del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias -que suprime los aforamientos-, Clavijo "se lance a la desesperada a mantener su aforamiento con una operación en la que pretende evitar un proceso normalizado y que todas las actuaciones solicitadas se realicen".

Unidos se Puede considera que se trata de "maniobras vergonzantes para tratar de evitar lo que es inevitable: su imputación por un caso claro de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según manifestó en su momento la Audiencia Provincial". El partido afirma, a su vez, que si esta maniobra torticera se cumple "no tendremos el menor reparo de trasladar este caso al Tribunal Supremo, ya que entendemos que es un caso claro de mal uso de una administración pública".