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Justicia Conflicto institucional entre el Gobierno y el ministerio público

El 'caso Grúas' se enreda aún más con la recusación al presidente del TSJC

La causa se demora hasta que se resuelva si Doreste debe apartarse

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno. ANDRÉS GUTIÉRREZ

El caso Grúas se enreda aún más. Al conflicto institucional abierto entre el Gobierno regional y la Fiscalía por el retraso en el informe del ministerio público sobre la causa se ha unido la petición de recusación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, en este caso, presentada ayer por Unidos Se Puede, al entender que existen "vínculos" entre el magistrado y Coalición Canaria, la formación a la que pertenece el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo. La recusación implica la abstención automática de Doreste en el caso Grúas y paraliza la causa hasta que se resuelva si se aparta o no del proceso, lo que puede durar unos 20 días.

El denunciante del caso Grúas sostiene que existe "una apariencia de falta de imparcialidad" del magistrado, que fue designado miembro del Consejo Consultivo de Canarias en julio del 2002 a propuesta de CC y en 1990 fue consejero de Industria. En tres días todas las partes deben manifestar si se adhieren o se oponen a la recusación. En las 24 horas siguiente el magistrado debe pronunciarse sobre si admite o no abstenerse. En caso de que no lo admita se abre un plazo para que la sala dictamine que puede durar en torno a dos semanas. No cabe recurso.

De otro lado la Fiscalía tiene 15 días para emitir su informe sobre si investiga o no a Clavijo. Los denunciantes del caso Grúas exponen en la recusación a Doreste que perder el aforamiento supone para Clavijo un perjuicio y se deduce que es un "beneficio" para el presidente que el TSJC resuelva antes. El martes entra en vigor el Estatuto de Autonomía de Canarias que elimina los aforamientos. Puede ocurrir que el TSJC proponga devolver al juzgado de La Laguna la causa al perder Clavijo su condición de aforado.

El presidente criticó ayer las sucesivas demoras de la Fiscalía a la hora de emitir el informe sobre su imputación o no en este caso, y solicitó su sobreseimiento al considerar que las actuaciones que se están investigando están "perfectamente acreditadas".

Sus abogados han presentado dos escritos. En uno de ellos se pone de manifiesto la dilación en los informes de la Fiscalía y se advierte de un posible retardo malicioso e, incluso, de la desprotección de la tutela judicial efectiva. Paralelamente, los abogados también han solicitado el sobreseimiento del caso al considerar que los dos aspectos que la propia Fiscalía detectaba están "perfectamente acreditados" en el expediente desde su origen.

El presidente considera que la forma de actuar del ministerio fiscal en este asunto no es la adecuada porque entiende que no se están protegiendo sus derechos como ciudadano, sobre todo cuando se vulneran los plazos y no se informa debidamente o cuando se cambia de criterio sin que medie ningún tipo de actuación o diligencia.

Clavijo expone que hasta ahora no había hecho ninguna acción o pronunciamiento porque su prioridad era que se aprobase el Estatuto de Autonomía. "Sin embargo, una vez aprobado y al igual que el resto de los ciudadanos si veo que hay una actuación injusta o que se están vulnerando mis derechos, lo denuncio con total tranquilidad", remarca.

En respuesta a quienes han dicho que está pidiendo celeridad por si pierde su condición de aforado, aclara que no está urgiendo a la Fiscalía, sino haciendo una narración y mostrando su parecer respecto a la actitud del ministerio fiscal con este caso. Para Fernando Clavijo, esta denuncia viene de dos partidos políticos que tienen como "única finalidad" dañar su imagen, y considera que si la Justicia se dilata tanto tiempo, "al final da igual lo que ocurra, pues el daño ya está ocasionado".

Clavijo recuerda que en la primera fase del caso Grúas, la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna ya tuvo que instar a la Fiscalía para que presentase su informe, y en la segunda ya han transcurrido tres meses, cuando se le dio un plazo de tres días que luego fue ampliado a cinco.

Sobre la recusación a Doreste, Clavijo señala que no es algo nuevo, pues "ya han amenazado en los medios a los magistrados, incluso a la Fiscalía, por si no se plegaban a lo que ellos consideraban". "Lo que buscan es poner el ventilador y tratar de amedrentar a través de los medios de comunicación ", recalca.

El presidente de NC, Román Rodríguez, partido que también denunció el caso Grúas junto a Por Tenerife, sostiene que la actitud de Clavijo "no es muy inteligente" y parece mostrar su preferencia a que el asunto lo resuelva el TSJC antes de la pérdida de aforamiento.

No cree que en el caso Grúas haya "una estrategia de dilación". Al respecto recuerda el caso el exalcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, procesado en el caso Palmeras, al que la Audiencia de Las Palmas absolvió hace unos días después de catorce años.

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