La Fiscalía Superior de Canarias ultima el informe sobre el caso Grúas. Sostiene que trabaja de forma coordinada con la Fiscalía General del Estado en una causa en la que debe determinar si se investiga o no al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, por su actuación cuando era concejal y después alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna en un préstamo municipal para evitar el quebranto del servicio de grúas.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) remitió el pasado miércoles una providencia a la Fiscalía otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que realice el escrito de competencia y contenido en referencia a la posible investigación del actual presidente del Gobierno canario. Pero al tratarse de una providencia telemática el Ministerio Fiscal cuenta con un segundo plazo de diez días naturales. Fuentes de la Fiscalía exponen que el informe se va a presentar en tiempo y forma y argumentan que, en cualquier caso, la Sala de lo Penal del TSJC puede actuar sin esperar a la decisión del Ministerio Fiscal.
El TSJC apremió a la Fiscalía tras la presentación de dos escritos de Clavijo donde se quejaba del retraso "injustificado" e "indebido" del ministerio público en determinar si lo investiga o no y reclamó el "sobreseimiento" de la causa al entender que la actuación en el servicio de recogida de vehículos en La Laguna, cuando era regidor del municipio, está "perfectamente acreditada" en el expediente desde su origen.
El presidente ha criticado las sucesivas demoras de la Fiscalía a la hora de emitir su informe sobre su eventual imputación en este caso y advierte que puede ser un retardo malicioso, al estimar que el ministerio público no está protegiendo sus derechos como ciudadano, sobre todo cuando se vulneran los plazos y no se informa debidamente o cuando se cambia de criterio sin que medie ningún tipo de actuación o diligencia, expone.
Tras esta queja, la Sala del TSJC, presidido por Antonio Doreste, pidió a la Fiscalía que apurara en su informe y alegó en un comunicado: "El presidente del Gobierno exigió que no se demorara más el informe del ministerio público, ante la inminente entrada en vigor de la ley orgánica que promulga el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que acaba con los aforamientos de miembros del Gobierno y parlamentarios". El Estatuto de Autonomía entra en vigor el martes y puede darse la situación de que la causa vuelva al Juzgado de La Laguna, al dejar de ser aforado Clavijo, y se demore aún más en el tiempo. El presidente exige "celeridad" porque está convencido de que sus actuaciones en La Laguna fueron correctas y solo se trata de una denuncia política de dos partidos de la oposición -Unidos Se Puede y Por Tenerife-NC- que lo único que intentan es "dañar" su imagen. Clavijo ha sido reelegido por CC como candidato a la Presidencia del Gobierno, con lo que este proceso, a seis meses de las elecciones, puede perjudicarlo. Considera que si la Justicia se dilata en el tiempo "al final da igual lo que ocurra pues el daño ya está ocasionado".
El presidente recordó el pasado viernes que en la primera fase del caso Grúas la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna ya tuvo que instar a la Fiscalía para que presentase su informe y en la segunda ya han transcurrido tres meses cuando se le dio un plazo de tres días que fue ampliado a cinco.
Los retrasos del Ministerio Fiscal que enumera la defensa legal de Fernando Clavijo en su escrito están produciendo una alteración de los tiempos procesales. El Juzgado de La Laguna ya archivó la causa en junio de 2017, al no observar ningún indicio de delito en la gestión de las grúas, pero la reabrió por orden de la Audiencia Provincial, que ha venido dando la razón a los dos partidos políticos denunciantes en sus sucesivos recursos.
La providencia de la Sala de lo Penal ha propiciado que Unidos Se Puede presente una petición de recusación del presidente del TSJC, Antonio Doreste, para que se aparte de la causa, al entender que tiene "vínculos" con CC. Esta demanda demora aun más el proceso pues se paraliza la causa y Doreste queda apartado de la misma hasta que se dilucide si debe o no abstenerse, lo que puede tardar en torno 20 días.
