El Boletín Oficial del Estado publica hoy la ley orgánica del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, el primero de España que elimina el aforamientos para los diputados del Parlamento autonómico y los miembros del Gobierno.
Este detalle puede tener efectos prácticos en cuestión de días, porque la reforma del Estatuto de Canarias, cuya última versión databa de 1996, ha coincidido en el tiempo con la instrucción del llamado "caso Grúas", una causa sobre presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) mientras su alcalde era el actual presidente de la comunidad, Fernando Clavijo.
Los denunciantes del caso sostienen que Clavijo pudo cometer varios delitos en la gestión del servicio municipal de recogida de vehículos de La Laguna, lo que ha llevado a que el asunto, tras un primer archivo, se encuentre sobre la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el único órgano con competencias para investigar o juzgar al presidente de la comunidad, hasta ahora.
El caso dio un giro la semana pasada tras algunos meses estancado en el TSJC sin que se tomase una decisión, porque el propio Clavijo se dirigió a la Sala de lo Penal para pedirle que requiese a la Fiscalía que aclare si estima o no que existen indicios para imputarle a él algún tipo de hecho delictivo en el caso que, en su opinión, se basa en falsedades y debe ser sobreseído.
Clavijo apeló en su petición, entre otros, a este argumento: la inmediata entrada en vigor del nuevo Estatuto de Canarias, que iba a hacer desaparecer los aforamientos en las islas, con lo que el caso Grúas debería regresar a los juzgados de Instrucción de La Laguna.
El TSJC ha dado a la Fiscalía un plazo "improrrogable" de cinco días para que se pronuncie, pero la petición del presidente y algunas declaraciones de su consejero de Justicia y secretario general de CC, José Miguel Barragán, sobre el retraso que acumula este procedimiento han generado malestar en las principales asociaciones de fiscales, que ayer difundieron un comunicado en defensa de su imparcialidad.
A su vez, la acusación particular, ejercida por el grupo municipal en La Laguna de Unidos se Puede, reaccionó a la petición de Clavijo recusando al presidente del TSJC, Antonio Doreste, al que vincula con Coalición Canaria y reprocha que participe en un "intento de mantener los privilegios de aforamiento" del jefe del Ejecutivo en su "maniobra desesperada" para evitar el traslado del caso grúas al juzgado de La Laguna.
Además, con la entrada en vigor hoy del nuevo Estatuto de Autonomía para su aplicación en los comicios autonómicos de mayo de 2019. Ayer el PSOE, Podemos y NC solicitaron a la Mesa del Parlamento y a su presidenta, Carolina Darias, que solicite un dictamen urgente a este órgano dependiente de la Cámara, encargado de emitir informes sobre la legalidad de las disposiciones legislativas de la Comunidad Autónoma.
Así lo avanzó Darias a la salida de la reunión de la Junta de Portavoces y confirmó que en los próximos días tomará una decisión ante las "dudas" que plantean los grupos.
Esta propuesta se suma a otra similar registrada la semana pasada por el Grupo Popular, comentó, resaltando que, en general, los cuatro grupos piden "celeridad" al Consejo Consultivo para que la reforma electoral, que hoy entra en vigor con el Estatuto, se pueda aplicar en los comicios de mayo.
El escrito firmado por los portavoces de PSOE, Podemos y Nueva Canarias plantea una serie de interrogantes al Consultivo para que sean trasladados por el Parlamento. Se trata básicamente de aclarar si se debe votar en dos papeletas separadas o en la misma a la nueva circunscripción regional y además de la insular, si un partido político o agrupación electoral debe presentarse obligatoriamente a la circunscripción autonómica e insular o las nuevas competencias de la Junta Electoral de Canarias ante la puesta en marcha de esta nueva candidatura.
En relación con el derecho de sufragio activo la principal duda de los grupos parlamentariosradica en si es constitucional o no que los electores deban votar obligatoriamente las dos circunscripciones en conjunto, lo que impediría optar por candidaturas de diferentes signo político en cada una de las dos listas. Asimismo se cuestiona si es viable esta tesis con aquellos partidos que sólo se presenten a nivel insular y no regional y si se puede obligar a los partidos a que se presenten en las dos circunscripciones o no.
Este escenario también conlleva las dudas en torno a las papeletas y si los electores pueden depositar dos papeletas diferentes en función de si es la plancha autonómica o la insular y se permite de esta forma que se opte por candidaturas de diferentes signo político.
Otra alternativa que se plantea es que para evitar que haya dos urnas para el Parlamento de Canarias se pueda articular que haya una sola urna para la Cámara aunque se vote en dos papeletas distintas. En caso contrario se daría el caso de que puedan haber hasta cinco urnas al coincidir en esa jornada también las elecciones al Parlamento Europeo.
