Canarias se queda sin apertura oficial del año judicial. Un cúmulo de circunstancias han dado al traste con un evento en el que los operadores judiciales hacen balance de la situación de la Administración de Justicia en Canarias y exponen los objetivos del nuevo curso, con la presencia de las autoridades de la Comunidad Autónoma. Los últimos acontecimientos relacionados con el caso Grúas, que se había aplazado, entre otras cuestiones, por la baja durante casi un mes del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y las pugnas internas derivadas de las actuaciones de Salvador Alba y los coletazos de su enfrentamiento con Victoria Rosell y otros magistrados.
La apertura del año judicial se ha celebrado en las últimas décadas en la segunda quincena de septiembre o principios de octubre, una vez que se realiza el acto oficial a nivel nacional. Tras la demora sufrida durante ese periodo, se señaló de forma oficiosa la convocatoria del acto para mañana 7 de noviembre pero se suspendió esta vez de forma definitiva. El propio presidente del TSJC, Antonio Doreste, confirmó ayer que no habrá apertura del año judicial porque "ya se han pasado las fechas" y se ha decidido suspenderlo. El principal motivo esgrimido por Doreste ha sido el tiempo, casi un mes, que ha estado de baja el fiscal general, Vicente Garrido, lo que ha supuesto una demora excesiva en los plazos habituales para inaugurar el año judicial.
Pero junto a esta razón hay otras que se han ido sucediendo en los últimos meses y que ha provocado que el ambiente dentro del mundillo judicial se haya enrarecido entre los propios operadores, pero también en sus relaciones con la Administración autonómica. El caso del juez Salvador Alba ha provocado durante este año un terremoto en la Administración de Justicia de las Islas en el que también se ha visto envuelto el presidente del TSJC, al que Alba denunció por presuntas "presiones" cuando investigaba al empresario Miguel Ángel Ramírez. Las secuelas de las grabaciones y enfrentamientos de Alba con otros magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas y con la juez Victoria Rosell todavía no han cicatrizado, aunque éste se encuentre suspendido cautelarmente y pendiente de juicio.
Los acontecimientos de las últimas semanas en torno al caso Grúas ha provocado una colisión entre la Fiscalía y el Gobierno canario personificado en el presidente Fernando Clavijo, que ha exigido que no se demore más el informe de la Fiscalía sobre su posible imputación. Clavijo pierde hoy su condición de aforado con la publicación en el BOE del nuevo Estatuto de Autonomía, que suprime los aforamientos de los diputados regionales.
Antonio Doreste se ha visto envuelto también en este caso porque ha sido recusado por la formación Unidos se Puede de La Laguna al entender esta que existen "vínculos" entre el magistrado y Coalición Canaria. Al respecto, el incidente de recusación presentado contra Doreste por el caso Grúas está registrado en la Sala de lo Penal, pero aún no ha sido admitido a trámite, según informó el órgano judicial. El TSJC indicó que tampoco ha recibido por el momento respuesta del fiscal a la providencia del pasado 31 de octubre en la que se otorgaba un plazo de cinco días para emitir un informe de competencia y contenido sobre este procedimiento judicial, derivado de la queja del jefe del Ejecutivo regional.
Junto a los problemas generados por estos casos judiciales, las distintas asociaciones y colectivos de jueces y fiscales también mantienen sus críticas contra la gestión del Gobierno regional ante la insuficiencia de medios materiales y humanos en muchas sedes de partidos judiciales y fiscalías de Canarias.
Las asociaciones de magistrados y fiscales confirmaban ayer que no han recibido ninguna convocatoria formal sobre la apertura del año judicial. La portavoz de Jueces para la Democracia, Carla Vallejo, lamenta que no se celebre este acto porque es necesario y pone en valor la conexión entre la Justicia y la ciudadanía y el trabajo que se hace por parte de la magistratura y de la Fiscalía. "Desconozco los motivos exactos de la desconvocatoria pero si fuera por algún tipo de turbulencias lo deseable es que hiciera frente a ellas manteniendo incluso el acto, pero sí es verdad que no se ha producido y tampoco se nos ha comunicado el motivo por el que se ha desconvocado", añadió Vallejo. En noviembre ya no tiene mucho sentido celebrarlo, indicó.
Por su parte, el representante de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Antonio Morales, se mostró sorprendido por la suspensión del acto porque, aunque tiene un sentido protocolario, "está revestido de significado y tiene sentido su celebración en septiembre, ahora en noviembre estaría fuera de lugar". José Antonio Morales no recuerda que en sus 26 años de carrera judicial se suspendiera nunca este evento.
