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Reducir la espera en dependencia a solo seis meses tardará aún dos años

Un nuevo decreto de Políticas Sociales busca agilizar los expedientes con la unificación de trámites y más colaboración de los ayuntamientos

Imagen de archivo de un anciano.

Imagen de archivo de un anciano. EFE

El objetivo de resolver los expedientes de la dependencia en un plazo máximo de seis meses tardará al menos dos años más, a tenor de la acumulación de expedientes y la tardanza en resolver los mismos. La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno regional ha sacado a información pública el nuevo decreto que regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema, con el fin de agilizar los procesos después de diez años desde que entró en vigor la normativa vigente y ante la acuciante necesidad de resolver los miles de expedientes pendientes.

Las propias estadísticas oficiales evidencian el colapso que existe en la valoración de la dependencia en el Archipiélago. Entre 2007 y mediados de este año aquellos solicitantes que han conseguido resolución de grado o prestación han esperado un promedio de 367 días -poco más de un año- para la obtención del grado, mientras que para obtener la prestación a la que tienen derecho se han acumulado demoras de hasta tres años -1.075 días-. Esta situación ha supuesto en los últimos once años que 8.577 solicitantes de reconocimiento de grado -el 32,87% del total- fallecieran antes de la resolución, mientras que 17.695 -el 67,72% del total- fallecieron sin obtener el reconocimiento de las prestaciones.

Son estadísticas que, aunque los números sean fríos, demuestran la necesidad de poner medios e iniciativas que agilicen los trámites. En el nuevo decreto que se quiere aprobar en tres meses se introducen dos medidas que puede suponer un espaldarazo para acelerar los procedimientos burocráticos. Por un lado, el texto apuesta por el procedimiento unificado con el fin de que en una única resolución se integre tanto el grado de dependencia como el reconocimiento de la prestación. Actualmente son dos trámites en momentos distintos que ralentizan el proceso en exceso, ya que entre una resolución y otra puede pasar más de un año.

La directora general de Dependencia y Discapacidad, Eulalia García, resalta que esta medida supone no solo mejorar la gestión de cara al ciudadano sino, sobre todo, una profunda reorganización interna de los procedimientos.

La segunda novedad es la descentralización del sistema, de tal forma que los ayuntamientos también hagan el informe social que requiere el usuario que solicita la valoración de la dependencia. De esta forma, se agilizaría una parte fundamental del procedimiento ya que los informes sociales están centralizados en la Comunidad Autónoma. Según Eulalia García, "no se trata de sustituir, sino de contar con más colaboradores que también cuentan con los medios, el conocimiento y parte de las competencias en materia de servicios sociales".

García resalta que el nuevo decreto por sí mismo no va a resolver todos los problemas y tiene que ir acompañado de otras medidas como la contratación de más personal en los ayuntamientos y en el departamento de Políticas Sociales y más fondos públicos. La directora general de Dependencia y Discapacidad espera que en unos dos años se descongestione las listas de espera para después intentar cumplir el plazo legal de seis meses como máximo para resolver los expedientes, si bien García confía en que se pueda bajar incluso de los seis meses.

Silencio administrativo

Uno de los asuntos que actualiza el decreto es el silencio administrativo positivo, que está en vigor desde la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015. El texto del decreto estipula que "transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada, sin perjuicio de la obligación de la Dirección General competente en materia de dependencia de resolver expresamente".

Una cuestión que se está barajando también para agilizar el procedimiento es que en vez de dos visitas al usuario se haga una sola. En la primera visita se determina el grado de dependencia del solicitante, mientras que en la segunda se decide la prestación a la que tiene derecho, es decir, una ayuda económica, asistencia domiciliaria o residencia. La intención es unificar en una sola visita los dos trámites.

El nuevo decreto se complementará con la nueva Ley de Servicios Sociales, que se tramita actualmente en el Parlamento, con el fin de disponer de los fondos públicos para dotar la normativa y la regulación de la cartera de servicios.

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