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Justicia Consecuencias del conflicto institucional entre el Gobierno y la Fiscalía

El TSJC esperará al informe de la Fiscalía para decidir en el 'caso Grúas'

El ministerio público tendrá listo su escrito sobre si investiga o no al presidente del Gobierno en pocos días, antes de que se cumpla el plazo dado por el tribunal

El TSJC esperará al informe de la Fiscalía para decidir en el 'caso Grúas'

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) esperará al informe de la Fiscalía para tomar una decisión sobre el caso Grúas aunque no sea preceptivo.

Al Ministerio Público le quedan en torno a diez días para contestar a la providencia que el Tribunal Superior le remitió la pasada semana y emitir su decisión sobre si investiga o no al presiente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, por su actuación cuando era concejal y después alcalde de La Laguna en un préstamo municipal para evitar el quebranto del servicio de grúas. No obstante, no agotará el plazo y dictaminará antes de que se consuma el tiempo, según fuentes de la Fiscalía.

El pasado miércoles, el tribunal remitió una providencia a la Fiscalía otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que realice el escrito de competencia y contenido en referencia a la posible investigación del actual presidente del Gobierno canario. Pero al tratarse de una providencia telemática el Ministerio Fiscal cuenta con un segundo plazo de diez días naturales.

El TSJC apremió a la Fiscalía tras la presentación de dos escritos de Clavijo donde se quejaba del retraso "injustificado" e "indebido" del Ministerio Público en determinar si lo investiga o no y reclamó el "sobreseimiento" de la causa al entender que la actuación en el servicio de recogida de vehículos en La Laguna, cuando era regidor del municipio, está "perfectamente acreditada" en el expediente desde su origen.

Ahora, la Fiscalía tiene en sus manos la decisión sobre si investiga a Clavijo. Tras la recepción del informe, la Sala de lo Penal del TSJC, conformada por Antonio Doreste, Margarita Varona y Carla Bellini, tomará una decisión que no se dilatará mucho en el tiempo. Desde que el pasado martes entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Canarias, donde se suprimen los aforamientos, se abre la puerta a que el TSJC devuelva la causa al Juzgado de La Laguna, al perder Clavijo su condición de aforado. Pero la defensa del presidente pelea por mantener el caso Grúas en el TSJC, para evitar más demoras en este proceso.

Partidos

El presidente del Gobierno de Canarias opina que los dos partidos denunciantes del caso Grúas- Por tenerife-Nueva Canarias y Unidos Se Puede- utilizan la Justicia como "arma política". Clavijo expone que la prolongación en el tiempo de este caso va en detrimento de las personas que han sido denunciadas y que "constantemente" están sujetas a preguntas. A su juicio, el hecho de que tarde tanto tiempo en despejarse el caso "no es algo inocuo" y "espera y desea" que la Fiscalía se pronuncie "cuanto antes" tras pasar más de dos meses desde que se elevase el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y después de que esa instancia haya realizado tres requerimientos en ese sentido para que el fiscal emita su informe.

"En principio lo que buscamos es que la Fiscalía se pronuncie de una vez por todas, creo que ha habido tiempo más que suficiente y los plazos se han sobrepasado holgadamente", recalca Clavijo, quien vuelve a insistir en que lo que busca la denuncia es "follón político".

Ante la posibilidad de que se vuelva a remitir el caso desde el TSJC al Juzgado Número 2 de La Laguna tras perder su aforamiento con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, Fernando Clavijo contesta que esa decisión le corresponde al TSJC y habrá que esperar a que la sala se pronuncie.

El presidente del Gobierno indica que ya pidió que la Fiscalía se pronuncie y que espera que haya un sobreseimiento del caso para que la denuncia quede archivada por segunda vez. En su opinión, la acusación que afecta a la privatización del servicio municipal de recogida de vehículos en La Laguna se basa en una serie de hechos "que contradicen claramente" las imputaciones en un caso propiciado por una denuncia política de los partidos de la oposición en La Laguna.

El pulso surge a seis meses de las elecciones regionales después de que la Fiscalía cambiara de opinión -de pedir el archivo pasó a ver indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos sin que se hubieran descubiertos nuevos hechos relevantes ni se aportaran nuevas pruebas- con retrasos inhabituales de varios meses que dilataron la causa.

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