La composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el nombre de su presidente, Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959), supone el primer acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el PP de Pablo Casado, un pacto que se ha conseguido pese a que el Ejecutivo diera por rotas las relaciones entre ambos el pasado 24 de octubre, cuando el lídel del PP acusó a Sánchez ante el pleno del Congreso de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España".

El acuerdo por el que Marchena, el candidato preferido por el PP, se convertirá en el presidente del CGPJ supone, a cambio, que el órgano de gobierno de los jueces contará con una mayoría progresista y once de los veinte locales que lo conforman serán propuestos por formaciones de este espectro político.

El acuerdo quedó cerrado hoy peses a que el viernes el PSOE se resistía a la propuesta de los populares por el marcado perfil del canario y por las preferencias de los socialistas de que la presidencia del poder judicial recallera en una mujer.

Marchena, fiscal desde 1985, ha presidido en los últimos cuatro años la Sala de lo Penal del Supremo, la que ha instruido, y próximamente juzgará la comisión de posibles delitos de rebelión o sedición y malversación por los responsables del 1-O.

Bajo su presidencia, la Sala de lo Penal ha actuado con firmeza, unidad y sin discrepancias en un proceso en el que Pablo Llarena, instructor de la causa, ha atraído los focos, pero en el que el papel de Marchena ha sido fundamental.

Si los veinte vocales que compongan el nuevo Consejo General del Poder Judicial confirman el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP, Marchena no formará parte del tribunal que va a juzgar el caso, en el que él iba a ser presidente y ponente de la sentencia.

Considerado conservador, se le reconoce su prestigio, su capacidad de diálogo y su moderación. Esas características han sido determinantes para que el Gobierno haya aceptado que el candidato preferido por el PP presida el CGPJ.

Ese perfil se valora para iniciar una etapa menos presidencialista que la anterior, algo que coincide con el cambio legal que se tramita en las Cortes y todos los partidos apoyan para devolver competencias al pleno del CGPJ.

Compañeros suyos del Supremo inciden en su trato cercano y en su particular sentido del humor.

Elogian en especial el control que ha llevado de todos los asuntos que pasaban por esa Sala, hasta tal punto que creen que sería difícil que hubiese pasado un asunto tan controvertido como el caso de la sentencia de las hipotecas en una Sala como la de lo Penal.

Y es que durante el mandato de Marchena, según apuntan algunos jueces consultados por Efe, la Sala de lo Penal ha celebrado "muchísimos plenos", más que con su antecesor, Juan Saavedra, con el objetivo de unificar los criterios de los diferentes magistrados con una base jurídica sólida.

Marchena llegó al Supremo como fiscal de 2004 y fue elegido magistrado de la Sala de lo Penal tres años después para cubrir la vacante por jubilación de José Antonio Martín Pallín.

Antes, tras ejercer en la Audiencia de Las Palmas y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, formó parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General en la etapa de Jesús Cardenal.

En 2014, el CGPJ lo eligió por delante de Cándido Conde-Pumpido para presidir la Sala de lo Penal del Supremo y ahora, cuatro años después, el Gobierno y el PP han pactado que presida el Supremo y el CGPJ.