La convulsa situación que ha vivido la Audiencia Provincial de Las Palmas en los últimos años a raíz de la polémica por las grabaciones realizadas por el juez Salvador Alba en noviembre de 2016, así como las disputas entre distintos sectores de la judicatura en Canarias marcaron ayer las comparecencias ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los cuatros candidatos que aspiran a hacer con la presidencia de este órgano jurisdiccional. La renovación coincide en el tiempo con la del propio CGPJ y la polémica abierta por el acuerdo de reparto entre PSOE y PP que ha llevado a la presidencia del mismo al grancanario Manuel Marchena no sin que la decisión haya cosechado críticas desde distintos sectores de la judicatura y la política.
Mientras por la Audiencia de Tenerife sólo se presenta para renovar en el cargo Joaquín Astor Landete, -quien ha tenido un papel destacado en los últimos meses en la deriva del caso Grúas - en la batalla en Las Palmas vuelven a verse las caras los dos candidatos que ya optaron al cargo hace cinco años, Emilio Moya y Pilar Parejo, y que en aquella ocasión se saldó con la victoria del primero por doce votos frente a los ocho a favor la magistrada.
La pugna se abre ahora algo e implica a dos candidatos más, Juan José Cobo y Carla Vallejo, lo que da una idea de la situación de malestar que se vive en la institución y deja aún más abierto el resultado.
Emilio Moya, de 61 años, actual presidente de la Audiencia Provincial y, a su vez, jefe de su Sección Sexta, aspira a la reelección y defendió por tanto la gestión en estos últimos cinco años, reconociendo no obstante que aún le quedan por cumplir propuestas de su anterior programa. A grandes rasgos, Moya hizo hincapié en la necesidad de acercar la Administración de Justicia al ciudadano, mejorar el trato que se le dispensa y aprovechar los nuevos recursos tecnológicos para modernizar su funcionamiento.
Y en relación con la situación de crisis que se ha vivido en el tribunal, defendió en todo momento su actuación pero destacando sobre todo que el cargo "carece de competencias institucionales y que el hecho estaba residenciado en el órgano disciplinario".
Pilar Parejo, presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia, dejó bien claro que es precisamente esta crisis la que la ha motivado a volver a presentarse para el cargo. Según ella, "al margen del procedimiento que se ha abierto contra este magistrado, lo cierto es que el descrédito y la desconfianza a que ha dado lugar para la Audiencia Provincial es evidente". En atención a ello, aseguró que su "primer objetivo" si accede al puesto será "pasar página, trabajar con ilusión y transparencia para tratar de recobrar la confianza de la ciudadanía". "Creo que se nos debe valorar por las resoluciones y por su contenido jurídico o criticarnos por ello, pero no por otras razones".
Respecto al resto de su programa Parejo propuso "un gobierno basado en las personas, la colaboración y coordinación y el entendimiento entre todos los colectivos que trabajamos en la Administración de Justicia", subrayó.
Anunció que pretende coordinarse con la fiscal jefa provincial para agilizar los procedimientos de resolución de conflictos, así como acercar la Audiencia a los ciudadanos. Abogó por la igualdad de la vida laboral y familiar entre jueces de ambos sexos y acabar con decisiones como, por ejemplo, que las comisiones de servicio se otorgan a los magistrados "porque se supone que son los que tienen sustentar a la familia" y las medidas de conciliación para las magistradas "porque se suponen que son las que tiene las obligaciones de cuidado de la familia".
Tensiones importantes
También abordó la polémica situación de la institución la otra magistrada candidata a la presidencia, la juez de vigilancia penitenciaria Carla Vallejo, quien aseguró que "a nadie se le escapa que se han producido tensiones importantes en la Audiencia Provincial de Las Palmas y en la justicia en Canarias como consecuencia de la actuación de personas muy concretas que han dañado su imagen". Por ello consideró que "es importante una reacción por parte de la presidencia de la Audiencia para que asuma una posición pública de defensa de la justicia en Canarias y de los jueces y juezas que ejercemos allí".
Vallejo también apostó por fortalecer las "relaciones entre magistrados y magistradas de la comunidad canaria y reducir las dificultades que supone la insularidad, reforzar todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento del protocolo de comunicación judicial de 2018, o cubrir las necesidades de cada una de las secciones, sobre las que dijo que "siguen funcionando como compartimentos estancos".
El otro nuevo candidato en liza, el presidente de la Sección Cuarta, Juan José Cobo, fue el único que no se refirió directamente a la crisis de las grabaciones de Alba y se centró en explicar su propuesta principal si es elegido para el cargo: unificar doctrina tanto en las salas penales como especialmente en las civiles a partir de la creación de una base de datos que recopile toda la jurisprudencia de todos los jueces del tribunal, y la sistematice de manera que puedan acceder todos los jueces de Las Palmas en el día a día.
"Con ello", asegura, "se mejoraría de manera efectiva la coordinación de la doctrina entre la Audiencia Provincial y los jueces de primera instancia", resaltó.
