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La Fiscalía también opta por enviar al tribunal ordinario la denuncia a Cabrera

El ministerio público, igual que hizo con Clavijo, informa al TSJC que no es competente al perder el diputado la condición de aforado con el nuevo Estatuto

Mario Cabrera. CARLOS DE SAA

La Fiscalía Superior de Canarias ha remitido la causa contra el diputado de CC Mario Cabrera a los tribunales ordinarios de Fuerteventura, por la pérdida de su condición de aforado tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, que la elimina para los diputados regionales.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) pidió al fiscal el pasado viernes que evacuara al respecto un informe de competencias, tras recibir el que afecta al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, por su implicación en el caso Grúas. En ese caso la Fiscalía interpretó que el TSJC ya no es competente y que con la pérdida de aforamiento la causa del mandatario regional debía volver al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, donde se inició por una denuncia de dos partidos de la oposición del ayuntamiento tinerfeño.

El Ministerio Público aplica ahora el mismo criterio en el proceso contra Mario Cabrera, secretario primero de la Mesa del Parlamento de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura.

Con todo, dado que la decisión de la Fiscalía no es preceptiva, la pelota queda en la Sala de lo Penal del TSJC que debe tomar una decisión en los casos de ambos implicados, aún no investigados.

Clavijo elevó quejas al TSJC a finales de octubre por la demora de tres meses de la Fiscalía en emitir su informe sobre si era o no investigado en el caso Grúas y reclamó el sobreseimiento de la causa. Ante esta demanda el TSJC apremió al ministerio público para que resolviera en un plazo de cinco días.

En cuanto a Mario Cabrera, Ernesto Vieira, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presentó hace dos semanas una querella contra el diputado y contra el presidente del Cabildo de Fuerteventura Marcial Morales, por cuatro presuntos delitos de prevaricación y uno de falsedad en documento oficial, por su gestión al frente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF).

Una denuncia del comité de empresa de la CAFF - empresa pública consorciada por el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos majoreros- , destapó una serie de irregularidades que llevó a Vieira a presentar la querella y a pedir que se tome declaración como "investigados" a Mario Cabrera a Marcial Morales, entre otros.

Las presuntas irregularidades se localizan en la compra de agua procedentes de pozos y catas, el servicio de máquinas retroexcavadoras, el suministro de combustibles y carburantes y en el servicio de transportes de cubas de agua.

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