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El laberinto de los bebés robados

La Fiscalía ya hizo lo que ahora pide Podemos en una proposición de ley, investigar casos isleños, pero fue imposible por la falta de documentos y el tiempo pasado

Afectados por supuestos robos de bebés en el Parlamento regional en mayo de 2016. DELIA PADRÓN

La Justicia en Canarias ya ha intentado hacer lo que ahora pide Podemos a través de una proposición de ley presentada ayer en el Parlamento de Canarias: investigar los posibles casos de bebés robados durante y después del franquismo. Fue imposible. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, abrió procedimientos en 2011 por seis denuncias sobre hechos ocurridos en los años setenta y ochenta en varios centros hospitalarios y la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife. Todos fueron archivados. La razón: la ausencia de documentos que acrediten que esas denuncias son ciertas.

En ese sentido, el Archipiélago no es una excepción. Ocurre en el resto de España, donde han proliferado cientos de denuncias presentadas por particulares o colectivos, entre los que destaca la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares y Sin Identidad. Sin embargo, en un solo caso se ha logrado reunir la suficiente documentación como para abrir un juicio en todo el país. Y se topó con otro problema: la preescripción de los delitos.

El pasado 8 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al ginecólogo Eduardo Vela por este motivo aunque le consideró autor de todos los delitos -detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial- en el primer juicio de un caso de bebés robados en España. Quedó demostrado que Vela sustrajo a Inés Madrigal en 1969 pero no se condenó al señalarse como fecha de inicio de la consumación de los hechos el momento en que esta mujer alcanzó la mayoría de edad.

Una ley que abarca 82 años

La proposición de ley de Podemos, la primera de este tipo presentada en España, abarca además un periodo de tiempo extensísimo, casi 82 años: desde que se produce el golpe de Estado en 1936 hasta mucho después del final de la dictadura, el año 2001. Podemos defiende, tal y como señaló ayer su diputado Manuel Marrero, que la sustracción de recién nacidos se llevó a cabo "a nivel exponencial" desde la irrupción del franquismo y se acentuó en las Islas con "el caciquismo local".

Para impulsar las investigaciones, el grupo parlamentario de la formación violeta ha solicitado la creación de un cuerpo específico en la Policía Canaria, así como ayudas estatales a quienes quieran emprender una acción judicial. "Se pretende ir más allá del alcance de la ley de Memoria Histórica para así reparar las heridas de las víctimas de estas prácticas", detalló Noemí Santana, portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias.

La denuncia se repite en todas las reclamaciones que merecieron la apertura de diligencias judiciales y que luego fueron archivadas en el Archipiélago por la imposibilidad de contrastarlas: a las madres les comunicaron tras el parto que sus hijos habían fallecido pero ahora piden que, como está ocurriendo con otros centenares de situaciones similares en la Península, se averigüe si les mintieron y sus recién nacidos en realidad fueron destinados a adopciones ilegales.

Las asociaciones han llegado a cifrar en 300.000 los bebés que fueron robados en España entre los años 1940 y 1990. Las canarias hablan de centenares de casos, sin más precisión. Según estos colectivos de presuntos afectados, los robos se habrían producido en hospitales públicos, clínicas privadas, orfanatos y otras organizaciones de atención a la infancia vinculadas con la Iglesia.

La Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife es la institución que más ha despertado sospechas en las Islas. Los casos de presuntas adopciones ilegales llevados a cabo en este centro entre los años 50 y 70 se acumulan. Al centenar que denunció la ONG Prodefensa Infancia Desprotegida (Prodid) se sumaron los alrededor de 30 del Colectivo Sin Identidad, una asociación. Además, estas denuncias hablan de la hipotética venta de niños a familias extranjeras. Según varios de estos colectivos de afectados, los bebés canarios rubios y con ojos azules serían reservados para los demandantes foráneos, sobre todo de alemanes.

Pero todos los intentos de averigar la verdad han chocado con una realidad: la falta de documentos oficiales y testimonios directos que aseguren que estos casos ocurrieron. Ni siquiera las propias personas que han denunciado han sido capaces de entregas pruebas determinantes para esclarecer los hechos.

Aún así, Podemos plantea incluso la creación de un banco de datos impulsado y financiado por la administración y el derecho a la tutela judicial. Así como que la reparación a las víctimas sea económica, y no meramente moral, y que se conforme una comisión canaria por el derecho a la verdad.

Esta es la segunda iniciativa relacionada con los robos de bebés en el Parlamento canario durante esta legislatura. En 2016 la Cámara aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley conjunta en la que se declara estos hechos de "crimen contra la humanidad". Ya entonces se hizo un llamiento al Gobierno de España y a la Fiscalía para que pusieran en marcha una investigación "efectiva y real".

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