Pérez y Ascanio denuncian que CC acosa al TSJC para que archive la causa

Santiago Pérez indica en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya no tiene autoridad jurisdiccional sobre el caso y afirma que "la finalidad de la escandalosa campaña de presión que está desarrollando el Gobierno de Canarias sobre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y sobre la opinión pública es evidente: están incitando al TSJC, que ya no tiene competencias jurisdiccionales sobre el Caso Grúas, a decretar el archivo". "Y esto nos colocaría directamente en el terreno de la prevaricación judicial", advierte.

Santiago Pérez señala que el informe del teniente fiscal al que se refiere la información publicada hoy por La Provincia y La Opinión "si de verdad existe, es completamente irrelevante desde el punto de vista jurídico porque la competencia la tiene el Fiscal Jefe. Y el Fiscal Jefe ha informado en términos sumamente respetuosos con el ordenamiento jurídico". El TSJC "ya no tiene competencias jurisdiccionales sobre el Caso Grúas, no tiene más autoridad sobre ese caso que la que pueda tener cualquier simple ciudadano", reitera.

Esa información, a su juicio, "pretende ignorar dos resoluciones judiciales de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que con mucha claridad establecen indicios de tres delitos de los que el principal responsable es Clavijo, al que no se ha imputado hasta ahora, y sí a sus subordinados, simplemente porque estaba aforado", explica Pérez. En esas informaciones, añade, "parece ignorarse también que la Fiscalía ya expresó su criterio ante el Juzgado de Instrucción, y era favorable a elevar el caso al TSJC porque existen indicios de criminalidad en la actuación de Clavijo como alcalde".

Por su parte, Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, que es uno de los denunciantes del 'caso Grúas', afirmó hoy que ningún escrito del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avala la existencia de un informe de teniente fiscal del TSJC, Demetrio Pintado.

En un comunicado, Rubens Ascanio asegura que el escrito anunciado hoy por varios medios no aparece plasmado en ningún documento público del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y añade que su grupo ha pedido una decena de testificaciones claves y la entrega de documentos que no han aparecido.

También ha pedido la auditoría de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 de la entidad, solicitada por los interventores municipales y que "nunca se realizó".

A juicio de Rubens Ascanio, parece que el presidente canario, Fernando Clavijo, y su defensa, "están dibujando con sus declaraciones, filtraciones y teorías de la conspiración un escenario en el que se está dispuesto a incendiar la judicatura para salvaguardar los intereses políticos de Coalición Canaria (CC)".

Destaca que parece que la defensa de "CC insiste en seguir usando cortinas de humo para construir un argumentario que haga menos dura la previsible imputación de Fernando Clavijo en las próximas semanas".

El portavoz de Unid@s se puede señala que en la providencia del TSJC del 8 de noviembre se afirma que para elaborar el informe solicitado por la defensa del presidente canario se necesitaba más tiempo, dada "la complejidad de la causa", basada en la existencia de una "extensa documentación remitida (1507 folios) por la magistrada instructora acompañado por la Exposición Razonada dictada, a los que hay que añadir 22 tomos del procedimiento original".

En ese informe de noviembre el Ministerio Fiscal, agrega Ascanio, se refiere a la falta de competencia de la sala, "sin embargo hace un relato de los antecedentes de este asunto a fin de justificar la ampliación del plazo para emitir el informe que anteriormente le intereso la Sala".

Este informe sería sobre el "análisis de la posible existencia de delitos de prevaricación y malversación de caudales descritos por la Magistrada del Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna, así como la existencia de indicios racionales de la participación en ellos de Don Fernando Clavijo Battle".

El portavoz de Unid@s se puede asegura que "el Fiscal no refiere en ningún momento la existencia de un informe anterior", más bien justifica que no haya emitido informe con anterioridad, cuando afirma: "Sin duda, los trámites relatados aconsejaban un estudio minucioso de las actuaciones recibidas para informar sobre lo más esencial, la existencia de indicios en la comisión de los delitos relatados (prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos), delitos por otra parte de naturaleza compleja muy vinculados al ámbito del derecho administrativo".

Ascanio insiste en que en la providencia del fiscal superior, Vicente Garrido, "no se relaciona ningún informe verbal o escrito del teniente fiscal, sí, en cambio se indica que no fue hasta el 28 de agosto de 2018 cuando la Magistrada Instructora del caso remitió al TSJ su escrito".

Cree que Fernando Clavijo cada día "es más consciente del recorrido judicial que le espera por delante y está usando toda su artillería a la desesperada, en un intento de desacreditar a todo el mundo, incluso a la judicatura".

Considera Ascanio que una decisión del TSJC contradictoria con respecto al informe del Fiscal, "en el que taxativamente dice que considerar al TSJC como responsable de la causa, una vez el presidente ha perdido su aforamiento, supondría la vulneración del derecho constitucional al juez predeterminado por la ley" y del "principio de seguridad jurídica del artículo 9.3" recogido en la Constitución.