Victoria Rosell no va a estar finalmente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La magistrada canaria, titular del Juzgado número dos de Las Palmas, se descuelga de la lista en la que aparentemente el PSOE la había incluido para que fuera una de las representantes del sector progresista en el órgano de gobierno de los jueces que debe renovarse el próximo 4 de diciembre y que estará presidido por el también canario Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Rosell se ha quedado sin el respaldo político necesario para aguantar los tiras y aflojas de las negociaciones de última hora antes de que el Congreso y el Senado voten en los próximos días los 20 vocales del nuevo consejo judicial.
Pese a que Podemos confió desde el principio en poder colocar a la que fuera su diputada en las XI Legislatura entre los once representantes progresistas, y contaba con que el PSOE cediera uno de esos puestos, la recta final del proceso ha resultado letal para la juez canaria, que no ha logrado tampoco que la formación morada sostuviera la presión hasta el final ante los socialistas. De hecho, en las horas finales de la negociación las versiones de una y otra parte eran divergentes, ya que mientras el PSOE sostenía que el nombre de Rosell no estaba en la lista inicialmente pactada con el PP y que Podemos lo puso sobre la mesa a última hora, el partido de Pablo Iglesias apunta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, como responsable directo del veto hacia ella.
La magistrada canaria, en todo caso, se manifestaba ayer muy contrariada y aseguraba que le decepcionaba "más el que cede, que el que presiona", sin aclarar a quién achacaba cada una de esta actitudes. En declaraciones a La Autonómica, aseguró que su nombre "estuvo en las negociaciones desde el principio" y que seguía estando hasta el martes por la noche, resaltando que no atribuía su salida de la lista a un supuesto veto por parte de Marchena, el magistrado del sector conservador que PSOE y PP han pactado para presidir el CGPJ y, por ende, el Tribunal Supremo.
Rosell desveló que Marchena la había llamado por teléfono ayer y que le había garantizado que él no había pedido que la excluyeran de la lista, ni había condicionado su aceptación de la presidencia a que ella no formara parte del órgano de gobierno judicial. Tras afirmar que confiaba plenamente en la palabra de Marchena, aseguró que el supuesto veto del magistrado canario "no tiene ninguna credibilidad" entre otras razones porque sería atribuir a un representante del sector conservador una capacidad de influencia sobre los progresistas y sobre el propio PSOE que en realidad no tiene. "Pienso que ha sido alguien de menor porte intelectual", resaltó Rosell en sus declaraciones.
Esa supuesta intervención del futuro presidente del Poder Judicial había sido mencionada de facto por distintas fuentes el pasado martes, siempre en el marco de una ofensiva de mayor alcance del sector conservador contra la presencia de un perfil tan político entre los candidatos propuestos por las asociaciones profesionales de magistrados. Como se recordará, la jueza canaria ha sido propuesta por Juezas y Jueces por la Democracia, asociación a la que pertenece, y es uno de los 51 candidatos de los que se deben extraer los 12 miembros del CGPJ que no son designados directamente por los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, aunque sí tendrán igualmente que ser votados por las cámaras por una mayoría de tres quintos.
Ayer mismo se insistía en que esas presiones para excluir a Rosell habían existido desde distintos frentes, entre ellos un sector del PP en el que tendría una parte de influencia el ex ministro y ex presidente de los populares canarios, José Manuel Soria, uno de los enemigos acérrimos de la magistrada y autor de la querella contra ella ante el Supremo en febrero de 2016 por injurias y calumnias y que el propio Marchena instruyó en su momento y que acabó archivada en el TSJC.
Las fuentes que apuntan a la posible presencia de Soria en las bambalinas de la negociación recuerdan que el ex político canario fue un personaje clave en el proceso de elección de Pablo Casado como líder del PP y que habría presionado a la dirección popular para revisar el acuerdo alcanzado con el PSOE.
Presiones
Supuestamente, el pacto para renovar el CGPJ descartaba vetos personales a cualquier nombre que pusiera sobre la mesa cualquiera de los dos partidos, y que los socialistas apoyarían al conservador Marchena como presidente si los populares accedían a una mayoría progresista de once a nueve en el órgano de gobierno.
La ex diputada de Podemos no aclaraba ayer hasta dónde consideraba que podrían haber llegado estas presiones para sacarla de la lista y exculpaba a Marchena. Defendió la valía profesional del magistrado canario a pesar de reconocer que con él coincide "en poco más" que en lo que ambos piensan de Salvador Alba, el magistrado que va a ser juzgado en el TSJC acusado de haber manipulado una instrucción penal para perjudicarla. "Entre Marchena y yo no hay ningún enfrentamiento personal. Él fue quien admitió la querella que me obligó a dimitir. Eso es verdad y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida", señaló. La jueza reveló que el propio Marchena le ha confesado que se fió del informe que Salvador Alba le había enviado sobre su desempeño en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, informe en el que ahora se basan las acusaciones de falsedad y prevaricación que la Fiscalía dirige contra Alba.
"A mí Marchena me dijo en su momento que admitió esa querella engañado por ese informe. Y me parece un ejercicio de honestidad que reconozcas que te has equivocado, engañado por otros", remachó.
