El caso Grúas se enreda. Ayer se conoció que la Fiscalía General del Estado ha influido para que el asunto no se resolviera antes de que entrara en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en un nuevo lío de una causa que cada vez se envicia más. El caso tiene una enorme repercusión y trascendencia política y judicial a seis meses de las elecciones regionales en un procedimiento que afecta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha perdido su condición de aforado desde la publicación de la nueva norma institucional básica de la comunidad autónoma.

La Sala de lo Penal de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidió ayer -con un voto en contra particular de su presidente- que el caso Grúas vuelva al juzgado de La Laguna, donde se apreciaron indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación de Clavijo durante la privatización del servicio de retirada de vehículos. La causa lleva un tortuoso recorrido: primero se archivó con el visto bueno del fiscal de La Laguna para con posterioridad reabrirse tras un recurso de los partidos de la oposición ante la Audiencia Provincial de Tenerife y hallarse -con las mismas pruebas y mismos hechos- indicios de delito donde antes no se veían.

El voto particular del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, para que el caso no retorne a La Laguna difiere de la opinión sostenida por la Fiscalía General del Estado desde donde se trasladó al ministerio fiscal de las Islas la suspensión de cualquier escrito a la espera de que se aprobara el Estatuto de Autonomía, y por lo tanto, de que Clavijo perdiera su condición de aforado. De esta manera el caso regresaba a La Laguna. Una maniobra dilatoria desde la Fiscalía General del Estado en la que se juega con los tiempos políticos y jurídicos de la causa.

El embrollo es aún mayor porque, desde el 28 de octubre, la Fiscalía General del Estado dispone de un borrador de informe del ministerio público del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde su teniente fiscal en los trabajos preparatorios previos a la decisión oficial final plantea el archivo del caso Grúas al no apreciar indicios de delito en la actuación de Fernando Clavijo.

Todas estas anomalías pueden dar origen a recursos o denuncias como consecuencia de lo que se entiende como una pérdida de la tutela judicial efectiva por parte de Fernando Clavijo y de una intervención manifiesta desde la Fiscalía General del Estado para condicionar resoluciones judiciales a intereses políticos.

Las inusuales demoras durante meses de la fiscalía en La Laguna, un cambio de criterio para investigar a Clavijo tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, el retraso posterior del fiscal en el TSJC en pronunciarse sobre estos hechos y la dilación a la espera de la aprobación del Estatuto de Autonomía -con las dudas legales generadas respecto a un caso insólito en la historia judicial de España que afecta a la pérdida de la condición de aforado tras cambios legales que afectan a los derechos de defensa- hacen de este procedimiento un caso atípico con una explosiva combinación política y judicial. Una bomba cuya detonación y efectos son difíciles de controlar una vez activada.

El enredo es monumental con informaciones ambiguas, ocultación de conclusiones y maniobras dilatorias mediante el uso de técnicas y recursos lingüísticos judiciales. En la última respuesta del ministerio fiscal del TSJC a la sala de lo penal sobre la jurisdicción del caso y la posible existencia de delitos en la gestión de Fernando Clavijo el fiscal comunica que dado el complejo análisis de los delitos, la falta de tiempo y el voluminoso archivo de la causa no es posible disponer de un informe sobre el caso. El informe está fechado el 31 de octubre. Tres días antes la Fiscalía General del Estado disponía ya de un borrador del informe enviado desde la fiscalía de Canarias, con un trabajo preparatorio previo redactado por el teniente fiscal en el que plantea el cierre del caso al no apreciar indicios de delito en la actuación del ahora presidente del Gobierno de Canarias cuando era alcalde de La Laguna.

La Fiscalía General del Estado trasladó entonces al ministerio fiscal del TSJC "la conveniencia de suspender la presentación de ningún escrito" dado que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para conocer los hechos "derivaba del aforamiento" de los miembros del Gobierno canario, establecido por el Estatuto de Autonomía de Canarias, "norma que de forma inminente iba a ser reformada". Es decir, que no se hiciera nada. Este proceder delata una clara maniobra dilatoria desde la Fiscalía General del Estado, que dirige María José Segarra, nombrada por el Gobierno socialista, con consecuencias en el devenir del procedimiento. Junto a criterios judiciales influyen las consecuencias políticas de una propuesta que desde Canarias salió dispuesta para que se archivara el caso.

El Estatuto de Autonomía se había aprobado en el Senado el 24 de octubre pero no había entrado en vigor todavía -con lo que Fernando Clavijo aún no había dejado de ser aforado- cuando, como reconoce la propia Fiscalía del TSJC en un comunicado remitido ayer, el ministerio público estatal pidió no elevar ningún pronunciamiento. El 28 de octubre recibió el "borrador de informe" tendente al cierre del caso. Ese "borrador" se basa en buena parte de las consideraciones del teniente fiscal que no ve ningún indicio de que Clavijo hubiera cometido delito cuando, primero como concejal de Seguridad y luego como alcalde de La Laguna, promovió la privatización de las grúas, operación que investiga la Justicia. El 6 de noviembre pasado, cuando el Boletín Oficial del Estado publicaba la reforma del Estatuto de Autonomía, se hacía efectiva la pérdida del aforamiento de Clavijo.