El fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, ha decidido participar en el debate público -político, jurídico y periodístico- sobre el caso Grúas. Con un asunto que aún está vivo, y que arrastra polémicas resoluciones procesales, Vicente Garrido acudió ayer a dos emisoras de radio -la cadena Ser y la Cope- para comentar durante más de una hora actuaciones del ministerio fiscal, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), e informaciones de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas sobre un polémico proceso que afecta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Al contrario de lo practicado por otros compañeros que se limitan a trasladar sus opiniones a través de los escritos judiciales -sin entrar en debates públicos en medios de comunicación- e incluso en contra de lo que él mismo entiende que debe ser su actividad, "circunscrita" solo al "ámbito judicial", Vicente Garrido se explayó ayer en sus dos entrevistas radiofónicas sobre el proceder de políticos, medios de comunicación, jueces y fiscales en un asunto de una enorme trascendencia política, no solo por el afectado, el presidente del Gobierno de Canarias, sino también por el devenir de un procedimiento judicial a seis meses de unas elecciones regionales.
El fiscal superior del TSJC acusó ayer a responsables públicos -sin citar a ninguno por su nombre- de usar "caprichosamente cuando han querido" su condición de aforado, a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas -que informó de que el teniente fiscal defendió el archivo del caso Grúas- de construir "de manera artificiosa" una información "inexacta, errónea y falsa" y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, de emitir un voto particular "farragoso" y "alambicado".
Apenas unas horas después de que la sala de lo Penal del TSJC decidiera que el caso Grúas retornara al Juzgado de La Laguna una vez que Clavijo perdió su condición de aforado tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, Garrido comentó que el voto particular emitido por el presidente del Alto tribunal canario "cuesta trabajo entenderlo".
"No porque no entienda lo que dice, sino porque su fundamentación me parece muy alambicada. Es una mezcla de muchas normas y muchas reflexiones", expuso el fiscal superior en la Cope. "Utiliza una disposición transitoria del Código Civil de 1989 cuando hay jurisdicción posterior del año 2015".
Aunque con el uso de un calibre dialéctico más grueso del habitual en la discrepancia jurídica de Garrido sobre el criterio de Doreste se sitúa una de las claves del proceso: si tras la aprobación del Estatuto de Autonomía la causa tiene que dejar o no la sala de lo penal del TSJC. Doreste mantiene que no porque se tienen que aplicar las disposiciones legales antes de la aprobación del Estatuto sin que haya carácter retroactivo. Se evitaría así un daño a la tutela judicial efectiva. El fiscal superior opina lo contrario.
Aunque ayer Vicente Garrido acudió a la Cope y la Ser para aclarar las dudas sobre cómo se ha gestionado este asunto desde el ministerio fiscal-sobre todo después de que la Fiscalía General del Estado interviniera para dilatar una resolución judicial en el TSJC- sus en ocasiones confusas aclaraciones y los errores sobre las fechas de algunas actuaciones abren nuevas incógnitas sobre el proceder de la Fiscalía.
El fiscal superior del TSJC admitió que en la nota de prensa oficial difundida el jueves, donde explicaba parte de las actuaciones, se cometió un error al informar de que fue el 28 de octubre cuando se remitió a la Fiscalía General del Estado un borrador del informe tras un trabajo previo del teniente fiscal en el que se planteaba el cierre del caso Grúas. Aunque en un primer momento no se dio cuenta, Garrido, advertido por el periodista, se percató de que ese día, el 28 de octubre, no podía haberse enviado comunicación alguna desde la Fiscalía del TSJC a Madrid. Era domingo.
Tras dudar durante unos segundos Garrido corrigió en antena y ofreció una nueva fecha: el 18 de octubre fue cuando se remitió desde el TSJC a la Fiscalía General la documentación. Y el 23 de octubre, según la nueva fecha ofrecida también por Garrido, se ordena desde la Fiscalía General del Estado que se paralicen todas las actuaciones sobre el caso Grúas. Si fue un día u otro no es un asunto menor. Primero, porque desde la sala de lo Penal del TSJC se estaba emplazando con urgencia al ministerio fiscal para que se pronunciara ya sobre la competencia y contenido del caso y, segundo, lo más importante, porque si es así se toma una decisión por parte del ministerio fiscal en función de una ley que aún está en debate parlamentario.
La conclusión a la que se llega es sencilla: La Fiscalía General del Estado dispone de un borrador de informe enviado desde Canarias favorable al archivo de la causa, pero, en cambio, se decide parar toda actuación a la espera de la aprobación de un Estatuto que aún no se había votado en el Senado -fue el 24 de noviembre- al amparo de una ley que aún no había entrado en vigor. Y de ahí el debate jurídico entre Garrido y Doreste sobre si se debe aplicar o no con carácter retroactivo la reforma del Estatuto cuando además el afectado -Fernando Clavijo- había exigido celeridad en las respuestas a su caso. La pregunta es ¿hubiera actuado igual la fiscalía si se hubiera planteado llamar como investigado a Clavijo?
En el trasfondo está lo que algunos fiscales y magistrados interpretan como un miedo escénico del ministerio fiscal a proponer el archivo de la causa días antes de aprobar el Estatuto de Autonomía de Canarias ante el coste social de que una decisión así se pudiera interpretar como un trato de favor al presidente del Gobierno canario. De ser así prevalecerían más otros criterios que los estrictamente jurídicos.
La gestión de tiempo en este asunto es también importante porque días después de que se redactaran las conclusiones sobre el caso Grúas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y una vez enviadas a Madrid, el ministerio fiscal tenía pendiente una respuesta a la sala de lo penal del TSJC. No solo Clavijo insistía en demandar una respuesta rápida. Los tres jueces que iban a decidir sobre si se le llamaba o no declarar y si el caso quedaba o no bajo su jurisdicción, o bajaba a La Laguna, también urgían a la Fiscalía a responder.
Pues bien, desde la Fiscalía General del Estado se optó por incumplir lo que desde la sala de lo Penal se demandaba -informar sobre si se archivaba el caso- y obviar las competencias que aún tenían los jueces del TSJC para dilucidar sobre este asunto. En noviembre es cuando desde la Fiscalía del TSJC se responde. La respuesta es que no hay respuesta sobre si Clavijo debe ser llamado a declarar como investigado. Se argumenta que por falta de tiempo, complejidad de los delitos a estudiar y la extensa documentación, más de 1.500 folios, no ha habido plazo suficiente para trasladar una opinión concluyente.
Sin embargo, el ministerio fiscal en Canarias ya disponía de un informe provisional -se defendía el cierre del caso- a la espera del visto bueno de la Fiscalía General del Estado. Dos semanas antes de que la Fiscalía en Canarias respondiera a los jueces de lo penal del TSJC que no se había podido concluir el informe ya se tenía el estudio acabado y remitido a Madrid, desde donde se maniobró para simultanear los plazos judiciales y las repercusiones políticas del caso.
Garrido aprovechó ayer también su entrevistas radiofónicas para desacreditar la información publicada por este periódico sobre el informe favorable al archivo del caso Grúas por parte del teniente fiscal del TSJC. "Incorrecta, errónea y falsa", la calificó. "LA PROVINCIA, que es un medio puntero en Canarias, con un prestigio, que siempre lo ha tenido, desliza en esa información una velada intención de que el fiscal del TSJC ha escamoteado, escondido y ocultado el informe de otro fiscal. Esas conclusiones no son ciertas y no se ajustan a la realidad. Son erróneas. Jamás he hecho otra cosa que cumplir con la ley".
El periódico en ningún caso atribuyó una actuación delictiva al proceder del fiscal superior del TSJC y se reafirma en la información facilitada el 15 de noviembre. El teniente fiscal, encargado de estudiar el caso Grúas, defendió el cierre del asunto al no apreciar indicios de delito en la gestión de Clavijo. Esta conclusión es la que se asumió desde la Fiscalía del TSJC y así se remitió a la fiscal general del Estado.
