Los funcionarios de la Administración de Justicia echaron ayer más leña en el asador al ambiente enrarecido y de descrédito que se vive en España. Miles de ellos respaldaron la primera huelga general del colectivo para reclamar a la ministra Dolores Delgado y al Senado que "frenen" la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al considerar que "atacan" sus derechos laborales. De los 50.000 convocados en todo el país, 2.582 estaban en las Islas llamados al paro convocado por las centrales sindicales CSIF, STAJ, CCOO y UGT .

Mientras aseguraron ayer el 80% de los trabajadores de todo el país secundaron la huelga, Justicia rebajó la cifra al 18%, según los datos obtenidos del recuento realizado por las gerencias territoriales y las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas con competencias transferidas y que, posteriormente, fueron remitidas al Ministerio. A tenor de esos datos, las comunidades más afectadas por esta huelga han sido La Rioja (41,80%), Madrid (40,59%) y Asturias (36,68%). Por el contrario, Galicia (1,47%), País Vasco (1,75%) y la ciudad autónoma de Ceuta (3,51%) son las regiones donde menos participación han registrado.

El respaldo a la huelga en Canarias fue del 23,16%, un total de 598, de entre letrados de la Administración de Justicia -los anteriormente denominados secretarios judiciales- , cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, médicos forenses y facultativos, técnicos especialistas y ayudantes de laboratorio.

La reforma, denuncian los sindicatos, permitirá a la administración determinar "a su antojo" cuál será, dentro del partido judicial, su puesto de trabajo en cada momento, y reducirá "drásticamente" los derechos de los trabajadores, tanto del funcionario de carrera como de personal interino.

Los funcionarios consideran que la reforma de la LOPJ -pactada entre PP, PSOE y Unidos Podemos y que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 30 de octubre- produce "un gravísimo ataque" a sus condiciones de trabajo y al servicio público.

Además, sostienen que también se prohibe el incremento de plantilla y asignación de medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo; y se limitan los nombramientos de personal interino y de refuerzo.