El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, debería mantener el aforamiento: Así se establece en un informe del Consejo de Estado con fecha de 15 de noviembre y encargado por el Consejo de Ministros el pasado septiembre para determinar cómo queda la figura del aforamiento ante una eventual reforma constitucional.
En el documento se establece en una disposición transitoria que no se deberán perder los aforamientos de forma retroactiva, sino que el juez o tribunal debe estar fijado en el momento en que se inicie el proceso,- que no juicio oral- lo que viene a decir que, de llevarse a cabo esta reforma, tendría que haber un cambio de criterio y el Tribunal Superior de Justicia de Canarisa (TSJC) mantener la competencia al extenderse el aforamiento del presidente del Gobierno canario en el denominado caso Grúas, después de que se publicara en el BOE el Estatuto de Autonomía de Canarias en el que se suprimen los aforamientos.
El Consejo de Estado es claro y dice que: "Al modificarse el régimen de aforamiento establecido en los artículos 71 y 102 de la Constitución, debería mantenerse la aplicación del régimen anterior en relación con los procesos que ya se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la Reforma. En cambio, el nuevo régimen de aforamiento se aplicaría a aquellos procesos que se iniciaran con posteridad a esa entrada en vigor (con independencia de la fecha de comisión de los hechos)", indica el informe.
La sala de Lo Penal del TSJC, con el voto contrario de su presidente, Antonio Doreste, se ha inhibido en la causa contra Clavijo al determinar que no es competente y lo ha remitidio al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. Clavijo ha anunciado acciones legales contra la Fiscalía del Estado ante las maniobras para hurtar un informe favorable al archivo del caso y demorar su dictamen hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonmía por el que perdía el aforamiento.
El nuevo dictamen del Consejo de Estado viene a enredar o dar luz aún más a este caso inédito en la jurisprudencia en el que entra en vigor una ley que elimina los aforamientos en medio de un proceso vinculado al presidente del Gobierno por unos hechos por los que aún no está investigado y que fueron denunciados por dos partidos políticos.
