Jueces y fiscales protagonizaron ayer una nueva jornada de huelga para reivindicar el fortalecimiento de la independencia del poder judicial y la mejora de sus condiciones laborales, con el fin de que repercuta en un servicio más ágil a la ciudadanía. Convocados por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales en toda España, 136 jueces y magistrados de la Comunidad Autónoma canaria comunicaron oficialmente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias su seguimiento de la jornada de paro, lo que supone un 50% de la plantilla. En comparación con la jornada de paro que llevaron a cabo el pasado 22 de mayo la participación fue un 24% menor, a pesar de que las asociaciones convocantes esperaban alcanzar el 80%.

Por provincias, la jornada de paro obligó a la suspensión de 175 actuaciones judiciales en Las Palmas y 68 en Santa Cruz de Tenerife. Un total de 63 jueces y magistrados de los 148 que componen la planta judicial de las islas orientales secundaron la huelga, lo que supuso el 42,5%; y en Santa Cruz de Tenerife, fueron a la huelga 73 de los 124 jueces y magistrados, es decir, el 58,8%.

Según las asociaciones convocantes, a nivel nacional, el 38,88% de los fiscales y el 60,90 % de los jueces secundaron el paro, por lo que afirman que "la huelga ha sido un éxito" y que el Ministerio de Justicia y el Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) "deberían buscar soluciones a las razonables peticiones".

Los dos colectivos de profesionales mostraron su decepción ante la imposibilidad de avanzar en las negociaciones sobre sus demandas con el nuevo equipo ministerial, encabezado por Dolores Delgado, quien respaldó la anterior jornada de huelga y conoce de primera mano las necesidades de los jueces y fiscales. Según explicó Óscar González, juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y miembro de Jueces por la Democracia, "estábamos ilusionados por el cambio de equipo en el Ministerio, pero no ha habido ningún avance y la desilusión ahora es mayor". Del mismo modo, González aseguró que esta no es una huelga contra un equipo de gobierno, "da igual el partido que esté en Moncloa, lo que necesitamos es que nos den una respuesta".

El comunicado que se leyó en todas las sedes judiciales de España durante la mañana de ayer recoge los motivos que han llevado a los jueces y fiscales a la huelga que, entre otros, son la lucha por la independencia judicial; el incremento de medios materiales para poder dar una respuesta ágil a los ciudadanos; la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija unos plazos máximos de instrucción y aboca las investigaciones a un callejón sin salida; la implantación de una carga de trabajo saludable, unas retribuciones dignas, así como derechos a permisos y licencias; el incremento del número de jueces y fiscales; así como la mejora de las condiciones laborales para los que acaban de acceder a la Carrera Judicial y Fiscal.

Además, los portavoces de las asociaciones de jueces y fiscales detallaron que Canarias es la comunidad autónoma con el mayor número de litigios del Estado, "superando los ratios razonables de carga de trabajo" y que todos los juzgados están por encima de la media. Por este motivo, consideran que es necesaria la creación de una estructura nueva y de nuevas plantas que den una repuesta adecuada a la ciudadanía".

La situación turbia en la que se encuentra el Poder Judicial debido a decisiones como la elección de la nueva cúpula a través de un acuerdo entre PSOE y PP, la sentencia del Tribunal Supremo de obligar a los clientes a continuar pagando el impuestos de las hipotecas o la influencia de la Fiscalía General del Estado en el caso Grúas para que no se resolviera antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias ha empujado a los profesionales del sector a exigir la independencia judicial.

Por este motivo, en el comunicado, afirmaron que "hoy, más que nunca, tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes". Y aseguraron que "un CGPJ elegido por las fuerzas políticas va a generar dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos". En este sentido, Miguel Pallarés, portavoz nacional de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, aseguró que el nombramiento del presidente del CGPJ es "como si hubiera salido el Gordo antes de empezar el sorteo de Navidad". Del mismo modo, el representante de la Asociación Foro Judicial Independiente, Víctor Caba Villarejo, manifestó su opinión de que "las cartas están marcadas" y que los dos grandes partidos políticos "no quieren cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo".

Todas estas "justas y legítimas reivindicaciones" fueron también apoyadas por los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, quienes no pueden sumarse a las medidas de presión colectiva por su posición como máximos representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma. Si bien, a través de un comunicado, mostraron su solidaridad con las asociaciones judiciales y fiscales "en su intento por mejorar la situación actual". En este sentido, expresaron que "las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia, y que los poderes Legislativo y Ejecutivo continúan sin corregir, han desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado de toda la Carrera Judicial y Fiscal".

Esta segunda jornada de huelga de jueces y fiscales en menos de seis meses, viene precedida en los últimos días por el paro de miles de funcionarios de la Administración de Justicia de todo el país para rechazar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y destruye empleo del personal interino. Por otro lado, el 45,86% de los letrados de la Administración de Justicia, según datos del Ministerio, secundaron el paro la pasada semana un parcial para reivindicar la adecuación salarial al incremento de sus funciones y responsabilidades atribuidas desde 2009.