La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, adelantó ayer tras la reunión de la junta de portavoces que ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para decidir si se admiten o no a trámite varias correcciones del Gobierno regional en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio. Darias explicó que hay indicios de que parte de las correcciones que ha trasladado el Ejecutivo autonómico pudieran alterar "sustancialmente" el contenido de la ley y, en última instancia, las partidas y su distribución.

Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC), PP y Agrupación Socialista Gomera (ASG) rechazaron las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos, de modo que la propuesta legislativa continúa su tramitación en la Cámara. Tras cerrarse el capítulo de las enmiendas, el Gobierno elevó al Parlamento una lista de correcciones del contenido del proyecto de ley presupuestario.

Aunque la corrección de textos legislativos no es algo extraño, sí lo es algo más en el caso de las leyes de presupuestos, hasta el punto de que la situación actual no se había dado desde 2001, según fuentes de la Cámara regional. Lo inusual es que las modificaciones y cambios remitidos por el Ejecutivo podrían suponer cambios sustanciales en un texto que ya ha sido votado por la Cámara, lo que en tal caso desvirtuaría el debate parlamentario previo. Esta es la razón por la que la presidenta de la primera institución de las Islas ha decidido solicitar un informe de los servicios jurídicos -el informe se conocerá previsiblemente este jueves- para determinar si definitivamente los cambios que pretende introducir el Gobierno alteran o no en profundidad el proyecto de ley y, en definitiva, si se aceptan a trámite los escritos del Gobierno.

Algunos de los cambios en solfa tienen que ver con los descuentos a familias numerosas y con la exención del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a la energía eléctrica. En este último caso parte de la discusión está en que lo que se planteó como exención en determinados casos es en realidad una bonificación hasta el 0%. El Gobierno está reestudiando también las modificaciones.