La investigación parlamentaria en el Congreso sobre el accidente de Spanair del 20 de agosto de 2008 en Barajas con destino a Gran Canaria, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas, muchas de ellas canarias, entra en su recta final con la duda aún sobre si habrá o no nuevas comparecencias tras casi siete meses de funcionamientos y 34 testimonios a los largo de una veintena de sesiones.
Aunque en teoría los grupos habían dado por cerrado este capítulo para centrarse ahora en el debate y la redacción sobre las conclusiones, que debe estar listo antes de que concluya el mes de febrero del 2019, la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 ha solicitado formalmente la presencia de seis nuevos comparecientes cuyos testimonios considera "vitales" para conocer elementos clave sobre las causas del accidente y otras circunstancias que afectan a los familiares de la víctimas y a los supervivientes.
Las personas integradas en esa lista ya formaban parte de la de 52 nombres que inicialmente había presentado la Asociación de Afectados en los inicios de la comisión de investigación parlamentaria, que preside la diputada de Podemos por Las Palmas Meri Pita, pero sobre la que los grupos parlamentarios no se habían puesto de acuerdo. La presidenta del colectivo de víctima y familiares, Pilar Vera, considera sin embargo que la investigación parlamentaria no puede cerrarse sin que sean interrogados por los diputados.
Entre las seis comparecencias en las que insiste esta asociación figuran Fernando Palao Taboada, que era el secretario general de Transportes del ministerio de Fomento en el momento en que se produjo el siniestro y que unos meses más tarde fue nombrado secretario de Estado de Transportes. Es, según Vera, "una de las personas que tiene la clave de la gestión de la tragedia, y que sin embargo se ha ido librando de dar explicaciones". Otras de las personas que, según Vera, debe ser interrogada por la comisión parlamentaria es Justo Sánchez Marín, que fue "el inspector que figura en los papeles como el firmante del certificado de aeronavegabilidad del avión" para que pudiese volar hasta el 22 de agosto prorrogando de forma no aclarada, según las asociación, la que había expirado en julio, unas semanas antes del accidente.
También se solicita la comparecencia de Antonio Huerta, el presidente de Mapfre, la compañía aseguradora de la línea aérea que operaba el vuelo y que corre por tanto con las indemnizaciones a víctimas y familiares y que la asociación considera totalmente insuficientes. En el escrito se justifica su presencia en la comisión "para explicar por qué no dedican la totalidad de la póliza de seguros contratada por Spanair a reparar el daño causado y por qué insisten en no aceptar las sentencias de la Audiencia Provincia de Madrid y siguen recurriendo en el Tribunal Supremo esas condenas, sometiendo a las familias a un desgaste injustificable".
La presencia del primer directivo de la aseguradora es una de las que más se debatió en el seno de la comisión de investigación en los inicios de su trabajo, descartándose al considerar que el asunto de las indemnizaciones no tenía que ver con el accidente en sí.
La lista se completa con otros tres nombres: Enrique Sanmartí, director general de Aviación Civil; Luis Rodríguez Caso, sargento de la Guardia Civil cuyo testimonio, según el colectivo de víctimas, "es muy revelador de lo que ocurrió en las comunicaciones internas y en el recinto aeroportuario después del siniestros"; y James Huspeth, piloto americano y jefe de MapJet, la compañía aérea propietaria del avión del incidente grave ocurrido en Lanzarote en 2007, "para que explique por qué vino a España y que identifique a la investigadora con la que se entrevistó en 2007". También se reclama la comparecencia, a petición del sindicato de pilotos Sepla, del piloto en activo Francisco Cruz, que fue asesor de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) en la investigación oficial del siniestro de Spanair.
La presidenta de la Comisión de Investigación, Meri Pita, ha traslado a los grupos la petición de la Asociación de Afectados y convocará a la mesa y los portavoces de la misma para decidir la próxima semana si se abre un turno de comparecencias complementarias. La mayoría de los grupos no tienen aún un criterio fijado sobre si llamar a nuevos comparecientes o no, aunque la idea de todos ellos es acordar de forma consensuada lo que vaya a hacerse, como ha sido la tónica general en todo el funcionamiento de la comisión. En todo caso, se da por seguro que, de abrirse un nuevo turno, se completaría antes de finalizar diciembre para poder tener listo el informe de conclusiones para mediados de febrero.
Entre los miembros de la comisión no se esconde el temor a que un posible adelanto electoral antes de esas fechas frustrara la presentación y aprobación de un informe de conclusiones, principal objetivo de este proceso de investigación de la catástrofe aérea más trágica en España después de la de Los Rodeos (Tenerife) en 1977.
