Dos sindicatos rechazan que los funcionarios interinos tengan que opositar

Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) han propuesto a los grupos del Parlamento la introducción de una enmienda en los presupuestos autonómicos de 2019 para que los empleados públicos no fijos que trabajan en la Administración autonómica de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2005 se mantengan en sus puestos de trabajo sin someterse a un proceso de concurso oposición. A juicio de ambas organizaciones, se pondrían en riesgo los puestos de trabajo de este personal y se abriría lapuerta a posibles indemnizaciones que debería pagar la comunidad autónoma ya que se trata de plantillas que llevan hasta más de quince años ejerciendo su labor sin estabilidad, algo achacable a la Administración.

Intersindical y Sepca son los sindicatos mayoritarios entre los empleados autonómicos y, por tanto, también en la mesa general de negociación con el Gobierno regional. El acuerdo alcanzado recientemente entre la Consejería de Presidencia y Justicia con UGT, CCOO y CSIF ha provocado un agrio enfrentamiento entre sindicatos, ya que IC y Sepca rechazan el acuerdo firmado en Madrid con el Gobierno central para estabilizar las plantillas públicas.

Las dos organizaciones que proponen esta enmienda a los presupuestos advierten que en la Administración autonómica se ha generado "una situación de precariedad laboral insostenible" que afecta al 36% de la plantilla, lo que incluye a docentes e integrantes del Servicio Canario de Salud. Ambas creen que someter a oposiciones a todas las plazas del personal no fijo supone una "amenaza" para la prestación de los servicios públicos y "poner en el disparadero" a trabajadores con experiencia acumulada.

Intersindical y Sepca aseguran que la enmienda que proponen a los grupos políticos cuenta con seguridad jurídica suficiente. Fuentes de los sindicatos afirman que tanto Podemos como la Agrupación Socialista Gomera (ASG) respaldan la presentación del texto, mientras que Coalición Canaria no la ve mal aunque tiene que estudiarla en el proceso de enmiendas parciales.

Las dos centrales tachan el acuerdo de Madrid de "expediente de regulación de empleo encubierto".