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Coalición y PP condicionan el aumento del gasto educativo en 2019 al superávit

Introducen una disposición en el presupuesto para que se aplique si lo autoriza el Estado hasta alcanzar el 4% del PIB

Coalición y PP condicionan el aumento  del gasto educativo en 2019 al superávit

Coalición y PP condicionan el aumento del gasto educativo en 2019 al superávit

La ley de presupuestos autonómicos de 2019 incluirá el compromiso de aumentar el gasto en Educación hasta el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma si el Gobierno central autoriza la utilización del superávit. Ayer se cerró el plazo para la presentación de enmiendas parciales y los grupos que respaldan las cuentas -CC, PP y ASG- incluyen una nueva disposición adicional en la que vincula la flexibilización de la regla de gasto al incremento del gasto público que demandan no sólo los partidos de la oposición, sino el sector educativo y la plataforma ciudadana del 5% para Educación. Este aumento ronda los 145 millones de euros.

Los números reflejan que, pese al incremento de los fondos de las cuentas públicas, la inversión en educación no llega al 4%. Recientemente el pleno del Parlamento aprobó una proposición no de ley por unanimidad en la que insta al Ejecutivo a elevar el gasto educativo en 2019 hasta el 4% del PIB. El proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno contiene una partida para Educación de 1.729 millones de euros que, teniendo en cuenta que el PIB nominal previsto por el propio Gobierno para 2019 será de 47.584 millones, sitúa la inversión en Educación en un 3,63%. Los grupos que apoyan al Ejecutivo incluyen ahora este objetivo pero lo siguen vinculando a que el Estado autorice la utilización del superávit, algo que todavía no se ha concretado.

El PSOE también ha incluido en sus enmiendas un apartado especial para que aumente el gasto educativo el próximo año con el fin de ir cumpliendo la Ley Canaria de Educación, que prevé alcanzar el 5% del PIB en 2022. Los socialistas reclaman que se realicen las modificaciones presupuestarias necesarias el próximo año para hacer realidad este objetivo.

Más gasto social

Los grupos políticos del Parlamento han presentado un total de 697 enmiendas financieras y al articulado. El PSOE ha sido el partido que más presenta, un total de 204, mientras que Podemos llegó a las 178 enmiendas y Nueva Canarias a las 162. Los tres grupos que respaldan las cuentas enmiendan la ley con 153 propuestas.

Los tres partidos de la oposición vuelcan una buena parte de sus enmiendas en incrementar el gasto social de la Comunidad Autónoma por encima, en algunos casos, de los 300 millones de euros. Es el caso del PSOE, que con sus más de 200 enmiendas pretenden mover 377 millones de euros. Entre sus propuestas figuran incrementar la prestación canaria de inserción (PCI) al IPC para que los perceptores no pierdan poder adquisitivo. Destaca también una enmienda encaminada a la creación de un cheque bebé para que las familias con rentas inferiores a 24.000 euros cobren 3.000 euros por el nacimiento de un hijo.

Los socialistas reclaman la creación de un fondo canario de ayudas de emergencia social que, con una aportación autonómica de 15 millones de euros, serían tramitadas a través de los ayuntamientos a los que, a su vez, se les da libertad para utilizar los recursos procedentes del Fondo Canario de Financiación Municipal.

Los socialistas vuelven a incluir en sus propuestas de modificación del presupuesto cuestiones de anteriores ejercicios como el incremento del gasto público en la educación infantil de 0 a 3 años, fondos autonómicos para complementar las pensiones no contributivas o un plan de choque para reducir la lista de espera en dependencia.

El principal objetivo de Podemos con sus enmiendas es destinar 223 millones de euros para la puesta en marcha de una renta social en las Islas para hacer frente a los problemas de pobreza y exclusión social del Archipiélago. La formación morada sitúa la renta social como un sistema más eficaz que la PCI. Asimismo, dota con 200.000 euros a la red de atención temprana o incrementa los fondos para que las universidades canarias inviertan más en investigación y desarrollo.

Una parte destacada de las enmiendas de Nueva Canarias se centran en revertir la rebaja de impuestos pactada entre CC y PP. La formación nacionalista mueve 215 millones de euros en sus propuestas para destinarlos básicamente al gasto social y a los servicios públicos. Una de las principales iniciativas de NC es destinar 45 millones de euros a un plan específico contra la pobreza, un caballo de batalla de la formación que también ha intentado impulsar en años anteriores.

Para la formación que preside Román Rodríguez, mientras se agranda la brecha y la desigualdad social, el Gobierno de Fernando Clavijo ha presentado una ley presupuestaria para 2019 en la que se detraen 149 millones de euros al gasto social en las Islas con rebajas fiscales que "no discriminan" a las rentas altas de aquellas otras con menor poder adquisitivo, por lo que revierten todas las reducciones fiscales de las cuentas.

En las enmiendas presentadas conjuntamente por CC, PP y ASG el principal cambio que se introduce es la variación en la partida destinada a la financiación de la Ley de Servicios Sociales dotada con 56,7 millones de euros para fragmentarla y destinarla a la PCI (cuatro millones), el plan concertado de servicios sociales (2,5 millones), las prestaciones del sistema de dependencia (13,3 millones), discapacidad (más de ocho millones), menores (3,8 millones) y otras cuestiones del ámbito de los servicios sociales y la sanidad.

Los partidos que apoyan el presupuesto aclaran en las enmiendas el tipo de interés para los consumidores de energía eléctrica, que pasan de la exención a un tipo 0% para el consumidor final, familias y empresas. También se establece la aplicabilidad del supuesto de exención del IGIC a los servicios que prestan las Sagep de cesión de trabajadores para la carga y descarga de los buques y se incrementan las cantidades destinadas a las familias numerosas.

Junto al superávit destinado a Educación, nacionalistas y populares vinculan la utilización de los remanentes de crédito de 2018 para invertirlos en vivienda para la ejecución del plan estatal 2018-2021 y para la lucha contra la pobreza, siempre y cuando no perjudiquen la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

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